El Constitucional se ve obligado a reconocer la evidencia educativa

Hace unos días ,  después de mucho tiempo, nos fuimos a dormir con una buena noticia: el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por la ultraderecha y ha avalado la nueva Ley Orgánica de Educación que aprobó la mayoría progresista y plurinacional del Congreso de los Diputados. En primer lugar, es un avance sobre lo que viene pasando en los últimos años que el Tribunal Constitucional no pretenda erigirse en tercera cámara parlamentaria y modificar una ley aprobada por la voluntad de la soberanía popular. Y, en segundo lugar, es significativo especialmente que el Constitucional avale dos aspectos que la ultraderecha pero también la derecha de Feijóo utilizó ideológicamente como arma de confrontación contra el Gobierno de coalición: los conciertos a las escuelas que segregan por sexos y el modelo de inmersión lingüística en Catalunya.

Sobre las escuelas sexistas que segregan alumnos por sexo utilizando dinero público, especialmente en centros vinculados a órdenes ultrarreligiosas como el Opus Dei o Legionarios de Cristo, se trata de un avance democrático de primer nivel. Era poco democrático que, con subvenciones públicas por parte de toda la ciudadanía, no se aplicase el principio de la coeducación que debe ser uno de los vectores fundamentales de nuestro sistema educativo si de verdad queremos conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Estaba totalmente fuera del sentido común que, en comunidades como Catalunya, por ejemplo, tanto los gobiernos de CiU-Junts y los de ERC, mantuvieran conciertos por un valor de 30 millones de euros a escuelas que separaban alumnos en función de su sexo mientras, en cambio, sigue infrafinanciada la escuela pública y es la comunidad autónoma líder en barracones, con más de un millar de estos en los pueblos y las ciudades catalanas.

Avanzar en coeducación es también avanzar en un sistema educativo más democrático. Por este motivo, los logros de la LOMLOE no se deben quedar solamente en frenar los conciertos sexistas de estas escuelas. Ahora hay que seguir desplegándola y aplicar también los aspectos que expulsan los conciertos elitistas de nuestro sistema educativo. Si la segregación por sexos, aunque residual, era una mancha en nuestro sistema, la segregación socioeconómica que se da a través de los conciertos educativos elitistas sigue siendo la gran mácula que todavía persiste en la educación española. Por esto, la LOMLOE, que nació fruto de un espíritu inclusivo de la educación española, debe transitar por propuestas, sanciones y retiradas de conciertos educativos a aquellos centros que incumplan la función social de la educación y el equilibrio del alumnado con necesidades educativas especiales.

Si la derecha española utilizó este tipo de conciertos para confrontar con el Gobierno de coalición, la derecha catalana lo hizo también con el modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Recuerdo como Junts per Catalunya votó en contra de la ley aludiendo a que era falso que se protegiese y se blindase el modelo catalán de enseñanzas lingüísticas. Ahora, el Tribunal Constitucional pone en evidencia que el partido de Laura Borràs utilizó este argumento como relato y no tuvo ningún escrúpulo en hacerlo siendo consciente de que perjudicaba a una herramienta de cohesión social tan potente como es la lengua y la inmersión lingüística. En este sentido, el Constitucional ha avalado que la LOMLOE retire al castellano el papel de lengua vehicular del sistema educativo en Catalunya porque, afirma, eso no lo explicita así la Constitución Española. El manido argumento que han utilizado hasta la saciedad formaciones como Vox, Ciudadanos o PP queda desmontado justamente por el árbitro de la Constitución. Un tribunal que, pese a su politización y el secuestro político por parte del PP, no ha tenido más remedio que reconocer la evidencia.

Sería un buen momento para que el trío de las derechas asumiese el compromiso de no volver a instrumentalizar la lengua, de no politizar el modelo educativo de la escuela pública catalana y de no usar la rica diversidad lingüística de nuestro país como arma de tensión. No lo van a hacer porque no entienden la España en la que viven. Porque ponen sus mal entendidos intereses partidistas por encima de la convivencia entre los diferentes pueblos de España.

No obstante, la sentencia que hemos conocido respecto a la LOMLOE por parte del Tribunal Constitucional sí que demuestra una cosa: mantener un modelo educativo inclusivo y cohesionador como el de la LOMLOE depende de la voluntad política; no hay un mandato constitucional que apueste por uno u otro modelo. Por este motivo, y ahora que estamos a unos meses de agotar la legislatura del primer gobierno de coalición de España, una legislatura muy rica en elaboración de leyes sociales, es el momento de recordar que es vital mantener el Gobierno de coalición y sus alianzas progresistas y plurinacionales de cara al futuro si pretendemos que el sistema educativo español no vuelva a dar pasos atrás y nos sitúe otra vez en las épocas más oscuras de la ley Wert, la LOMCE, y la década de recortes educativos que dejó a la educación pública española en sus peores índices de inversión.