La Fiscalía se querella contra el extorero El Litri por extraer 2.000 millones de litros de agua de manera ilegal junto a Doñana

La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra el empresario y extorero Miguel Báez El Litri por supuestamente expoliar el entorno del acuífero de Doñana al regar sus 360 hectáreas de olivar con cuatro pozos ilegales.El ministerio público acusa al empresario de saquear sin autorización un acuífero para regar su finca de 360 hectáreas de olivar

El exmatador de toros, reconvertido en ganadero y empresario, compró en 2019 una finca de secano a las afueras de Sevilla y la transformó en regadío para multiplicar su ganancia económica a costa de extraer durante cuatro años más de 2.000 millones de litros de agua (más de dos millones de metros cúbicos) del acuífero próximo al parque nacional sin autorización legal, según el ministerio público.

La Fiscalía acusa al conocido extorero de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público hidráulico por deteriorar la valiosa reserva subterránea de agua mediante cuatro pozos ilegales en su finca Carrascalejo. El cortijo está situado a 39 kilómetros de la capital andaluza, entre Húevar del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, y cuenta con 360 hectáreas de olivo superintensivo en seto, una enorme superficie similar a 500 campos de fútbol que hace un lustro estaba cubierta de cereal y herbáceas.

Tras una denuncia inicial de la organización ecologista WWF, el ministerio público se querelló hace 15 meses contra El Litri en una causa que dirige la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Sanlúcar la Mayor, Cristina Naranjo. De momento, Miguel Báez, de 55 años, no ha prestado declaración como investigado en el juzgado, a pesar de que la Fiscalía lo solicitó hace meses. El extorero ha rechazado opinar al respecto, pero su abogado, Manuel Macías, critica “la información incorrecta” de la querella, que tilda de “actuación ejemplarizante y un escarnio con él, dada su proyección mediática”. Báez se considera “totalmente inocente”, según su letrado, que confirma que acudirá a declarar cuando le llame la jueza.

“El volumen de aguas ilegalmente detraídas desde 2019 hasta la fecha se estima en alrededor de 2.392.950 metros cúbicos, lo que para tal volumen supondría esto un daño al dominio público hidráulico de alrededor de 574.308 euros”, asegura la querella. Hace casi un año el juzgado ordenó el cierre cautelar de los cuatro pozos y la balsa de riego de la finca, y desde entonces el Seprona de la Guardia Civil acude cada 15 días a la finca para supervisar los precintos y asegurarse de que no se riega, según el letrado. “Las medidas son muy rigurosas y las pérdidas económicas importantes”, lamenta Macías.

Los pozos del empresario extraían agua subterránea de la masa Campo de Tejada, muy cerca del río Guadiamar, con un corredor verde calificado como Red Natura 2000 y sostén esencial para que el agua fluya por Doñana. “Cualquier desequilibrio del balance hídrico de la masa subterránea afecta a la masa superficial de aguas”, aclara el ministerio público en su escrito sobre las tensiones que genera la agricultura intensiva en el frágil ecosistema del parque nacional.

El precedente para Báez no es bueno, ya que la misma Fiscalía de Medio Ambiente acaba de ganar un caso similar contra cinco hermanos terratenientes de la familia Campos Peña, condenados a tres años y medio de cárcel cada uno por esquilmar desde una finca cercana a Carrascalejo el minado acuífero de Doñana, con 2.409 kilómetros cuadrados entre Huelva y Sevilla.

“El empresario conoce perfectamente el mundo rural y si hizo una inversión en un cortijo de secano, estaba asesorado y transformó la finca por negocio, conociendo el rendimiento económico que suponía el regadío, sabiendo que no hay agua disponible. Es un caso muy simbólico que debe alertar de que no todo vale”, critica Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en WWF.

Los olivos eran alimentados mediante riego por goteo y la finca extraía agua de una masa donde no están previstas nuevas concesiones de agua, por lo que la regularización del regadío se antoja muy difícil, subraya la denuncia de WWF. El cálculo de los ecologistas eleva el agua detraída sin permisos hasta los 3,6 millones de metros cúbicos en cuatro años, el doble de la cantidad estipulada por la Fiscalía hasta 2022. La masa de agua Campo de Tejada está declara en buen estado cuantitativo por el Gobierno, pero su índice de explotación es del 0,74, que los expertos consideran arriesgado por la cantidad de agua que se extrae, al estar por encima del 0,60. Superar ese porcentaje suele acarrear problemas de sobreexplotación para las masas subterráneas.

El deterioro de Doñana provocado por la agricultura intensiva se ha visto agravado por la sequía extrema que padece la cuenca del Guadalquivir. La desaparición de sus humedales está en el centro de la polémica tras la presentación de la proposición de ley de la derecha andaluza y que este mes intentan desactivar el Gobierno y la Junta (PP) con la negociación de un plan de 350 millones de ámbito social para la provincia de Huelva.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo encargado de velar por la salud del acuífero, ya estimó irregulares los pozos de la finca y abrió expediente sancionador a Báez por infracción “grave”, que elevó al Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende su conclusión a la espera de que termine el proceso penal.

La Fiscalía pidió en julio de 2022 a la juez recabar un informe técnico a la confederación para frenar “de inmediato” la extracción ilegal que perjudica el acuífero. En paralelo, solicitó copia del expediente sancionador abierto a la finca por el organismo de cuenca para paralizar la vía sancionadora administrativa, como así hizo Transición Ecológica, según fuentes del ministerio.

“Siendo la finca de cultivo de cereal y herbáceas de secano —lo que implica que no requería riego artificial— en 2019 el querellado realizó un cambio de uso a olivar de regadío intensivo, lo que exigía solicitar con carácter previo una Autorización Ambiental Unificada (AAU) (…) que no llevó a cabo”, afirma la Fiscalía. La obligación de pedir ese permiso oficial para que la Junta de Andalucía evalúe el impacto ecológico de la extracción de aguas, presuntamente incumplida por el empresario, está fijada en la Ley 7 del año 2007 de gestión integral de la calidad ambiental de Andalucía. Mientras, la pluviometría media en la comarca sevillana de la finca es escasa y decreciente, de 492 litros por metro cuadrado.

La querella se dirige contra Báez y su empresa Santa María del Río, SL, que gestiona el cortijo, como persona jurídica, y de la que es consejero delegado. Báez posee 15 cargos en 11 sociedades distintas dedicadas a la ganadería, la agricultura extensiva y la náutica. Fundó Santa María del Río, SL hace una década, con su padre, el fallecido y célebre torero Miguel Báez Spuny El Litri como presidente y su madre, Concepción Spínola, como consejera, ambos fallecidos.

El beneficio actual que obtendría El Litri por su explotación de 360 hectáreas, con los olivos en su cuarto año de desarrollo, rondaría los cuatro millones de euros al año, según estima el analista oleícola internacional Juan Vilar. Con el precio del kilo de aceite en nueve euros y descontados los gastos, el beneficio neto por kilo ronda los 7,6 euros y la recogida se estima en unos 1.500 litros de aceite por hectárea, al no alcanzar los setos en regadío aún la edad productiva, situada a partir del quinto año. La altura de los olivos oscila entre los 1,60 y 1,90 metros.