El gobierno municipal de ATARFE saca adelante las compensaciones en el IBI

Los cambios en el tasa del IBI que introduce el gobierno local para aliviar la carga impositiva a la que tienen que hacer frente los ciudadanos desde que el Ministerio de Hacienda actualizó al alza los valores catastrales se debatieron inicialmente en el pleno celebrado el 16 de noviembre y, tras el periodo de alegaciones, se aprobaron definitivamente el último miércoles del año con el voto a favor de Por Atarfe Sí (PASI), la abstención de PP y Ciudadanos, y el voto en contra de Ganemos. Los cinco concejales del PSOE no acudieron al pleno extraordinario ni justificaron su ausencia. Sí lo hizo Silvia Lara, de Ganemos, que por motivos laborales no pudo estar presente.

Las dos alegaciones que presentaron Ganemos y Covirán fueron rechazadas con el voto en contra de PASI y la abstención de PP y Ciudadanos. El edil de Ganemos, Antonio Lucena, también puso reparos a la presentada por la cooperativa granadina con sede en Atarfe. El rechazo de ambas alegaciones se sustentó en el informe técnico elaborado desde el área Económica del Ayuntamiento.

Ganemos proponía que se modificase el tipo de gravamen que se aplica sobre la base imponible del IBI, pasando del 0,73% al 0,68%; una rebaja que se llevó a pleno en noviembre de 2011 pero que no fue autorizada por el Ministerio de Hacienda. El informe técnico del Ayuntamiento advierte de que la alegación presentada por Ganemos no se acompaña de estudio económico alguno y, de aprobarse, «conllevaría un descenso de los ingresos previstos que, al no acompañarse de ninguna medida compensatoria, supondría un incumplimiento del plan de ajuste aprobado en su día».

El plan de ajuste para el pago a proveedores que debe cumplir el Ayuntamiento de Atarfe obliga a compensar la pérdida de ingresos por la aplicación de bonificaciones para evitar una quiebra de la hacienda local. Para ello, el equipo de gobierno gravará a partir de 2016 los tipos del IBI de los bienes inmuebles que no son residenciales ni rústicos y cuyo valor catastral es muy elevado, una operación que permitirá ingresar casi 298.000 euros y que, en este caso, sí cuenta con informes favorables del interventor provisional y el tesorero.

La subida afecta a usos de características especiales, y a los usos de almacén y estacionamiento, industrial, deportivo, cultural, oficinas, edificios singulares y espectáculos, “cuyos propietarios tienen capacidad para aguantar”.

La otra alegación que también fue desestimada con el aval del informe técnico del área de Economía fue la que hizo llegar Covirán. La cooperativa sostiene que los cambios que introduce el equipo de gobierno no cumplen con las formalidades exigidas, cuestiona la legalidad de los beneficios fiscales que persigue el gobierno local, argumenta que la nueva tarifa es contraria a los principios constitucionales que deben regir el sistema tributario y, por último, afirma que la redacción de la propuesta es incorrrecta. Los cinco puntos son rebatidos por el informe técnico del área de Economía al entender que la propuesta se ajusta a la legalidad.

La concejal del PP, María del Pilar García Guzmán, argumentó la abstención de su grupo en el hecho de que, a su juicio, la modificación es «discriminatoria» e «injusta», al tiempo que echa en falta un «estudio más detallado». El portavoz de Ciudadanos, Antonio Pascual Martín, justificó la abstención de su partido en el posible «impacto económico» que puede tener la aplicación de los cambios en el IBI, aludiendo a la posibilidad de que «acarree una pérdida de puestos de trabajo». Por su parte, Antonio Lucena, de Ganemos, defendió la alegación de su grupo para reducir el gravamen del 0,73% al 0,68%, recordando que se aprobó en el pleno de noviembre de 2011.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada (PASI) consideró necesarios los cambios propuestos para aliviar la carga de los ciudadanos. Recordó que la anterior gobierno (PSOE e IU) pudo introducir bonificaciones y no lo hizo, y justificó la subida «a los que más tienen» para tratar de compensar el esfuerzo que realizan familias con escasos recursos. Insistió en que su gobierno pondrá en marcha un plan de inspección catastral para que afloren los inmuebles que sus propietarios no han declarado, y se comprometió a estudiar mejor el impacto económico que pudiera tener las bonificaciones propuestas una vez que se normalice la situación del área Económica, cuyo interventor se incorporará en los próximos días y cuyos trabajadores han hecho un esfuerzo importante en los últimos meses para tratar de cerrar las cuentas de los dos últimos años.

Las familias numerosas obtendrán una bonificación en función del valor catastral y de una serie de condicionantes que establece la Ley de Haciendas Locales. Los propietarios de inmuebles de uso residencial en suelo urbano obtendrán una bonificación del 3% de la cuota del impuesto si domicilian su recibo antes del 31 de marzo.

El bono social –una rebaja del 10% en la cuota íntegra del impuesto- sólo se aplicará a vecinos que tengan como residencia habitual un inmueble cuyo valor catastral no supere los 60.000 euros. Los ingresos anuales de la unidad familiar tienen que estar por debajo del doble del salario mínimo interprofesional y sus miembros no deben ostentar más bienes que el de su residencia habitual.

El gobierno municipal llevó recientemente a pleno una fórmula para permitir que el fraccionamiento de pago se ajuste mejor a la situación de las familias. La iniciativa, aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y en la actualidad en periodo de alegaciones, posibilita que los impuestos puedan pagarse hasta en once mensualidades.