Ana Orantes, las leyes siguen sin desplegar toda su protección

Ana Orantes nunca fue consciente del impacto que tuvo lo que dijo en televisión. Así lo recuerda su hija Raquel, que la acompañó ese 4 de diciembre de 1997 al programa De tarde en tarde de Canal Sur conducido por Irma Soriano. Allí, durante media hora de entrevista, esta mujer desgranó con voz firme, digna y tranquila las espeluznantes atrocidades que su marido le había infligido durante 40 años y que aún sufría, a pesar de haberse divorciado un año atrás. Nunca antes lo había contado públicamente, pero esta vez quiso poner un punto y final a cuatro décadas de martirio y su empeño era hacerlo público en la televisión. Decenas de veces llamó al programa, hasta que finalmente le dijeron que sí. A lo largo de 30 minutos narró las atrocidades que su marido, José Parejo, le había hecho sufrir desde el mismo día del matrimonio. Sin embargo, su voz solo se escuchó 13 días más tarde, cuando Parejo la asesinó. 

Su asesinato provocó una movilización nunca vista que obligó a cambiar las leyes y sacó esta violencia del espacio privado de las cuatro paredes de las casas al debate público. Nunca antes un asesinato de género había provocado tanto interés mediático y ríos de tinta. Tal como afirma Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, hubo tres factores fundamentales por los que este caso se convirtió en un referente: que ella hubiese salido públicamente a hablar, que el homicidio fuera tan brutal y que los medios de comunicación se parasen a mirar y que se acercasen a las asociaciones de mujeres y a expertos para entender. «Y esto lo cambió todo. Transformó una situación puntual en una realidad social».

A partir de ese momento, algo se empezó a mover. «El asesinato de Ana Orantes ocurrió sólo dos años después de que se celebrara la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer y de que se sentaran las bases de la Plataforma de Acción de Pekín en 1995. Una reunión clave que supuso un gran impulso del feminismo en todo el mundo, incluida España, donde ya había un movimiento feminista bien organizado», explica Altamira Gonzalo, jurista miembro de la Asociación de mujeres juristas Themis. Las 15 denuncias que puso Orantes a lo largo de los años de violencia no sirvieron para nada. Al final, la Policía le decía que volviera a su casa con su marido y que arreglara las cosas. Otras docenas de denuncias, algunas interpuestas por sus hijos, quedaron sin registrar siquiera. Nadie consideró que aquello que le ocurría fuera algo excepcional.

En dos ocasiones Orantes había solicitado la separación de su marido por vía judicial. La primera de ellas fue denegada por el juez, que se conmovió con las lágrimas derramadas por Parejo en sede judicial y acabó decretando que si un hombre es capaz de llorar así por una mujer, es porque la quiere mucho. Esa negativa la condenó a seguir sufriendo violencia. La segunda vez que lo intentó, el juez accedió, pero decretó que debían compartir vivienda. Ella viviría en la planta de arriba, y él, en la de abajo. No hubo ninguna orden de protección ni medida adicional. Parejo siguió insultándola y amedrentándola cada vez que tenía ocasión. 

«No ha habido muerte más anunciada», comenta Nuria Varela, periodista, escritora y directora del gabinete del Ministerio de Igualdad en la primera legislatura de Zapatero. «Ella dice con claridad en la televisión no saber si llegará a ver la Navidad». Y no llegó. El programa pasó desapercibido para periodistas, políticos o jueces, que no consideraron que debieran actuar de ninguna manera ante el desgarrador relato de Orantes. Pero no para Parejo, que trece días después de emitirse, acabó con su vida de la forma más cruel que se puede imaginar. La golpeo y la torturó hasta el desfallecimiento. Entonces la ató a una silla en el patio de su casa, la roció con gasolina y la quemó en vida. Entonces sí se la escuchó.

Algo cambió en los medios…

Al día siguiente, la noticia de su asesinato estaba en la apertura de los telediarios y en la portadas de los periódicos. Los medios, que hasta entonces no se habían ocupado de este tipo de violencia y que incluían estos casos en breves dentro de la sección de sucesos, pusieron el foco. Muchos hablaban de que una mujer «muere» y muchos seguían publicando la noticia en las páginas de sucesos, pero algo importante comenzó a cambiar. En lugar de tratarlo como un hecho aislado, muchos empezaron a unirlo a otros casos de lo que se consideraba aún violencia doméstica y diversos medios se acercaron al movimiento feminista para entender esta realidad y poder contarla. Orantes supuso en este sentido un antes y un después en la forma en la que la sociedad contemplaba la violencia machista, que dejó de ser mirada como hechos aislados ocurridos en la intimidad y pasó a ser considerada un problema social y público. 

Dos días después de su asesinato, los partidos pidieron «reformas legales» para atajar la violencia «doméstica» y el Consejo de Ministros se comprometió a  «endurecer» las penas por malos tratos. Sin embargo, muchas de esas promesas se hicieron esperar. 

… Y en las leyes

En el año 2001, un grupo de organizaciones feministas elaboraron una ley contra la violencia de género (la que ocurre en las relaciones de pareja) y se la entregaron a los partidos políticos. Ese mismo año el PSOE la presentó en el Congreso, pero no salió adelante por la oposición del Partido Popular, que en ese momento ostentaba el Gobierno. Así que no fue hasta el 2004, una vez elegido Rodríguez Zapatero como presidente, cuando la ley finalmente se convirtió en una realidad. 

Sólo un año antes, en 2003, había entrado en vigor la norma reguladora de la orden de protección, que establecía que cuando se producían denuncias por violencia de género, el juez tiene que responder en un plazo máximo de 72 horas y podía imponer al agresor una orden de alejamiento y que la víctima no tuviera que convivir con el agresor e incluso decidir sobre la custodia de los menores.

