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El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la planificación hidrológica de 12 cuencas, con el preceptivo informe del Consejo de Estado, y se volvió a desatar un conflicto sobre la gestión del agua, protagonizado especialmente por las comunidades que se sienten afectadas por su incidencia en el trasvase Tajo-Segura. La aplicación de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que obliga a establecer caudales ecológicos, supone reducir el volumen a trasvasar y esto choca, en un contexto de cambio climático que conlleva menor disponibilidad de este recurso, con las demandas de los agricultores de Valencia, Murcia o Andalucía.
Los conflictos de esta naturaleza no son nuevos y muestran que las urgencias del presente muchas veces están reñidas con la exigencia de velar por la conservación de recursos para el futuro. Apenas hace unos meses se han vivido situaciones parecidas con los regadíos ilegales de Doñana y un poco antes saltaban todas las alarmas ante el desastre del mar Menor. Hay quien dice que las guerras del agua reaparecen, y esto no es un buen augurio. Lo que tienen en común todos estos problemas es la constatación de que en un escenario de cambio climático, con una reducción notable de agua en buena parte de las cuencas españolas, es obligado replantearse sus usos y demandas. O lo que es lo mismo, que ya no sirve el marco actual y que es inevitable explorar nuevas soluciones cuando un recurso de tanta importancia como el agua es cada vez menor. Es cierto que cualquier modificación legislativa a la que está obligando el cambio climático puede afectar gravemente a determinadas actividades, pero utilizar de manera partidista y al hilo de las próximas citas electorales los temores que produce cualquier cambio que altera el statu quo complica y distorsiona lo que es una obligación, la de cumplir las leyes.
Europa se adelantó a esta inquietante realidad y en el año 2000 aprobó la Directiva Marco del Agua, que deja claro que el primer usuario de este recurso, una vez garantizado el consumo humano, es el río, porque solo de esa manera podrá seguir siendo un río y generando economías en torno a él. La aplicación de esta directiva con los criterios de protección de los ecosistemas establecidos es la que está provocando conflictos sociales por lo que supone de replanteamiento de los usos tradicionales.
¿Qué cabe esperar, por tanto, de las fuerzas políticas que nos gobiernan ante una situación así? En primer lugar, huir de todo populismo hídrico. Negar las evidencias de la reducción de disponibilidad de agua, o articular promesas haciendo caso omiso de la legislación, es meter la cabeza bajo la tierra, como el avestruz, en lugar de afrontar el desafío. Por otro lado, se deben articular mecanismos de transición hídrica justa. Si bien es innegable que la reducción de caudales de todos los ríos por el cambio climático, incluido el Tajo, obliga a reconsiderar las concesiones de agua y adaptarlas a la nueva situación, también lo es que urge articular procesos de diálogo en los que acordar cómo abordar los cambios dando salidas tanto a las personas como a los territorios afectados. La desalación suele aparecer como una solución, y en parte lo es, siempre y cuando no oculte la necesidad de adaptar las demandas y usos del agua a la nueva situación.
Las políticas que se han puesto en marcha en torno a los convenios de transición justa en las zonas de cierre de minas de carbón marcan la pauta de cómo abordar estos procesos de cambio y transición obligada con criterios de justicia social.
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