Hay que destruir Doñana
Aflora un negacionismo climático en el PP (¡en su ala ‘moderada’!), al atentar contra “el valor universal” del parque
Doñana delenda est. Todo suena como si Juanma Moreno imitase a Catón el Viejo, el senador romano, frugal pero empecinado, que acababa todos sus discursos con el lema Carthago delenda est. Ahora hay que destruir Doñana. Moreno lo intentó en 2022, con una propuesta parlamentaria que decayó. La reformuló hace unos días, firmándola con Vox. Y tras los varapalos del Gobierno, la Comisión Europea y la Unesco, no la retira. Solo rectifica a medias: su consejero acude a Bruselas para “escuchar” a la Comisión.
Este litigio acabará mal, sí o sí, para él y para su protector Núñez Feijóo, que se ha mojado a fondo en su defensa: solo admite la marcha atrás. Pues ampliar regadíos en el entorno del parque (legalizando pozos clandestinos) como propone, aunque no supone saquear directamente el acuífero del parque natural, lo socava. Pues “cualquier extracción que se haga, aunque esté a 30 kilómetros del corazón del parque nacional, tiene efectos sobre él”, certifica el director de la estación, Eloy Revilla.
El traspiés es ilustrativo. Aflora un negacionismo climático en el PP (¡en su ala moderada!), al atentar contra “el valor universal” del parque, la “excepcional diversidad del enclave” y al negarse al “cierre de pozos ilegales”, como le indicó la Unesco. Evidencia la dependencia de la derecha convencional respecto a su cisterna ideológica extremista, incluso si no la necesita.
Y desflora su reiterado intento de instrumentar a Europa en contra de los intereses españoles: atacó los fondos Next Generation; intentó socavar la reforma laboral que los viabilizaba; boicoteó la de las pensiones, que era otro requisito; acudió una y otra vez a Bruselas en misión antipatriótica… siempre abocada al fracaso. ¡Nostalgia de europeístas conservadores como Íñigo Méndez de Vigo, Marcelino Oreja o José María Gil-Robles!
El saqueo de Doñana es también contrario a la internalización de costes: los regalos a los agricultores incumplidores los ofrece la Junta; las multas las pagan de entrada todos los contribuyentes españoles, aunque luego puedan repercutirse a la causante. Y es el caso seguramente más importante en que la irresponsabilidad europea de una autonomía provoca que el Gobierno deba rectificarla, tras el intento de Canarias de saltarse una normativa arancelaria de la Unión, resuelto en 1989. No está mal, solo por intentar comprar unos cuantos votos de algunos agricultores desaprensivos.
