Refugiados: la ley danesa que confisca sus bienes, un paso más en las “políticas criminalizadoras” en la UE

El Parlamento de Dinamarca aprobó este martes un proyecto de ley que incluye la confiscación de dinero y objetos de valor a los refugiados, que sólo podrán conservar el equivalente a 1.340 euros, así como el aumento de uno a tres años del tiempo que tendrán que esperar para pedir que su familia se reúna con ellos. El proyecto fue propuesto por el Partido Liberal, que gobierna en minoría, aunque contó con el apoyo de los socialdemócratas y otros grupos de derecha.

Cuando se presentó el proyecto, la ministra danesa de Integración, Inger Stojberg, justificó la incautación de bienes señalando se buscaba «tratar a los solicitantes de asilo del mismo modo que a los ciudadanos daneses», que no pueden pasar ese límite de ingresos para acceder a subsidios. No obstante, después de que ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, recordara que la mayoría de refugiados ya «han perdido todo»cuando llegan a Europa, el Gobierno danés reconoció que esta ley pretende realmente «reducir la afluencia de solicitantes». Suiza y varios Estados de Alemania también tienen normas que autorizan la confiscación de bienes a los refugiados.

Consultados por infoLibre, portavoces de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Amnistía Internacional consideran que esta ley supone un paso más en las«políticas criminalizadoras» y las medidas xenófobasrespecto a los refugiados que vienen adoptando algunos países europeos en los últimos meses.

Los gobiernos de algunos países del Este de Europa fueron pioneros en este tipo de actitudes intentando boicotear la llegada de refugiados a sus países en plenas negociaciones del por ahora fracasado mecanismo de Bruselas que preveía acoger a160.000 refugiados en dos años. Eslovaquia y Polonia, por ejemplo, mostraron su disposición a aceptar sólo a cristianos bajo el perverso argumento de que los musulmanes «no se sentirían en casa».

Especialmente polémicas fueron también las leyes que restringendrásticamente el acceso al territorio húngaro y a procedimientos de asilo promovidas por el primer ministro de ese país, el ultraconservador Viktor Orbán. Desde el pasado septiembre, en Hungría está penada con hasta tres años de prisión la entrada de forma irregular en el país. Hungría también cerró su frontera sur con Serbia, donde instaló una valla de alambre de cuchillas. 

También aprobó otra norma que legaliza la denegación sistemática de las solicitudes de protección de personas provenientes de Serbia y, por tanto, el regreso a ese país, donde el sistema de asilo no es efectivo y no garantiza el acceso a protección internacional, según denuncia Amnistía Internacional. Esta misma organización destaca que el Gobierno húngaro destinó a la construcción de la valla cien millones de euros, tres veces el dinero presupuestado para políticas migratorias en 2015.

El control fronterizo se ha ido extendiendo en los últimos meses más allá de las fronteras orientales de Europa dinamitando así uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo: la libre circulación entre las fronteras interiores de la UE. Países como Alemania, Hungría, Austria, Malta y Francia han adoptado medidas excepcionales de control de pasaportes en los últimos meses. A esta lista se han unido de forma más reciente Suecia y Dinamarca. Para Esteban Ibarra, presidente de la ONGMovimiento contra la Intolerancia, el sello de fronteras «rompe el principio de igualdad y va en contra de los valores consagrados en los tratados de la UE».

Medidas «inaceptables» 

Entre las medidas aplicadas están también prácticas humillantes como las pulseras rojas de plástico que tenían que llevar los refugiados en espera de asilo en Cardiff (Gales) para poder acudir a un comedor o las viviendas de acogida con puertas pintadas de rojo en Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra. En ambos casos fueron promovidas por empresas privadas contratadas por el Home Office (el Ministerio del Interior británico) para hacerse cargo de los refugiados. Durante meses, las protestas del Consejo Galés para los Refugiados (WRC), el Trinity Centre y los propios interesados fueron desoídas por las autoridades. Sin embargo, sólo se les puso coto tras hacerse eco los medios de comunicación.

Desde CEAR, su secretaria general, Estrella Galán, insta a los dirigentes europeos a que, antes de tomar cualquier decisión, tengan muy presentes las 177 personas que han muerto durante 2016 y a las 3.700 que fallecieron el año pasado tratando de llegar a Europa. «A pesar del invierno, siguen llegando miles de personas a Europa huyendo de la persecución y de la guerra, mientras los líderes europeos parecen más preocupados en impedir las llegadas y dificultar el recorrido de los refugiados más que buscar soluciones reales», señala. Por eso, a su juicio, el mejor termómetro para medir la voluntad política de la UE son «los 385 refugiados que han sido reubicados en cinco meses, de los 160.000 a los que se comprometieron”.

«Son medidas inaceptables, que ponen de manifiesto que no se está dando una respuesta adecuada a esta crisis, y que pueden contribuir a provocar actitudes racistas y xenófobas. Es importante tener en cuenta que los refugiados son personas que vienen de pasar situaciones traumáticas, que están en una situación de vulnerabilidad y sobre las que los tratados internacionales avalan su derecho a pedir asilo», señala Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional.

El último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea, de 2014, ya determinó que los miembros de grupos étnicos minoritarios, entre ellos migrantes y refugiados, siguen teniéndose que enfrentar, en los países de la UE, a discriminaciones en asuntos clave en la vida de las personas como el empleo, la educación, la salud y la vivienda. Asimismo, este mismo informe subraya que una «victimización continua» de los miembros de grupos étnicos minoritarios puede contribuir a generar en estas personas sentimientos de exclusión y llevarlos a la radicalización.

Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia, considera que estas medidas ya están provocando un «tsunami xenófobo» del que responsabiliza especialmente a los países implicados y que atribuye a una situación de «debilidad» de la UE provocada por la crisis económica. No obstante, señala que las instituciones comunitarias no han actuado con toda la diligencia esperada. Y pone de ejemplo la presión ejercida sobre Austria ante la eventual participación de la extrema derecha en una coalición de gobierno en el año 2000. La UE advirtió entonces de que se suspenderían todos los contactos políticos bilaterales y de que en «ningún caso» las relaciones podrían mantenerse como hasta entonces.

Los portavoces de las ONG consultadas piden contundencia a Bruselas y reclaman a los dirigentes comunitarios que articulen un régimen de sanciones para los Estados miembros que lleven a cabo este tipo de medidas.