El nuevo impuesto a los ricos será deducible con el de Patrimonio

El Gobierno prepara el diseño del nuevo impuesto a las grandes fortunas que entrará en vigor en 2023. Este gravamen se encuentra todavía en una fase preliminar de definición, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró la semana pasada que lleva semanas trabajando en él. La idea es que esta figura temporal pueda recaudar cerca de 1.500 millones de euros y que sea deducible con el Impuesto del Patrimonio, según fuentes conocedoras de las discusiones.

En consecuencia, el grueso de los ingresos procederían de las autonomías que han dejado exento todo o una parte de ese impuesto: hasta ahora Madrid, Andalucía y Galicia. Y fundamentalmente la mayor parte de lo recaudado llegará de Madrid, donde la bonificación del impuesto que paga la comunidad, y, por lo tanto, lo que se dejó de recaudar, asciende a unos 1.000 millones, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de 2020.

Al tratarse de un año marcado por la pandemia, la estimación es que la cifra que se puede conseguir sea algo mayor. En Galicia y Andalucía los ingresos por patrimonio apenas llegan a los 66 y 93 millones, respectivamente. Si Murcia finalmente también lo suprime, serían otros 27 millones.

El objetivo es conseguir que la riqueza contribuya más. Y esta se encuentra especialmente concentrada en la Comunidad de Madrid. Los datos señalan que en la capital hay muchos más patrimonios altos que en el resto de territorios, según la estadística del Impuesto sobre el Patrimonio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya señaló que sería bueno evitar la existencia de paraísos fiscales dentro del país.

Sin embargo, mientras que en Cataluña hay 221.000 millones declarados, en Madrid son solo 201.000 millones, lo que significa que hay un patrimonio menor reconocido en la capital española. Esto ocurre porque en la comunidad madrileña, al no ingresar este tributo, no se persigue a los contribuyentes para que lo reporten, a pesar de que existe la obligación de declararlo a partir de dos millones de euros. Lo que implica que se podría estar dejando fuera a una porción significativa. Esta circunstancia supondrá un reto añadido en el diseño del nuevo impuesto.

El tributo a las grandes fortunas que prepara el Gobierno de coalición se podría deducir con el Impuesto del Patrimonio, según fuentes conocedoras. Tendría un mecanismo de ajuste como el que ya existe entre el IRPF y el Impuesto del Patrimonio. Es decir, en la práctica lo pagarían sobre todo aquellos que ahora no lo están abonando.

El Ejecutivo, además, pretende completar el nuevo tributo sobre las grandes fortunas con un recargo en la base del ahorro del IRPF, una iniciativa que ya estaba en el acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos. En concreto, se subiría el tipo que se aplica a los rendimientos del capital generados por cuentas corrientes, dividendos, bonos, fondos, seguros o incrementos del patrimonio en la transmisión de inmuebles y acciones. En los Presupuestos Generales de 2021 ya se subió el tipo del 23% al 26% para estas rentas superiores a los 200.000 euros. La medida supuso un aumento de la recaudación de 323 millones. Y el compromiso firmado preveía elevarlo hasta el 27% para aquellas rentas por encima de los 140.000 euros.

El Impuesto del Patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades, que tienen libertad para legislar. Grava la tenencia de activos —inmuebles, acciones, depósitos, etcétera— por encima de los 700.000 euros, excluidos los primeros 300.000 euros de vivienda habitual. Madrid fue la primera en bonificarlo al 100%. Aunque los madrileños no tienen que pagarlo, sí tienen la obligación de declarar sus bienes. La información que el fisco obtiene es muy útil a efectos del control tributario.

Vía de escape

El patrimonio total declarado en España asciende a los 768.000 millones, según cifras de 2020 de Hacienda. De esta cantidad, el 43% está exento: 329.000 millones. En gran medida esta riqueza queda fuera de la tributación, porque son empresas familiares. También hay patrimonio histórico y natural que no se grava.

Cuando se creó el Impuesto del Patrimonio, a finales de los años setenta, se estableció un escudo fiscal para que las empresas españolas y la actividad económica no estuvieran afectadas por este tributo y que no hubiese una desventaja respecto a otros países que no lo tienen. En la actualidad, además de España, solo lo tiene Noruega y Suiza, y esta última lo aplica a cambio de no gravar las plusvalías. Otros países tienen fórmulas en el IRPF para lograr una mayor tributación de la riqueza, o una imposición superior al traspasarla en sucesiones y donaciones.

“La exención de la empresa familiar asciende a más de 276.000 millones y es, junto a la bonificación de Madrid, la principal responsable de que el tipo efectivo del Impuesto de Patrimonio esté en el 0,16% a pesar de que el tipo nominal puede llegar a alcanzar el 4,5%”, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos?. Añade que lo habitual es tener una sociedad a través de la cual se instrumenta la participación en una cotizada.

Aunque cada vez sea más difícil hacerlo, una forma tradicional de eludir el pago de impuestos era disfrutar de bienes (por ejemplo, yates) asignándolos a empresas familiares. Pero la mayor implicación de que el patrimonio empresarial esté exento es que una parte sustancial está en compañías, incluidas las del Ibex, y no tributa por ello mientras no genere dividendos.

El reto de evitar la doble imposición

Una de las dificultades a la que se enfrentan los responsables políticos para diseñar este nuevo impuesto sobre las grandes fortunas es la definición del hecho imponible. Es decir, qué se grava. Precisamente, la viabilidad jurídica del nuevo impuesto es uno de los mayores desafíos. En principio, al recoger un ajuste con patrimonio podría evitarse la doble imposición. Otro problema distinto es que las comunidades puedan considerarlo una invasión de competencias y recurrirlo ante la justicia. Ya hubo un problema similar cuando el PP instauró un impuesto a los depósitos de los bancos con tipo cero para evitar que comunidades como Extremadura o Andalucía los gravaran. El Constitucional dictaminó entonces, con cinco votos en contra de miembros del tribunal de garantías, que el Estado podía legislar para asegurar un tratamiento fiscal armonizado.

Hacer pagar por la riqueza constituye un enorme reto en todos los países debido a la elevada movilidad de sus bases y a que ya pagan por otras figuras como en sociedades o al generar dividendos en el IRPF como rentas del ahorro. En realidad, en España el mayor impuesto al patrimonio es el IBI (Impuesto a los Bienes Inmuebles), que ingresa unos 14.000 millones, casi 14 veces más que los 1.300 millones que recauda el Impuesto del Patrimonio. En España también existen otros impuestos que gravan la riqueza, como el de sucesiones y donaciones, o el de transmisiones patrimoniales. Ambos son tributos en manos de las autonomías, que han legislado a la baja con independencia del color político. El impuesto municipal de plusvalía no deja de ser otro tributo que grava la tenencia de bienes inmuebles.