Las pensiones aumentarán un 3,8% en 2024
Las pensiones mínimas y las no contributivas crecerán más, en torno a un 6,8% según las últimas proyecciones del Gobierno. El gasto en pensiones contributivas alcanzó en noviembre 12.100 millones de euros, el 11,5% del PIB
Las pensiones contributivas crecerán por norma general un 3,8% en 2024, según ha confirmado el Ministerio de Seguridad Social. El detalle del incremento se especifica una vez conocida la inflación interanual de noviembre (3,2%). Esto es así porque la ley establece que la revalorización de las pensiones para el año siguiente se ajusta a la media de las 12 tasas interanuales anteriores a diciembre, es decir, del último mes del año anterior a noviembre del año en curso, y entra en aplicación en la nómina de enero del curso siguiente. Así, la media de ese periodo queda en un 3,8%, de manera que los pensionistas, un año más, no perderán poder adquisitivo.
Esta conexión entre el avance de los precios y la actualización de las pensiones se consolidó en la reforma de 2021, que suprimió el factor de sostenibilidad que introdujo el PP en su modificación de 2013. “Las pensiones contributivas de la Seguridad Social mantendrán su poder adquisitivo en los términos previstos en esta ley”, indica la norma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Cabe destacar que el dato de inflación difundido este miércoles es provisional. Habrá que esperar al 14 de diciembre para conocer el definitivo, pero los cambios suelen ser ínfimos.
Así, la pensión máxima escalará de los 3.059 euros brutos al mes de 2023 a unos 3.174 euros. En cómputo anual crecerá de 42.823 euros a unos 44.450 euros en 2024.
Las pensiones subirán algo más para los más vulnerables, aquellos que perciben pensiones mínimas o no contributivas. La segunda parte de la reforma de Escrivá, aprobada en marzo de este año, establece un incremento superior al del IPC para estas cuantías. La norma marca una senda de subida con el umbral de pobreza como referencia, año a año hasta 2027.
El ministerio no ha hecho público cuánto crecerán las pensiones mínimas y las no contributivas, pero en octubre difundió una estimación que da pistas. Aunque fuentes del ministerio advierten que no es una previsión cerrada, en el documento Proyecciones del gasto público en pensiones en España el Gobierno prevé que la pensión mínima de jubilación contributiva para personas de 65 años o más con cónyuge a cargo crecerá un 6,85%, de 13.527 euros brutos anuales en 2023 a 14.453 en 2024. Este incremento en la pensión mínima puede ser mayor o menor en función de las circunstancias del pensionista (más personas a cargo, años cotizados…), lo que varía la brecha a corregir respecto al umbral de pobreza.
Para las pensiones no contributivas se proyecta un incremento del 6,76%, de 6.785 euros este año a 7.244 el que viene. Cabe destacar que para este cálculo el Gobierno contemplaba que 2023 cerrase con un 4% de inflación (dos décimas menos que la registrada para el periodo diciembre 2022-noviembre 2023). Las estimaciones del Ejecutivo también contemplan cuánto crecerán las pensiones hasta 2027, partiendo de una inflación del 2% a partir del año que viene, el objetivo que se marcan los organismos reguladores internacionales, pero que, según estas mismas instituciones, no se conseguirá en 2024. El Fondo Monetario Internacional prevé que la inflación en España será del 3,9% en 2024.
El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, compuesto por seis expertos en Seguridad Social, publicó recientemente su estimación sobre el alza de las pensiones en 2024 y qué coste implicará para el sistema. Este grupo de académicos, antes de conocer el dato de inflación de noviembre, estimaba que las pensiones contributivas aumentarían un 3,8%. Además, contemplan un alza superior a la de las proyecciones del Gobierno para las mínimas y no contributivas, del 8% y del 7,9% respectivamente. Con estos incrementos, el Grupo estima que el coste en pensiones contributivas aumentará en 2024 en 7.647 millones de euros a lo largo del año, de los que 6.622 millones irán dedicados las pensiones contributivas.
Gasto en pensiones
La Seguridad Social, bajo la dirección de Elma Saiz desde mediados de mes, hizo pública este martes la nómina mensual de las prestaciones contributivas. Esta estadística detalla cuánto cuestan estas prestaciones a las arcas del Estado y qué proporción del PIB implican. En noviembre, España se gastó 12.100,8 millones de euros en el pago ordinario en prestaciones contributivas, el mayor desembolso de la historia. En proporción respecto al PIB, según las estimaciones de la Seguridad Social, esto supone un 11,5% del PIB, dos décimas menos que en el mismo mes de 2022 y nueve menos que en 2020, cuando alcanzó un pico del 12,4%.
En el mismo mes del año pasado, las pensiones contributivas costaron más de mil millones menos. Este salto se debe al acelerón inaudito de la inflación en 2022 por la crisis energética, lo que impulsó un 8,5% las pensiones. El envejecimiento de la población tensionará cada vez más las cuentas de la Seguridad Social.
España abona 10,1 millones de pensiones contributivas, de las que 6,4 millones son de jubilación, 2,4 de viudedad, 945.000 de incapacidad permanente, 340.000 de orfandad y 45.000 en favor de familiares. Estas prestaciones son percibidas por 9,1 millones de pensionistas, una cifra inferior al global de pensiones porque algunas personas reciben más de un tipo de pensión. El envejecimiento que sufre España hace que el número de pensionistas crezca a un ritmo interanual del 1,3%.
Por otro lado, la pensión media del sistema en global asciende a 1.198 euros al mes, algo más de 100 euros por encima del salario mínimo. La de jubilación, la más común, es algo superior: 1.378 euros brutos al mes en 14 pagas.
El gasto en pensiones contributivas de España se completa con las clases pasivas, otros 1.515 millones de euros en octubre (último dato disponible). Son 166 millones de euros más que hace un año, un aumento del 12%. Estos pensionistas son personal militar, personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
