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Cuando te escribo esta carta, los fallecidos por el terremoto de Turquía y Siria se acercan a los 20.000, los heridos a 70.000, y nadie precisa el número de desaparecidos. Cuando la primera noticia de una tragedia llega a la Redacción —y la magnitud y la intensidad del movimiento sísmico nos hizo ver enseguida que estábamos ante una de enorme envergadura—, se pone en marcha un dispositivo de cobertura, siempre con la misma tensión y siempre diferente.
Las primeras informaciones las ofrecía Andrés Mourenza desde Estambul. El equipo de Última Hora del periódico se puso en marcha inmediatamente para contar en directo todo lo que íbamos sabiendo, verificando fotos y vídeos. En paralelo, el corresponsal para Oriente Próximo de EL PAÍS, Antonio Pita, viajaba desde Tel Aviv a Turquía. Y a ellos dos se sumaba Óscar Gutiérrez, periodista de la sección de Internacional, que se desplazó desde Madrid. Entre todos ellos han ido componiendo el cuadro trágico de esta semana, que alterna la conmoción, la compasión y las pequeñas treguas de ver rescatar con vida a personas de debajo de los escombros.
La naturaleza golpea, pero la geología no explica toda la destrucción que estamos contemplando en la martirizada Siria y en Turquía. El podcast Hoy en El País analizaba las razones de la extrema fragilidad ante los terremotos de miles de construcciones que hemos visto desaparecer en los dos países.
Las sombras del urbanismo: la otra falla del terremoto en Turquía
A pesar de que el país está levantado sobre un terreno con alto riesgo sísmico, se siguen construyendo edificios de forma precaria. De Siria, un territorio en guerra, es complicado obtener información. Por Marta Curiel e Inés Vila
Hoy puedo perfectamente repetirte la broma: espero que tu semana haya sido mejor que la del Gobierno. La mala salud de hierro de la coalición que gobierna España enfrenta estos días su prueba más difícil. Su discrepancia pública sobre cómo reformar la ley del sí es sí para evitar que en el futuro más delincuentes sexuales se beneficien de ella es demasiado explícita como para arreglarla moviendo una coma en el texto que ya han registrado los socialistas en el Congreso de los Diputados.
Tuvimos muchas dudas en la Redacción con este titular: “La coalición busca una salida al abismo al que le empuja su crisis con la norma”. No nos gusta abonarnos al tremendismo. Pero a lo largo de la semana la crisis política no ha dejado de escalar, por más que los protagonistas se afanen en decir que buscan un pacto.
Sí, buscan un pacto, pero según la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en el Gobierno hay “una fuerza política que defiende los avances feministas y otra que no”; según la ministra socialista de Justicia, Pilar Llop, demostrar la violencia es muy sencillo porque “basta una herida”; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree que la ley “es imperfecta” y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que “está bien hecha”. El daño está hecho. Queda la duda de si pueden recomponer a futuro la ley (y cómo), además de la imagen de un Gobierno que ha gestionado con solvencia una pandemia y las consecuencias económicas y políticas de una guerra en Europa.
En medio del estruendo, te recomiendo una tribuna de Opinión que publicamos el lunes firmada por la filósofa Clara Serra que nos obligaba a hacernos preguntas incómodas sobre el consentimiento, ese concepto fundamental que corre peligro de convertirse en un Macguffin en medio de la batalla política.
El problema del consentimiento
Toda sociedad hiperregulada y colonizada por el discurso neoliberal requiere el miedo a ‘los otros’ y necesita convertir la relación social misma en un peligro del que protegernos. Por Clara Serra
Imposible no acordarse estos días de las sucesivas despenalizaciones y legalizaciones del aborto que hemos ido contando en distintos países de Latinoamérica en los últimos años. Colombia, Argentina, Uruguay… En España llevábamos 13 años esperando que se pronunciara el Tribunal Constitucional sobre el recurso que los conservadores del PP presentaron contra la ley de plazos. Esta norma, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, lleva aplicándose sin problemas desde entonces. Trece años. Y ya. El aborto libre hasta la semana 14 es plenamente constitucional.
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