Las 3.600 mujeres con orden de protección, en peligro por la tecnología de las pulseras

Los equipos telemáticos presentan «zonas de sombra» en la cobertura que dificultan dar con la víctima en caso de que el agresor vulnere la orden de alejamiento judicial

Los 3.600 dispositivos telemáticos que están activos en todo el país para cumplir las medidas cautelares en materia de violencia de género utilizan una tecnología desfasada, cuya red de tercera generación (3G) está inmersa en un proceso de apagón que culminará en 2025. Esta circunstancia ya repercute en la disminución de la potencia de emisión de estos equipos, similares al funcionamiento de un teléfono móvil, ya que generan «zonas de sombra» sin cobertura, según advierten fuentes policiales.

Estas limitaciones técnicas dificultan la localización de la mujer en caso de que el agresor investigado y/o condenado vulnere la orden de alejamiento judicial. El motivo es que el seguimiento de estos dispositivos depende del sistema de geoposicionamiento GPS, que funciona a través de la red de satélites. Y en caso de que falle esta señal se activa un sistema secundario denominado GSM, que consiste en identificar y localizar la estación base –antenas que la operadora de telefonía tiene distribuidas por toda la geografía nacional– donde se registra el dispositivo según su ubicación. En ambos casos su eficacia va de la mano de la capacidad de cobertura de la terminal.

La mayor parte de los aparatos activos los utilizan víctimas que tienen una valoración de riesgo «medio, alto o extremo» en el sistema VioGén del Ministerio del Interior. En el último año su implantación ha crecido un 30%, al pasar de 2.774 en abril de 2022 a 3.600 en abril pasado, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad. Andalucía, con 1.300 dispositivos instalados por cada víctima y acusado; Comunidad Valenciana, con 470; Comunidad de Madrid, 345; Canarias, 222; Castilla-La Mancha, 219, y Galicia con 203 encabezan esta lista.

Según el expediente remitido a este periódico por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a través de una consulta en el Portal de la Transparencia, los dispositivos de seguimiento telemático actuales «usan tecnología 3G». Se trata de una abreviación de los sistemas de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de teléfono móvil, que ya ha quedado en desuso en favor del 4G, 4G+ o 5G.

Telefónica, la empresa contratista del servicio de seguimiento de estos medios telemáticos, ya ha anunciado a través de su marca comercial Movistar que ha iniciado el apagado de la señal 3G en España y que en 2025 todas las antenas que aún utilizan esta red habrán sido reconfiguradas.

Este proceso irá reduciendo de forma progresiva la capacidad de la red 3G, pudiendo llegar a generar «zonas de sombra» de cobertura. Una circunstancia que explicaría las quejas transmitidas por las asociaciones de la Policía y la Guardia Civil consultadas respecto a la asistencia a las víctimas de violencia de género.

El motivo son las «situaciones de extrema tensión» que viven los agentes que acuden a un aviso por un posible quebrantamiento, voluntario o no, de la orden de alejamiento. En bastantes ocasiones tienen dificultades para localizar y proteger a la mujer porque la cobertura de su terminal «va y viene» y no da una posición exacta o aproximada, según alerta un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

«Es obvio, pero la mejora de los medios tecnológicos repercuten en la eficacia del servicio, en el tiempo de respuesta. Luego no vale lamentarse», opina un policía interpelado que trabaja en una capital de provincia y asiste a media docena de avisos semanales. El Centro de Control Cometa es el órgano encargado de la monitorización, operación, instalación de los dispositivos y control de las alertas y alarmas. Está conectado con las bases de datos policiales y judiciales y permanece operativo las 24 horas al día durante los 365 días del año.

En noviembre de 2008 el Gobierno socialista adoptó un acuerdo por el que encomendó a los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior la implantación de los dispositivos de detección de proximidad de agresores por violencia de género. Medio año después se sacó a concurso el contrato. En estos 14 años, se han instalado más de 13.000 equipos. Cada uno se compone de tres componentes: dos los lleva al inculpado/condenado, la citada terminal móvil con red 3G-GPS y un transmisor de radiofrecuencia en forma de brazalete de control, y uno la víctima, similar a la primera unidad y que incorpora además una antena exterior para detectar la señal del brazalete de su expareja.

En octubre de 2021, la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género adjudicó a Telefónica el servicio integral de seguimiento de estos medios telemáticos. Por un importe máximo de 36,7 millones y un periodo de ejecución de dos años y cuatro meses (hasta febrero de 2024), la contratista se ocupa del servicio de entrega, instalación, desinstalación y mantenimiento de los aparatos; el servicio de implantación y explotación del sistema, las telecomunicaciones y la red operativa.

Este último cometido incluye la actividad del centro de control y el registro de los problemas de calidad identificados. Este parámetro se nutre de información técnica, de las quejas de las usuarias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de un estudio de satisfacción de las víctimas.

Los 36,7 millones del contrato a Telefónica se financian de forma mixta. Con cargo a los presupuestos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este plan hay una partida prevista para modernizar las pulseras antimaltrato y dotarlas de tecnología «4G o 5G para mejorar su cobertura en territorio nacional y su capacidad de transmisión de datos al centro de control», admiten desde Igualdad. Además de reducir el tamaño y mejorar la funcionalidad de los dispositivos, se reconoce la necesidad de realizar mejoras relativas a la «cobertura de interiores» que ahora se denuncian. Estas medidas se pondrán en marcha «a la mayor brevedad posible».

Según Igualdad, en base a esta inversión «ya se ha implantado con éxito una nueva y avanzada actualización de su sistema de monitorización (plataforma de seguimiento) realizándose todas y cada una de las pruebas, comprobaciones, verificaciones de funcionamiento y garantizando que la protección y la seguridad de las víctimas está garantizada en todos sus términos».

Telefónica, que dentro del pliego de condiciones del contrato se compromete a implementar las mejoras existentes en el mercado, no ha querido responder al cuestionario remitido por este periódico. Cuestiones relativas al mantenimiento de estos equipos con una tecnología en fase de extinción, conocer supuestos problemas de calidad de los dispositivos, el coste por unidad de los mismos o saber cuándo se procederá al plan de sustitución. «No damos información sobre nuestros clientes», justifica de forma sucinta un portavoz de la compañía.

Mateo Balín y Leticia Aróstegui (gráficos)

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