Estos son los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas dependiendo de tu comunidad y tu familia

Un estudio de Cáritas señala que seis millones de hogares en España no ingresan lo suficiente para costear vivienda, energía, educación y alimentos. Una de ellas es la de Paz: “Cobro 550 euros de pensión y pago 450 de alquiler”

Paz (54 años, Granada) se encuentra en una situación económica “terrible”, dice apenada a este periódico. “Para mí no es complicado llegar a fin de mes, es imposible. Cobro 550 euros de pensión de viudedad y el alquiler me cuesta 450. Con la luz y el agua ya me quedo sin dinero”, explica. Trabajó durante años como limpiadora y cuidando a personas mayores, pero ahora tiene “los huesos machacados”, así que no puede hacer esos movimientos. La inflación ha empeorado su día a día: “Antes también tenía la pensión de mi madre, pero falleció. Todo ha subido tanto que no como fruta ni verdura. Es que ya me cuesta pagar hasta el pollo. Voy a casa de mi hermana a por leche o a la de mi hermano a por patatas”. También recibe alimentos en la parroquia de San Agustín de Granada, a la que está “agradecidísima”. Forma parte de la red de Cáritas, que el jueves presentó un informe que radiografía la severidad de la pobreza en España. Una de sus principales conclusiones es que el 31,5% de las familias tienen ingresos “muy por debajo” de los que necesitarían para vivir en condiciones de vida dignas. Además, elabora una categorización de los ingresos necesarios, dependiendo de la comunidad autónoma y las características de la familia, para cubrir las necesidades básicas.

“El futuro me da mucho miedo”, finaliza Paz. A ese temor hizo referencia en rueda de prensa Thomas Ulbrich, miembro del equipo técnico de la Fundación Foessa (asociada a Cáritas), que firma el estudio: “Hay mucho miedo a gastar por la incertidumbre del mañana”.

Lo más novedoso del análisis El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo es que propone una metodología alternativa para cuantificar la vulnerabilidad. En vez de medirla mediante los parámetros clásicos, a través de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE, en un 25,3% según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, de 2019) y la tasa de riesgo de pobreza relativa (un 20,7%), propone el Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD), ya en uso en algunos países sudamericanos y europeos. “Los indicadores tradicionales no permiten definir con precisión a partir de qué nivel de ingresos podemos considerar que las personas no tienen los recursos necesarios para lograr un estilo de vida adecuado”, indica el informe. El PRCVD, comentó Ulbrich, sí responde a esta pregunta, cruzando ocho variables: alimentación, vestido y calzado, vivienda, transporte, educación, salud, ocio y cultura y relaciones y vida social. Esta medición advierte un mayor volumen de vulnerabilidad (casi un tercio de las familias) que los indicadores oficiales.

Según los cálculos de la asociación católica, una pareja con dos hijos menores necesita al menos 2.208 euros al mes si paga alquiler o vive hipotecada. Este dato es la media nacional, pero hay mucha diferencia entre comunidades. “El precio del alquiler influye muchísimo en la capacidad para llegar a fin de mes. Es más difícil en las comunidades con precios más altos”, explicó Ulbrich. Tomando como referencia los hogares unipersonales, la Comunidad de Madrid y Euskadi son los territorios que exigen más ganancias para vivir dignamente sin una vivienda en propiedad: 1.258 euros. Extremadura está en el otro lado de la balanza, con 972 euros. Las diferencias entre territorios se diluyen si no hay que gastar en vivienda. “En ese caso son menos perceptibles”, añadió Ulbrich.

Con estos parámetros, Cáritas calcula que seis millones de familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta estimación está basada en un trabajo de campo desarrollado entre finales de 2020 y principios de 2021, así que no recoge el impacto de la inflación y la cifra podría ser aún mayor en la actualidad. “Ahora que parece que las economías se recuperaban de la pandemia, vemos que llega una nueva crisis de tipo inflacionario que está trayendo precariedad para muchas familias. Todos nos vemos afectados, pero vemos que tiene consecuencias más graves para los más vulnerables”, comenta Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas. Más allá de la población pobre, el estudio señala que un 23,7% de las familias (unos cuatro millones de hogares) cobra lo justo para cubrir sus necesidades básicas y un 44,8% (ocho millones de familias) las afronta sin problemas.

