El nombre de Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad, era hasta la mañana de este lunes desconocido para muchas feministas, que se sorprendían por el “perfil bajo” de la elegida por Pedro Sánchez para sustituir a Irene Montero al frente de Igualdad, según ha podido constatar este diario.

Pese a la sorpresa inicial, diversas militantes destacadas del PSOE han recibido la noticia con “alegría” y hablan de Ana Redondo, profesora de Derecho Constitucional y concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, como una “garantía“ para que las líneas básicas del feminismo socialista puedan imponerse en un ministerio “denostado“ por el negacionismo de la ultraderecha.

El Ministerio de Igualdad ha sido la pasada legislatura fuente de noticias como no lo había sido nunca antes. Logró una fuerte inyección económica para hacer frente a los retos de la lucha contra la violencia de género, pero la ley trans, que garantiza la autodeterminación de género sin mediación de informes médicos, impulsada por el sector de Podemos, dinamitó la unión del feminismo y provocó graves fricciones entre las dos partes del Gobierno de coalición.

En este sentido, fuentes feministas destacan que Ana Redondo no se ha mostrado públicamente contraria a la ley trans ni se ha sumado a las manifestaciones de destacadas socialistas, como Carmen Calvo, en contra de la norma.

Según otras fuentes del entorno de Podemos, el perfil de Ana Redondo parece bajo en feminismo, pero alto en compromiso político con el PSOE.

La ley del ‘solo sí es sí’

Otra norma inspirada por Unidas Podemos, la ley de libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, ha supuesto el principal foco de desavenencias entre socialistas y ‘morados’ en el Ejecutivo, y ha sido uno de los argumentos que han usado PP y Vox para desgastar al Gobierno debido a las rebajas de pena de agresores sexuales condenados.

Más allá de esta polémica, la ley del solo sí es sí, que fue reformada finalmente por el PSOE con los votos del PP, supone avances importantes en cuanto al concepto de consentimiento y en cuanto a la reparación a las víctimas, como han reconocido destacados juristas.

Más agenda de Igualdad

¿Qué se espera de la nueva ministra de Igualdad? En palabras de la militancia socialista, que se centre en la lucha contra la violencia de género y desgaje la agenda LGTBI, con presupuesto y estructura diferenciadas, incluso, de la agenda de Igualdad. Algunas fuentes socialistas creen que se debería valorar la posibilidad de que algunas políticas relativas al colectivo LGTBI puedan salir del Ministerio de Igualdad y trasladarse al de Infancia y Adolescencia, por ejemplo.

Hay que recordar que Pedro Sánchez, en su intervención en la primera sesión del debate de investidura, se comprometió a buscar un pacto de Estado por las personas LGTBI, por considerarlo “más necesario que nunca“.

Apuntalar el derecho al aborto

Como retos más inmediatos, la ministra Ana Redondo tiene el de apuntalar el derecho al aborto en los centros públicos, algo que está consagrado en la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del Embarazo, pero que en la práctica aún encuentra escollos.

La ley, de febrero de 2023, garantiza que en los centros sanitarios públicos las mujeres que lo desean puedan abortar sin el impedimento de que todos sus facultativos son objetores de conciencia, como ocurre en la actualidad. De esta manera, las mujeres deben viajar fuera de sus provincias, e incluso de sus comunidades, para poder encontrar un centro donde les practiquen el aborto.

La ley garantiza el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en condiciones de igualdad y proximidad, y, para cumplirlo, establece que hay que conformar una lista con los médicos objetores para así poder crear un registro público de centros donde se garantice la presencia de facultativos que pueden practicar esas intervenciones. Estos registros aún no han concluido.

Una ley contra la trata de personas

Según el pacto de legislatura entre el PSOE y Sumar, el nuevo Gobierno se compromete a tramitar una ley integral contra la trata de personas que cubra “todas y cada una de las distintas formas de trata, con especial atención a las que afectan principalmente a las mujeres“.

Fuera del acuerdo entre Sumar y el PSOE quedó una hipotética ley de abolicionismo de la prostitución, pese a que los socialistas lo llevaban en su programa. Debido a este impedimento, la ley de trata se configura a priori como la ley estrella del Ministerio de Igualdad esta legislatura y servirá para paliar los efectos de la prostitución forzosa a la que se ven sometidos miles de mujeres y menores en España.

En cuanto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la principal herramienta de lucha contra los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, la nueva ministra deberá vigilar su aplicación en un momento muy delicado en el que los mensajes negacionistas de Vox, en el poder con el PP en la mayoría de las comunidades autónomas, ponen en peligro las políticas efectivas contra esta lacra.

En este sentido, este lunes, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) ha pedido a la nueva ministra que revise la aplicación del pacto de Estado contra la violencia machista en Andalucía, donde la Junta ha recortado en más de cinco millones de euros el presupuesto para 2024 del Instituto Andaluz de la Mujer y solo ha ejecutado un 35% de los fondos destinados este año para luchar contra la violencia de género.

Ana María Pascual

FOTO: EUROPA PRESS

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