La ley contra la violencia de género supuso un paso adelante. Fue una ley pionera y copiada en el mundo entero. Proponía medidas de protección y detección de las víctimas, preveía recursos para su seguridad, una reforma judicial para juzgar estos casos con juzgados especializados, una reforma del sistema educativo y de formación de jueces y fuerzas de seguridad del Estado… Un cúmulo de medidas clave, aunque muchas de ellas siguen a día de hoy sin haber sido desplegadas o aplicadas. 

En 2007, el Gobierno de Zapatero puso en marcha otra ley clave. La de Igualdad entre hombres y mujeres. En ella se incluyen medidas como la creación de un número de teléfono específico para la atención a las víctimas de esta violencia: el 016. También se implementaron y desarrollaron medidas policiales de detección y prevención del riesgo: el sistema Viogén, que ha sido modificado para mejorarlo y para detectar el riesgo que sufren los hijos e hijas dentro del maltrato. En 2015, una reforma legislativa incluyó a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género como víctimas directas de dicha violencia. 

Si Ana Orantes hubiera denunciado en nuestros días la violencia que sufría, probablemente su historia y su final hubieran sido diferentes. Podría haber contado con una orden de alejamiento, la custodia de sus hijos y Parejo hubiera ido a prisión por violencia de género, no por asesino. Sin embargo, aún quedan muchos huecos y avances por conquistar y la realidad que viven muchas víctimas de violencia de género siempre concuerda con el avance en las leyes.

Desde el año 2003, cuando se comienzan a recolectar estadísticas sobre la violencia de género (la que se produce exclusivamente por parte de la pareja o expareja de las mujeres), en nuestro país han sido asesinadas 1.174 mujeres y 48 menores desde que en 2013 se comenzaran a contabilizar como víctimas de esta violencia. Desde principios de este año, el Ministerio de Igualdad también registra el número de feminicidios que ocurren fuera del ámbito de la pareja. En los primeros seis meses de 2022, un total de 19 mujeres fueron asesinadas por motivos sexuales o sociales por ser mujeres.

Tras un impasse legislativo o de falta de avances significativos, en 2017 los distintos partidos políticos con representación parlamentaria pusieron en marcha el Pacto de Estado contra la violencia de género. Este pacto fue una reivindicación del movimiento feminista, que salió a las calles a reclamar que la violencia machista fuera una cuestión de Estado ante los pocos avances en la lucha y erradicación de estas violencias. El pacto consistió en una serie de medidas que en muchos casos buscaba avanzar en aspectos ya contenidos en la ley de 2004, pero que no habían sido desplegados. La formación de jueces y operadores jurídicos volvía a estar entre las prioridades, al igual que implantar un sistema de coeducación en igualdad largamente postergado. 

Para Altamira Gonzalo, desde la aprobación de la ley hasta ahora (salvo por el pacto de Estado y la ratificación del Convenio de Estambul) no hemos tenido «una potencia de políticas públicas contra la violencia de género que existió hasta el año 2010, ni se han vuelto a celebrar conferencias mundiales sobre la mujer que potenciaran las políticas nacionales, pero sí una ofensiva ultraconservadora que pone en duda logros incidiendo en el mito de las denuncias falsas, imponiendo las custodias compartidas impuestas o el falso síndrome de Alienación parental, que dificultan la lucha contra la violencia machista». 

Una violencia aún soterrada

A pesar de los avances, la preocupación de las instituciones sigue puesta en la baja cifra de denuncias de este tipo de violencias. Según los datos de la macroencuesta sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad, sólo denuncia la violencia de género en torno al 20% de las víctimas, lo que deja un pozo de desprotección y desconocimiento del 80% de esta violencia. En el caso de las violencias sexuales, la información sumergida es aún mayor. Se estima que tan sólo la denuncian el 8% de las víctimas, por lo que el 92% de ellas sigue sin conocerse.

En los últimos meses, el Gobierno de coalición ha aprobado la ley de Libertad Sexual, más conocida como la del solo sí es sí, que reconoce otras violencias hacia las mujeres, como la violencia sexual, y propone mecanismos de reparación y resarcimiento. Esta norma, pionera en el abordaje de estas violencias, está en el ojo del huracán político, mediático y judicial debido a la gran cantidad de revisiones de condenas a la baja que se han producido desde su entrada en vigor. 

Tal como explican diversos expertos, el problema de las leyes contra las violencias machistas es que, a pesar de ser buenas, no han conseguido desplegar sus efectos y siguen aún sin ser ejecutadas. Orantes probablemente hubiera tenido otro final con estas medidas. Pero es cierto que aún a muchas mujeres se les niegan las órdenes de alejamiento, dependiendo de la jurisdicción donde residan o el juez que les toque en gracia; muchas no consiguen acabar con las visitas a padres maltratadores, a pesar de tener una ley que obliga al juez a imponerlas o que en muchos casos las mujeres acaban victimizadas dentro del sistema de justicia. 

«No soy muy optimista sobre los cambios mientras el acceso al sistema judicial siga siendo igual. Mientras no cambie el paradigma de juzgar. Esto es lo que los organismos internacionales como el la CEDAW (el comité antidiscriminación de Naciones Unidas) y el Grevio (que vigila el cumplimento del convenio de Estambul) le han dicho a nuestro país en varias ocasiones. Esta es la causa de que tan solo se hayan retirado el 16% de visitas a padres inmersos en procesos por maltrato, a pesar de tener una ley hoy que obliga a los jueces a suspenderla», dice Gonzalo.