‘Sobre cambios en las campañas, normas y debates electorales’

Soy partidario de amplias reformas en la normativa electoral. Algunas son simples y de poca trascendencia como la supresión del día de reflexión y una regulación de las encuestas más acorde con los tiempos que corren. Otras son de mayor calado como la evolución hacia una jornada electoral on line, sin colegios ni mesas electorales, sin interventores ni apoderados, sin papeletas ni sobres, ni cabinas… Hace unas semanas en la Universidad de Granada se ha elegido rector de esta forma con total normalidad como prueba de que el sistema ‘técnicamente’ es posible.

Más allá de un Día D ‘virtual’ deberíamos avanzar con rapidez hacia unas campañas electorales diferentes que además de ser más baratas deberían servir para que cumplieran con su objetivo fundamental: hacer balance de la acción de los gobiernos y contrastar propuestas, programas y equipos de las diferentes opciones políticas. En este punto uno de los temas centrales de las nuevas campañas debe ser una adecuada y necesaria regulación de los debates electorales, en medios de comunicación, públicos y privados, con normas que no dependan de la conveniencia o no de participar de los partidos sino en el derecho a la información de la ciudadanía que debe convertirse en un deber para los contendientes.

Entiendo que la cuestión no es fácil, (debates entre dos o más candidatos, debates generales o sectoriales, regulación de los tiempos, eliminar la rigidez de la sucesión de monólogos en que se han convertido la mayoría de los escasos debates celebrados hasta ahora, muy lejos de lo que ocurre en otras democracias…), pero todos esos elementos no pueden convertirse sistemáticamente en excusas de los jefes de campaña para proteger su cartel o marca y, en última instancia, la democracia es el contraste de posiciones y opiniones y no encuentro mejor fórmula que la confrontación política directa ante los electores. Bien es cierto que los debates no deberían reducirse a los quince días de la campaña oficial, sino que debiera ser una dinámica habitual y periódica en una democracia avanzada.

Estas nuevas campañas electorales serían en primera instancia, como he señalado, más económicas. El gasto en propaganda, actos públicos, sería mucho más reducido, asunto que no es baladí, pero sobre todo deberían ser más eficaces en cuanto al mejor conocimiento de las diferentes opciones políticas. No hay que pecar de ingenuidad e ignorar el reparto desequilibrado del poder de los grandes grupos mediáticos cuyos consejos de administración están en manos de grupos financieros y empresariales juegan muy escorados a la banda derecha, (no leer lo de banda en sentido literal, forma parte de la metáfora futbolística), pero confío en que estos cambios facilitarían el ejercicio profesional de los periodistas que quedarían empoderados para, al menos, mitigar la vergonzosa influencia de los poderes económicos en la opinión publicada; el ‘periodismo’ como profesión  podría y debería recuperar progresivamente su prestigio y su nobleza. El arbitraje de las asociaciones de periodistas y de otros colectivos podría ayudar en esta auténtica evolución con r.

En España siempre ha estado absolutamente descompensada la realidad mediática y la sociológica, con una desproporción abismal de cabeceras y potencia mediática a favor de las derechas varias que, como confesó Luis María Ansón, y yo no me canso de señalar sobre todo para las generaciones que no lo vivieron, los medios de comunicación “pusieron al Estado al borde de su caída para acabar con Felipe González”. Con este reparto desequilibrado hemos sobrevivido, pero en el contexto actual más peligroso que esta desigual batalla ideológica en la opinión publicada es que esté dirigida para colocar en la conversación pública asuntos que son medias verdades o completas falsedades. Sólo así es comprensible que se hayan instalado asuntos como las okupaciones, las denuncias falsas de mujeres maltratadas o los supuestos pactos con Bildu o con ETA y que una gran cantidad de gente ‘haya comprado’ este producto fabricado en la trastienda de poderosos think tanks.

