Tres golpes son demasiados: más trabajadores y jóvenes en las colas del hambre

Las entidades sociales alertan de la situación. Cruz Roja prevé que atenderá a 400.000 personas más a lo largo de 2022 que antes de la pandemia, Cáritas se gastará un 10% más solo en ayudar a la misma gente que en 2021

La Gran Recesión (2008), la pandemia (2020-2021), la inflación (2022). Tres golpes. Demasiados para quienes vivían en situación vulnerable o cerca de ella. Las ONG alertan de un incremento en la demanda de ayudas. Cruz Roja prevé acabar el año con unas 400.000 personas más atendidas respecto a 2019. Cáritas estima que, sin tener en cuenta el aumento de peticiones, solo para apoyar a la misma cantidad de gente que el año pasado deberán emplear al menos un 10% más de recursos. Son especialmente vulnerables los hogares con niños. Un 40% de las personas con dificultades para afrontar gastos imprevistos en 2021 contaba con un empleo, explica el experto Luis Ayala. Y preocupan los jóvenes, por la subida que han experimentado sus peticiones de ayuda.

En España había el año pasado casi 10,3 millones de hogares en riesgo de pobreza. Es el último dato disponible, calculado con la renta de 2020. Esto quiere decir, para una persona que viva sola, unos ingresos de menos de 9.535 euros anuales. En 2021, un tercio de los ciudadanos tenía dificultades para afrontar gastos imprevistos. El 14% de la población presentaba dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

Tanto Cruz Roja como Cáritas explican que no existe un único perfil de demandante, pero ambos coinciden en la especial vulnerabilidad de los hogares con hijos, familias en mitad de la crianza (de 30 a 50 años), y de las personas que viven solas. Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja, destaca el caso de las familias monoparentales y las divorciadas en las que un solo progenitor cuida de los niños. También resalta que entre enero de 2020 y mayo de 2021 han casi duplicado los usuarios de entre 16 y 30 años, al pasar de cerca de 100.000 a casi 200.000, una tendencia que “se mantiene” actualmente. “Esta crisis [con los precios] afecta especialmente a los jóvenes, nos preocupa porque deberían estar en edad de emanciparse o poder tener trabajos estables”.

En medio de este panorama, la inflación ha recrudecido las imágenes de las colas del hambre y ha elevado la petición de ayudas a las administraciones. El catedrático de Economía de la UNED Luis Ayala puntualiza que “la escalada de precios no es estrictamente una nueva crisis, pero es una restricción adicional”. “Muchos hogares se recuperaron malamente de la crisis de 2008. Cuando habían conseguido recuperar sus empleos, aunque bastante precarios, vino la pandemia y ahora que empezaban a levantar cabeza se encuentran con el encarecimiento de los bienes de consumo más básicos”, apunta. “Hay dos problemas estructurales”, dice, un sector de la población muy vulnerable, que lleva años en esa situación, y el “alto porcentaje de gente que vive con trabajos inestables y roza el umbral de la pobreza”.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cita datos recogidos en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado de este año para explicar la demanda en servicios sociales: “De una estimación de 10,5 millones de usuarios en 2020 se pasa a 13,7 en 2022″. Se incluye tanto a quienes buscan información como ayuda a domicilio, es decir, ni mucho menos recoge solo a quienes tienen dificultades y necesitan de una ayuda para subsistir, pero da idea de la magnitud de la demanda a la que se enfrentan estos servicios. “No dan abasto y no lo darán mientras los procedimientos burocráticos que se les exijan sean tan complicados”, añade. “En muchos ayuntamientos las ayudas de emergencia para comer o vestirse pueden tardar hasta dos meses porque se tramitan como subvenciones, hace falta cambiar la ley. Cada vez que una Administración pública deriva a una persona que necesita los mínimos de subsistencia a una ONG es el fracaso palmario de los gobernantes de esa institución”.

Quienes se acercan a Cáritas llegan “con necesidades muy inminentes, relacionadas con la vivienda, los suministros, como luz, gas y agua, y apoyo económico”, indica Raúl Flores, coordinador de Estudios de la entidad. “Más de la mitad de las familias que vienen están trabajando”, afirma el también secretario técnico de Foessa, la fundación que se encarga de la investigación social de la organización, que asegura que “el fenómeno no es nuevo, pero que se está incrementando y acentuando desde la Gran Recesión”. Aún no han contabilizado el aumento de atendidos, pero apuntan que el “incremento no es generalizado”. “En las grandes ciudades, donde la presión por la vivienda es más intensa, se está notando. La vivienda sigue siendo ese pozo sin fondo que se va tragando todos los ingresos de las familias”.

