Granada se blindará a los coches contaminantes no censados en la capital a partir de 2025

La propuesta, que amplía la zona de bajas emisiones a todo el territorio de la ciudad con excepción de los parking de borde, no afectará a los residentes

La capital nazarí se va a blindar contra los coches contaminantes no censados en la ciudad. La nueva zona de bajas emisiones, que ha sido presentada este miércoles por el Gobierno local, va a restringir el paso de los vehículos procedentes del exterior por todo el casco urbano, con excepción de los aparcamientos de borde, adonde sí podrán acceder. Residentes, carga y descarga y transporte de viajeros van a quedar fuera de la medida, que supone un cambio radical respecto a la propuesta anterior.

La iniciativa responde al estudio de la circulación realizado por el Ayuntamiento entre diciembre y enero. De acuerdo a esos datos, el 70% de los vehículos que pasan por la ciudad proceden del exterior. La mayor parte de los flujos, según la información recabada, procede de la zona de Armilla, en torno al 16,7%. También son notables los procedentes de Maracena, que alcanza el 13,05%; de Albolote, que son el 12,82%, y La Zubia, que es el 12,01%.

Los estudios revelan también que menos del 10% de los coches que circulan por la capital cuentan con los distintivos ECO y 0-Eléctrico, los dos que están exentos de cualquier limitación al considerarse los menos contaminantes. Con la etiqueta, la que más afección produce, es el 43,74% y sin sello alguno hay al menos un 13%, en torno a 129.916 matrículas.

Con esta información, el equipo de gobierno ha transformado por completo la propuesta de zona de bajas emisiones, que originalmente se articulaba alrededor de una ‘almendra central’. Ahora el área afectada será toda la trama urbana, con excepción de los aparcamientos de borde. La idea es limitar el acceso y contrarrestar esos desplazamientos que están detras de los problemas de calidad del aire que afectan a los granadinos.

La primera edil ha anunciado que la implantación será «gradual» con vistas a que los granadinos se hagan a los cambios. El primer paso llegará en octubre, cuando se activará la restricción con controles de cámara, pero sin multas. El objetivo es que durante los cinco meses siguientes los ciudadanos se habitúen y se culminen las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la zona.

Será desde el 1 de abril de 2025 cuando verdaderamente cobre forma el cierre. Ese día, motos y coches no censados en la ciudad con más de 20 años de antigüedad o que sean altamente contaminantes no podrán acceder a Granada y sólo tendrán a su disposición las 6400 plazas ubicadas en los límites de la capital. Son las de los aparcamientos de Méndez Núñez, Hipercor, Luna de Granada, Torres Neptuno, Centro Comercial Neptuno, APK2 Arabial, Nuevo Los Cármenes y Serrallo Plaza. La zona azul y los parking interiores, sean concesiones municipales o no, estarán vetados también para estos vehículos.

Sí podrán circular, como hasta ahora, los residentes, la carga y descarga y el transporte discrecional de viajeros. Esta excepción responde, según ha explicado la alcaldesa, a criterios técnicos «objetivos» que revelan que son los que realizan un menor número de desplazamientos por la ciudad o afectan a sectores clave, como la hostelería, el comercio o el turismo.

La idea es regularizar con el tiempo también esa excepción. En concreto, la que está relacionada con la carga y descarga. Carazo ha confirmado que se está trabajando en medidas aplicables como el tiempo limitado en carga y descarga monitorizable, la reserva de plazas de carga y descarga para vehículos con etiqueta 0 o Eco, la monitorización de plazas libres de carga y descarga que alivie el tráfico de agitación o una propuesta específica para la distribución de última milla, que es la que va al negocio desde el centro de distribución.

Más allá, los técnicos están valorando medidas transversales con los que complementar la oferta para hacer una «ciudad más amable», en palabras de Carazo. Entre otras, ha señalado la ampliación de infraestructuras de movilidad y transporte, como plataformas reservadas, intercambiadores y carrilles ciclopeatonales. También se está valorando la peatonalización de algunas zonas con objeto de «favorecer el disfrute de una ciudad para vivir».

Asimismo, se va a intensificar la colaboración con el Consorcio Metropolitano de Transporte para mejorar la conectividad con los municipios del Cinturón y se va a abordar con la Junta el incremento de las frecuencias y la llegada de nuevos trenes al sistema de metro. Asimismo, la idea es que el Ayuntamiento trabaje con los municipios metropolitanos para ampliar la red de aparcamientos en origen.

Carazo ha especificado que la medida implica un proceso complejo que requiere, entre otras cuestiones técnicas, la modificación de hasta cinco ordenanzas municipales. Son las que regulan el paso de vehículos a inmuebles, el acceso restringido y los carriles de circulación especialmente protegidos, la carga y descarga, la circulación y ocupación de espacios públicos y el estacionamiento de rotación. Por este motivo, no ha dado información sobre las sanciones y multas que deberán afrontar quienes incumplan las medidas incluidas en la zona de bajas emisiones. La alcaldesa, no obstante, ha remarcado que la iniciativa «no tiene afán recaudatorio» y ha recordado que se trata tanto de una demanda de las autoridades europeas como una medida para paliar los problemas de calidad del aire que afectan a la ciudad, que supera en muchas ocasiones los límites de partículas señalados por la Organización Mundial de la Salud.

La alcaldesa ha recordado que la situación de Granada no es similar a la de otras ciudades. En contra de la misma juegan la peculiar orografía de la capital, que impide la renovación del aire y favorece que las sustancias en suspensión permanezcan más tiempo. La quema de rastrojos, los desplazamientos de vehículos y las calderas siguen siendo factores que afectan a la calidad de lo que respiran los granadinos. Carazo ha avanzado que la idea del Ayuntamiento es estudiar la implantación de la medida y ver cómo afecta tanto a la salud como a la economía de la ciudad. Según ha indicado, en 2028 «será el momento de hacer una evaluación y conocer el impacto».

Pablo Rodríguez