Uno de los cambios estructurales que propongo sería la configuración de una Agencia de verificación de noticias y de mensajes electorales, (que debería extenderse fuera de las campañas electorales), que pudiera asistir a los medios de comunicación y a las Juntas Electorales, y a las que cualquier ciudadano podría acudir para consultar sobre ‘fakes-news’, bulos, denuncias falsas o cualquier forma de intoxicación o manipulación informativa. Ahora quedan impunes estos comportamientos que pueden tener una gran trascendencia electoral o, en el mejor de los casos, se resuelven años después de la celebración de las elecciones, como hemos comprobado con los dopajes de algunos partidos políticos o con la condena con multas irrisorias por saltarse la ley electoral. Un ejemplo son los 960 euros en multas confirmadas por el Supremo en el mes de febrero de este año por infracciones en la campaña del ¡4M de2021!, en este caso por hacer campaña en actos institucionales, infringiendo su obligación de neutralidad política como presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Inteligencia Artificial, podría ser de gran ayuda, por su potencial y rapidez en este sentido y se podría regular la obligatoriedad de la publicación de los informes y dictámenes de esta ‘Agencia Anti-bulos’ en los mismos medios en los que se hubiera eventualmente publicado.

Saber qué opinan al respecto los candidatos y candidatas podría ser un eje de contraste de pareceres y de propuestas, aunque me temo que quien basa su estrategia electoral en su dominio cuasi absoluto del panorama mediático vaya a renunciar ‘motu proprio’ a este privilegio

Estos cambios no llegarán a tiempo para los debates en las elecciones del 23J aunque sí pueden convertirse en debates en la propia campaña. Saber qué opinan al respecto los candidatos y candidatas podría ser un eje de contraste de pareceres y de propuestas, aunque me temo que quien basa su estrategia electoral en su dominio cuasi absoluto del panorama mediático vaya a renunciar motu proprio a este privilegio.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad la derecha extrema y la extrema derecha española y europea han copiado los esquemas y las estrategias del trumpismo y del bolsonarismo. Se basan en la realización, con eficacia y coordinación, de dos campañas paralelas; la primera consiste en movilizar el voto de su electorado, (un suelo de un 25% de los españoles, por definición un voto hipermovilizado), al que intenta arrastrar hasta sus redes a una parte del electorado desencantada con su situación personal y sus expectativas ante la vida, a base de prometer cañas, un relato de victoria, odio y venganza, tan ineficiente como proyecto social como reparador en lo emocional. La segunda campaña, a la que cada vez dedica más recursos, va dirigida a desmovilizar el voto del electorado progresista, (por definición a su vez un voto hipercrítico que a menudo conduce a la fragmentación), que, en ningún caso, por razones ideológicas, va a votar a las derechas, pero que sucumbe a la llamada a quedarse en casa, a la abstención, a la de “todos los políticos son iguales” y otros mensajes que calan como lluvia fina. Esta underground strategy, a veces muy sutil y subliminal, unido al sistema electoral, es la que les puede dar mayorías parlamentarias amplias a la derecha, con las que desempata la polarización política que vivimos desde los tiempos de Aznar.

Mientras que se debate sobre estos cambios en las normas electorales, en las campañas electorales, y eventualmente se van implantando y adecuando a la nueva realidad social y tecnológica, seamos conscientes de cómo algunos están forzando las reglas del juego político y las reglas de la democracia

Estas campañas están bien segmentadas y cuentan con la complicidad y connivencia de ‘los poderes ocultos’, los grandes grupos mediáticos y hasta, (‘manda huevos’) la propia Radiotelevisión pública española, que durante estos años del gobierno de coalición ha seguido dominada por los mismos ‘aires conservadores’ de la etapa de Rajoy.

Mientras que se debate sobre estos cambios en las normas electorales, en las campañas electorales, y eventualmente se van implantando y adecuando a la nueva realidad social y tecnológica, seamos conscientes de cómo algunos están forzando las reglas del juego político y las reglas de la democracia. No deberíamos caer en la trampa de que el que tiene más capacidad para engañar, para distorsionar la realidad, sea el vencedor porque será un fracaso en términos democráticos en el que pagaremos justos por pecadores. Reclamemos debates electorales, al menos, entre las dos opciones principales que aspiran al gobierno y sancionemos con nuestro voto a los que no estén dispuestos a la confrontación dialéctica, en vivo y en directo, con luz y taquígrafos, por coyuntural conveniencia política, por miedo e inseguridad o por la estrategia de ocultar sus planes. Vayamos a que nos quieran contar ‘el día después’ lo que van a hacer si llegan a La Moncloa.

Ignacio Henares