En momentos de dificultad, el primer gasto va para el alquiler o la hipoteca. Para poder pagarla, se quita del resto. Desde gastos relacionados con la educación de los hijos hasta alimentación, en los casos más extremos. En Cruz Roja aseguran que este año acabará por debajo de los 2,2 millones de personas atendidas en 2020, a quienes se dieron alimentos, productos de higiene, juguetes, ropa… Pero creen que llegarán a los 1,5 millones. “En 2019 dábamos alimentos a 810.000 ciudadanos, y en 2022 estimamos que serán 990.000″, sostiene el coordinador general de la entidad.

Las competencias respecto a protección social recaen en las comunidades autónomas. El Gobierno tiene la labor de coordinación y los ayuntamientos se encargan de los servicios sociales de base. Es decir, que hay diversidad en función del municipio del que se trate. Pero hay medidas de alcance nacional. El Ejecutivo instauró hace dos años el ingreso mínimo vital (IMV), que garantiza una mínima prestación en todo el país para quienes no tienen recursos y que, según anunció en junio el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha llegado a “casi medio millón de hogares y a casi 1,2 millones de personas”.

Para paliar las dificultades asociadas a la subida de precios, el Ejecutivo también ha aprobado dos paquetes de medidas extraordinarias. Entre ellas, el aumento del 15% en las cuantías del IMV, una reducción en los abonos de transporte o una ayuda directa de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros (y que no perciban el IMV). Se extienden hasta el 31 de diciembre.

Ayala considera que las medidas son “positivas, aunque de limitado alcance”. En su opinión, no dan respuesta a “las necesidades estructurales de amplias capas de la población”. Coincide con él Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN), que aglutina a 8.000 ONG. “El ingreso mínimo vital tiene un problema de extensión e intensidad [número de beneficiarios y gente que lo percibe], además de uno crónico de burocratización”, apunta. Flores, de Cáritas, alerta también de la necesidad de vivienda pública: “Tenemos cifras inferiores al 2%. Podemos tomar medidas temporales, pero lo que necesitamos es resolver los problemas estructurales”.

En definitiva, ampliar la red de protección. La que tienen mejor desarrollada en otros países de nuestro entorno. “El sistema de protección social alemán, sueco, holandés o danés es mucho más potente que el que tenemos aquí. En España empezamos a construirlo en los ochenta y nos llegaron crisis cuando aún no estaba consolidado. Hace que nuestra situación sea mucho más vulnerable y peor”, dice Susías, de EAPN. “Las colas del hambre de las que se habla son un tipo de ayuda muy visible, pero hay que tener cuidado con la dignidad de las personas, la exposición pública me parece una sobreestigmatización. Tendríamos que trabajar mucho mejor”, añade.

“Una vez más ha llegado una crisis sin estar preparados”, sostiene Flores, de Cáritas. Y concluye: “Tenemos un problema de pobreza y desigualdad que hay que solucionar, con medidas preventivas. Cuando pase la actual crisis, la realidad de muchas familias seguirá siendo de pobreza, desigualdad y sufrimiento”.

A CORUÑA

Angustia en una pequeña ONG: las colas crecen y las donaciones menguan

Sonia Vizoso

Seis años antes de que imponer una cesta básica de la compra con tope de precio fuera objeto de sesudo debate en los despachos ministeriales, en el barrio Sagrada Familia de A Coruña una pareja de inmigrantes se arremangó para ponerla en práctica. El matrimonio formado por el portugués Pablo Alves y la boliviana Janette Inochea creó en 2016 la ONG Fonte de Vida, que reparte a diario por dos euros una bolsa de pan, verdura, fruta y otros productos frescos. Las colas que se forman a las puertas de su local se alargaron tremendamente tras el confinamiento y volvieron a crecer a principios de este año a la par que la inflación. Eso sí, con una diferencia que angustia a Alves e Inochea: la crisis de ahora ha hecho caer las donaciones de empresas que sustentan el proyecto.

En medio de este agobio, a Alves le dio un ictus hace mes y medio. Su pareja está convencida de que el detonante ha sido “la preocupación, el estrés de que cada vez nos den menos”. Inochea explica que atienden a una media diaria de 100 personas. Pero si un día la cesta incluye algún producto poco habitual como el pollo, al siguiente la hilera se alarga hasta los 150 miembros. Comer productos frescos es un sueño para la población empobrecida. Voluntarios de la ONG recogen las donaciones a primera hora de la mañana en el mercado central de A Coruña, en el Banco de Alimentos, empresas locales y supermercados, pero desde hace varias semanas algunas aportaciones importantes han ido desapareciendo. La carne o las patatas, por ejemplo. “La gente nos da ánimos para que no nos cansemos de ir a pedir, porque saben que es muy duro”, explica la responsable de la asociación. “Pero por favor, que se le ablande el corazón a las administraciones y empresas y que nos echen una mano para atender a todos los que vienen”.

