El gran agujero de las becas: el 60% de los niños más pobres no las recibe, y el 13% de los más ricos sí
Ante la disparidad en los criterios a la hora de distribuir las ayudas, un informe de EsadeEcPol propone concentrarlas más en el alumnado más desfavorecido y establecer un umbral mínimo para toda España que las autonomías puedan incrementar
Las becas llegan a muchos menos alumnos desfavorecidos de lo que deberían hacerlo. Un informe publicado este martes por EsadeEcPol refleja que el 60% de los niños de los hogares más pobres no las recibe mientras, al mismo tiempo, un 13% de las familias más ricas sí disfrutan de ellas.
El estudio, basado en la Encuesta del Gasto de los Hogares en Educación y en la Encuesta de Presupuestos Familiares del curso, ambas del INE y del curso 2019-2020, y en los datos que publica el Ministerio de Educación, abarca todo tipo de ayudas educativas, desde las destinadas a subvencionar la compra de libros al transporte escolar, y divide a los estudiantes en cinco grupos según la capacidad económica de sus familias. La conclusión es que el sistema presenta cierto grado de progresividad —el porcentaje de niños becados aumenta a medida que los hogares son más desfavorecidos—, “pero no lo suficiente”. En el escalón más bajo (el análisis engloba desde infantil hasta bachillerato) reciben algún tipo de beca el 41,3% de niños y adolescentes. En el siguiente nivel, integrado también por rentas relativamente bajas, el 30,4%. En el tercer grupo, intermedio, las recibe el 22%. En el cuarto, el 22,8%. Y en el de los hogares más ricos, el 13,2%.
El hecho de que haya familias o individuos con derecho a recibir ayudas públicas que no lo hagan trasciende el terreno educativo. Y tampoco es un problema exclusivo de España, sino internacional (como han puesto de manifiesto diversos informes de la Comisión Europea). Entre los factores que lo explican figuran el hecho de desconocer la existencia de la ayuda, o no saber tramitarla, o tener miedo a ser estigmatizado como pobre. El estudio de EsadeEcPol menciona al respecto los últimos datos difundidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, que solo alcanza al 35,5% de los potenciales receptores, con un grado aún más bajo “para el complemento de infancia, del 18,2%”. Solo en las ayudas al comedor escolar, Save the Children y la ONG Educo estiman que más de un millón de alumnos que, por renta, deberían percibirlas no lo hacen.
Los autores de la investigación, Lucía Cobreros y Ángel Martínez, admiten ciertas limitaciones del estudio. Por ejemplo, la forma en que el INE interroga a las familias encuestadas hace posible que unas consideren que hacer uso del banco de libros del centro educativo al que asisten sus hijos ―que ya existen, con desarrollos distintos, en una decena de territorios― equivale a recibir una beca, y otras no lo crean.
La mayor dificultad a la hora de estudiar el sistema de becas proviene, con todo, del hecho de que, aparte de las ayudas del Ministerio de Educación ―que entre todas las etapas educativas, incluyendo a la universitaria, han aumentado un 68% en los últimos seis años, pasando de 1.493 millones de euros a 2.520 millones―, conviven las de las 17 comunidades autónomas. Y al empezar a analizarlas, “lo primero que se vuelve evidente es la enorme dificultad para obtener información fácilmente interpretable y comparable”. Una parte significativa de las ayudas en ciertos territorios “no siempre tienen carácter de beca o ayuda, de forma que se recogen en estadísticas diferenciadas y no permiten capturar, en un solo indicador homogéneo y preciso, el porcentaje de alumnado que recibe alguna ayuda por comunidad y etapa educativa”.
Ello hace que deban tomarse con cuidado los resultados por comunidades autónomas que ofrece el informe. Por un lado, en la columna de estudiantes con alguna beca (para el curso 2021-2022) destacan los casos de Canarias (con una cobertura del 55%), Castilla-La Mancha (33,7%) y Castilla y León (32,8%). A continuación, para intentar dar una fotografía más precisa, los autores incluyen otra columna que abarca el porcentaje de alumnado con financiación de libros distinta de la beca para el mismo curso; en este caso sobresalen Cantabria (98,1%), Andalucía (96%) y la Comunidad Valenciana (82,9%). Los autores piden tomar especialmente con cautela los datos de Navarra (en el que apenas un 2,3% del alumnado figura como becado), que en su opinión “muestra la dificultad de extraer resultados concluyentes sobre los estudiantes que reciben cualquier tipo de becas o ayudas con fines educativos”, basándose en los datos públicos que ofrece el Ministerio de Educación.
Dar las ayudas de oficio
La investigación, titulada Radiografía del gasto de las familias en material escolar y las becas que ayudan a compensarlo, incluye una parte dedicada a cuánto cuesta la vuelta al colegio de los niños, con conclusiones parecidas a las que EL PAÍS publicó el 1 de septiembre con datos proporcionados por Ángel Martínez. Los importes medios resultantes, basados en una fusión de las dos encuestas del INE mencionadas, y con precios actualizados con el IPC, resultan sensiblemente inferiores a los que han difundido en septiembre empresas y otro tipo de entidades como la OCU. Y son los siguientes: primer ciclo de infantil, 100 euros; segundo ciclo de infantil, 210; primaria, 328; ESO, 398, y bachillerato, 474. Por territorios, el gasto es sensiblemente mayor (un 55%) en Madrid que en Andalucía. Los autores lo atribuyen especialmente al ahorro en libros de texto que supone el modelo de banco de libros andaluz (si bien en Madrid un sistema parecido ha crecido rápidamente en los últimos años, por lo que, si el estudio se realizara con datos actuales, en vez de con los de la Encuesta del Gasto de los Hogares en Educación del curso 2019-2020, la última disponible, podría mostrar una diferencia inferior).
El informe de Esade propone varias medidas para mejorar el sistema de ayudas públicas al estudio, entre las que figura la generalización del sistema de préstamo de libros en centros públicos y concertados, que, si bien implica un “desembolso inicial relativamente elevado para las administraciones, el coste de mantenimiento se reduce en los años sucesivos”. Dicho modelo, en su versión andaluza o valenciana, contiene un elemento de progresividad, al dejar fuera al alumnado de los centros privados, a los que suelen asistir los estudiantes de familias con mayores rentas. Y, al reciclar los manuales y exigir que los chavales los cuiden durante el curso, favorece su “sensibilización ambiental”. Los autores también proponen que las ayudas educativas se dirijan con más intensidad al alumnado de familias con menos renta, concediéndoselas de oficio, y que sean, por ejemplo, automáticas para los hijos de los receptores del Ingreso Vital Mínimo. Y plantean que, para evitar que los diferentes requisitos establecidos por las comunidades dejen fuera a una parte del alumnado vulnerable, se establezca (como en el caso del IMV), “unos umbrales y cuantías mínimas comunes para toda España que cada territorio pudiera incrementar.