El Gobierno de coalición logra amplio respaldo para sacar adelante proyectos para los que ha sido necesario negociar

El paquete de leyes aprobado el jueves demuestra que la tarea legislativa del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez sigue adelante con una intensidad que hacía tiempo que no conocían las Cortes españolas. El paquete incluía tres textos legislativos de gran calado. En primer lugar, la llamada ley trans, que por primera vez reconoce la autodeterminación de género en España de manera que cualquier persona mayor de 16 años podrá cambiar su sexo registral en el registro por mera voluntad, sin necesidad de informes médicos o tratamientos previos. También se aprobó la reforma de la ley del aborto, justo cuando el Tribunal Constitucional respaldó de forma contundente el modelo de plazos aprobado en 2010 que permite abortar libremente hasta la semana 14 de gestación; la reforma introduce mejoras para hacerla más accesible, entre ellas, permitir que las menores de 16 a 18 años puedan abortar sin necesidad de permiso paterno y garantizar que habrá un centro público al menos en cada capital de provincia que ofrezca la prestación; también introduce mejoras para la salud de las mujeres, como un permiso laboral por reglas dolorosas.

Finalmente, también salió adelante una ley clave para la calidad de la democracia, la que protege a los denunciantes de corrupción, que se aprobó, con la oposición del PP y de Vox, justo un día después de que Bruselas anunciara una denuncia contra España por no haber traspuesto la directiva sobre la materia en los plazos estipulados. La ley prevé medidas de protección y confidencialidad para quienes destapen casos de corrupción y sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra ellos. En un país que ha vivido una cascada de casos de corrupción que ha puesto en jaque las instituciones, la nueva normativa será un instrumento decisivo de transparencia y de regeneración democrática. Y todo ello se añade a la ley de bienestar animal, aprobada recientemente.

Que la tramitación de algunas de estas leyes haya suscitado controversias es normal en un contexto de fragmentación política, pero lo que cuenta es que las votaciones han confirmado que la mayoría de la investidura sigue cohesionada, incluso en un momento en que la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas fuerza a los diferentes partidos a marcar con mayor intensidad su perfil político. La que había suscitado más polémica y ha dividido incluso al movimiento feminista, la ley trans,ha salido finalmente adelante con una amplia mayoría: 191 votos a favor frente a 60 en contra y 61 abstenciones. Las fracturas que deja la tramitación de esta ley se hicieron visibles durante la votación, cuando se abstuvo la socialista Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno.

Cuando nadie tiene una mayoría suficiente para sacar adelante su programa, resulta imposible legislar sin transacciones. Que, pese a las dificultades y tensiones vividas, se haya logrado alcanzar un consenso bastante más amplio del necesario, indica que la democracia española está incorporando, felizmente, el hábito de la negociación para la concertación y que, contra todos los pronósticos, el modelo de coalición puede funcionar y está dando sus frutos. En un contexto de amplia pluralidad política, es la única forma de gobernanza posible. La alternativa a la cesión es la parálisis. Cuando pesan más los dogmas o los intereses partidistas, el riesgo de naufragio es mayor. Es lo que puede ocurrir con la ley del sólo sí es sí. Puesto que es una ley compartida, de la que todos sus valedores son responsables, lo razonable sería encontrar también una salida a los problemas que ha deparado su aplicación.

EDITORIAL EL PAIS

FOTO: EL COMNFIDENCIAL

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