En la fila abundan emigrantes gallegos retornados e inmigrantes recién llegados de países con más apuros; mayores a los que la pensión ya no llega para comer, y asalariados a los que el pago de casa y luz deja la cuenta casi a cero. La primera vez en su vida que Merce se puso en una cola de alimentos con su carro fue hace cuatro meses. Esta tinerfeña de 52 años se ha quedado sin ingresos de repente tras fallecer el anciano que cuidaba y el sueldo de su marido no llega. Ahora se ve “haciendo maravillas” para aprovechar al máximo los productos que le da esta ONG: elabora mermeladas, pela y congela la fruta… “En mi casa no se tira nada; gracias a ellos al menos comemos fresco”, afirma.

La ONG Fonte de Vida agota cada día todas las donaciones. A las personas atendidas solo se les pide un certificado de empadronamiento y la asociación aduce que lo hace así porque algunas entidades que les entregan alimentos les piden que justifiquen de alguna forma el número de beneficiarios. Sus voluntarios se asoman cada cierto tiempo a echar un ojo a la longitud de la cola para calcular el tamaño que deben tener las cestas y evitar que alguien se vaya de vacío. Los integrantes de la fila se autoorganizan abriendo huecos para dejar entrar y salir de los portales; no quieren que “los vecinos se quejen y cierren la ONG”. Según explica Inochea, el dinero recaudado se destina a pagar el alquiler de sus dos locales (el punto de reparto y un almacén) y al mantenimiento de la furgoneta. Este miércoles han recibido una visita de la mala suerte: al voluntario que conduce el vehículo, donado por una empresa de frutas, le han robado las llaves en un despiste. “Necesitamos ayuda”, repite Inochea.

MADRID

La cola del hambre que no se ve: aplicaciones, códigos QR, tarjetas monedero…

Merche Negro / Fernando Peinado

Durante mucho tiempo en España, las imágenes de colas del hambre frente a una despensa o comedor solidario han sacudido las conciencias, pero en esta nueva crisis generada por la inflación va a ser más difícil ver buena parte de la ayuda. Los bonos digitales y las tarjetas monedero están sustituyendo a las entregas de comida en especie, porque ONG y ayuntamientos creen que así no estigmatizan a los beneficiarios y les dan libertad para hacer su propia cesta de la compra. La nueva opción es recibida por familias como la de Celia Poma, una madre soltera en Madrid que va al mercado con la app Encantado de Comerte donde mensualmente recibe un bono de 40 euros. Poma, de 51 años, solía ir a despensas solidarias de su barrio, Vallecas, donde era fácil recibir galletas y garbanzos, pero más complicado conseguir carne o verduras-. En abril descubrió esta alternativa. Ella desliza su dedo por la pantalla de la app para descubrir los comercios adheridos y usar así su bono mensual donde prefiere.

“Puedo escoger lo que mi hijo y yo necesitamos y así no echamos a perder comida”, dice Poma. El dinero procede de donaciones privadas hechas a la ONG A+ Familias, que se alió con esa aplicación para tener una tecnología que evitase el inconveniente de la ayuda directa con productos. “Elegimos este método pionero porque es más digno”, dice Javier Dias, el director fundador de A+ Familias.

Esta nueva modalidad convive con las despensas de siempre, que no dan abasto: a la vuelta del verano las iglesias y asociaciones vecinales se han visto desbordadas por la demanda de alimentos. Pero algunas entidades veteranas han abandonado la entrega en especie. Cáritas Española, la organización católica que es referencia en la lucha contra la exclusión, renunció a ellas en 2019. En palabras de María Martínez, responsable por el derecho a la alimentación de la entidad, “no nos parecía un formato digno”. Quien comenzó a desarrollar este nuevo sistema fue Cáritas Barcelona en 2012, con una tarjeta monedero que seguía los pasos de un proyecto introducido por la organización en Milán, ya en 2009. Hoy utilizan la ayuda digital en todas sus delegaciones. En Madrid y Córdoba prueban este año un sistema de códigos QR, un método sostenible que reduce la producción de plástico. Durante la pandemia, Cruz Roja ha multiplicado por tres la entrega de tarjetas monedero, una novedad que ha presentado como una manera de “mejorar y modernizar” la ayuda.

Las tarjetas monedero son cada vez más comunes en los servicios sociales de los ayuntamientos españoles. Es muy conocida la Tarjeta Familias de la capital, Madrid, que arrancó en 2020, pero otros municipios le llevan delantera: Terrasa, en la provincia de Barcelona, la usa desde 2017, por ejemplo. Durante la pandemia de la covid la incorporaron otras localidades como Guadalajara, Huelva, Móstoles en la región madrileña, entre otras muchas.