La percepción de las familias es más pesimista: casi un 50% asegura que asume los gastos mensuales con dificultad. En el peor escenario, de mucha dificultad, dice encontrarse el 15% del total de encuestados (2.500 personas). “Los precios están por encima de un nivel óptimo. La población está sometida a dedicar cada vez más recursos para atender sus necesidades vitales”, añadió Peiró. La inflación marcó en octubre el 7,3%. Y esta crisis alcanza a las familias después de una crisis sanitaria que ha golpeado severamente a muchas familias. Por ello, el 36,4% de los entrevistados declara que su situación económica es peor ahora que antes de la pandemia.

Para afrontar este panorama, las renuncias más comunes de las familias vulnerables se dan en alimentación, ropa y calzado (75,9%), la contracción del ahorro (73,6%) y los suministros de la vivienda (73,5%). “Antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban 61 euros de cada 100 a vivienda, alimentación y transportes, al terminar el año estarán dedicando 80″, dijo Peiró.

Las familias con graves dificultades para satisfacer sus necesidades básicas se encuentran especialmente, según el análisis de Cáritas, entre los hogares que viven en alquiler, con presencia de niños en el hogar, personas con discapacidad o situación de dependencia, la existencia de deudas, la ausencia de ingresos estables y el desempleo de alguno o todos los miembros activos del hogar. “Es crucial, además, considerar la brecha de género y el conjunto de dificultades añadidas que soportan los hogares encabezados por una sola persona adulta y con la responsabilidad exclusiva de los niños y niñas. Además de darse mayores dificultades cuando se dan algunas de estas circunstancias concretas, si se combinan algunas de ellas, aumenta aún más la intensidad de las dificultades”, añade el estudio.

Soluciones

Ante esta situación, Cáritas reclama varias medidas a los poderes públicos:

• “Un sistema de garantía de ingresos mínimos desde los criterios de suficiencia para garantizar un nivel adecuado de modo que la alimentación, el vestido y otros elementos básicos tengan una cobertura asegurada, en condiciones de dignidad y de libertad de elección. Este sistema debe reunir las condiciones mínimas de cobertura alcanzando a toda la población en situación de pobreza extrema sin excepciones, de accesibilidad y de no condicionalidad”. Es este sentido, Peiró ha reclamado que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más familias (actualmente alcanza a medio millón de hogares).
• “Garantizar un parque suficiente de vivienda social en alquiler y de viviendas de emergencia”.
• “Garantizar el acceso a la vivienda como parte de las necesidades básicas y, por tanto, condición para un nivel de vida adecuado”.
• “Garantizar la gratuidad real de la educación obligatoria en todos sus elementos (material, comedor, actividades extraescolares…) y la existencia de becas suficientes para la educación no obligatoria de modo que nadie quede discriminado por insuficiencia de rentas, incluyendo además a los jóvenes migrantes en situación irregular”.
• “Considerar la relevancia del derecho al agua y la energía y el acceso a Internet como un elemento imprescindible para la igualdad de oportunidades.
• “Asegurar los tratamientos médicos necesarios, los accesorios sociosanitarios y los cuidados imprescindibles que garanticen el derecho a la salud física y mental”.
• “Reforzar las inspecciones que eviten la explotación laboral de personas aprovechando su situación de precariedad y vulnerabilidad”.
• “Proteger a las personas y familias que, por su origen migrante, su situación de dependencia o discapacidad, su composición familiar, su género, o cualquier otra cuestión, están en una situación de desventaja”.

Emilio Sánchez Hidalgo