Expertos consultados dan la bienvenida a este nuevo modelo. Reconocen sus beneficios, pero también ven inconvenientes. Las despensas fomentan la solidaridad de los vecinos y la percepción de problema colectivo, mientras que la ayuda digital invisibiliza el hambre. “Ya no se organizan las grandes filas en torno a los servicios sociales o las colas del hambre que veíamos durante la pandemia”, dice Marta Domínguez, profesora de sociología urbana en la Universidad Complutense de Madrid, e investigadora sobre vulnerabilidad. Advierte de que con las herramientas digitales de ayuda “se favorece la gestión más individualizada, con lo cual desaparece la dimensión social. Desaparece el colectivo como tal”.

SEVILLA

“El embutido lo compramos más pequeño”

Eva Saiz

En la trastienda del economato del comedor social Nuestra Señora del Rosario, en el sevillano barrio de Triana, los voluntarios terminan de etiquetar todos los productos que han subido de precio esta semana. “Son solo 13, la pasada tuvimos que cambiar 30″, constata Paco Ramírez, responsable de este supermercado solidario junto con su mujer Ana Márquez. Allí atienden a unas 800 familias derivadas desde otras ONG y asociaciones asistenciales que les proporcionan una cantidad de dinero determinada en función de sus necesidades para que puedan hacer sus compras. “El 25% lo pagan ellos y del 75% del precio del producto se encargan las organizaciones”, indica Ramírez.

En los lineales del economato, en uno de los bajos del convento, está dispuesto en un escrupuloso orden el mismo tipo de género que en cualquier otro supermercado y las marcas son similares, pero el precio es notablemente inferior. Las latas de conserva cuestan 0,27 euros y un litro de aceite de oliva 1,11. “Las familias se están quejando últimamente porque los productos suben y a ellos las entidades no les incrementan la aportación que les incluyen en su tarjeta monedero o en el medio de pago que les ofrecen”, explica Ramírez, quien señala que muchas de las ONG le están llamando para interesarse sobre cuánto tienen que incrementarla.

Ramírez y Márquez se ocupan del economato desde 2011 y lo hacen de manera altruista. Ellos también tienen que hacer números para que el presupuesto del que disponen les cunda y el tira y afloja con los proveedores es constante. “He dejado de encargar ya algunos productos de limpieza… el embutido lo compro más pequeño y hemos cambiado la marca de los yogures por otra más barata”, señala Márquez. “Los proveedores no nos tratan mejor por ser un economato social”, apostilla su marido.

El supermercado abre semanalmente los miércoles y los jueves, cada familia tiene asignado un día determinado para ir y suele hacer la compra para un mes. “La media que pueden gastar es de 20 euros”, señala Ramírez. También tienen los productos tasados. “No se pueden llevar más de dos botellas de aceite, por ejemplo, para evitar que luego lo revendan”, añade. Los alimentos frescos que no se encuentran en sus estanterías los suple el banco de alimentos y otros supermercados y a todos se les reparte una bolsa con fruta y verdura de manera gratuita cuando pasan por caja.

VALENCIA

Ana, viuda de 70 años: “Desde la Guerra de Ucrania todo ha ido de mal en peor”

Ferran Bono

Ana, viuda de 70 años, vive de una pensión no contributiva de 385 euros al mes. La Generalitat valenciana la completa con un plus, una ayuda de 70 euros, pero no le salen las cuentas de ninguna manera. Sobre todo, desde que hace unos meses comenzaron a subir los precios de todo, los alimentos, la luz, la ropa. “Desde que estalló la guerra de Ucrania todo ha ido de mal en peor, un desastre total. Antes, la cesta de la compra con 20 euros me duraba unos días solo para mí, claro. Ahora, es imposible. Imagínese para una familia”, explica esta mujer que hace unas semanas entró en contacto con Cáritas de Valencia en busca de ayuda.

“Muchos días no tengo para comer. Hoy, por ejemplo, mi compañero de piso me da de su comida. Como lo que él ha preparado. Es una bellísima persona. Otro día, cuando yo tenga, haré la comida y ya le daré yo”, comenta Ana. Tras convivir con dos amigas, ahora comparte un piso gracias a la ayuda de la asociación Hogares Compartidos, nacida en 2013 para dar estabilidad a personas pensionistas con escasos recursos económicos, tras la gran crisis financiera de 2008.

Precisamente, la vida personal de Ana dio un giro dramático un año antes y la profesional entró en barrena a partir de la crisis. “Entonces empezó mi declive”, cuenta esta antigua trabajadora de una promotora inmobiliaria que se expresa con gran claridad y determinación. Su pareja murió de cáncer y al poco estalló la burbuja inmobiliaria que se llevó por delante la empresa familiar en la que trabajaba. “Tras divorciarme de mi marido con el que me casé en primeras nupcias, conocí a un señor en 1990 y viví muy bien, con holgura, pero falleció”, explica. “Y ya todo fue a peor”.

María Sosa Troya