ATARFE: Los acusados del caso Residencial Estrella se defienden en un nuevo juicio sin el exalcalde

El arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Atarfe, Luis Gustavo G.C., y el promotor inmobiliario Francisco Espartero, acusados en el caso de la venta presuntamente irregular de unos terrenos de equipamiento público destinados a la construcción de un complejo residencial para la tercera edad, pero en el que se edificaron 116 apartamentos, han defendido este martes la legalidad de su actuación en un nuevo juicio en el que el exalcalde de la localidad, el socialista Víctor Sánchez, no se ha presentado por razones de salud.

La Fiscalía reclama para Sánchez un total de tres años y medio de prisión, 22 y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación. Inicialmente acusaba también al secretario municipal, pero finalmente ha decidido, tras la petición de su letrado, retirar las imputaciones, por no estar demostrada su participación y por considerar en su caso la prescripción de los delitos, por lo que este procesado se ha levantado finalmente del banquillo de los acusados.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público ha decidido también retirar la acusación de malversación que inicialmente atribuía al arquitecto, que se enfrenta de esta forma a un año y medio de prisión y 18 de inhabilitación, por posible prevaricación, mientras que para el promotor presuntamente implicado solicita cuatro años de cárcel, multas de 16.200 euros, e inhabilitación especial para profesión u oficio, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de estafa.

En el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Granada, y que se prolongará hasta el día 24 de febrero, ha comenzado por declarar el promotor, quien ha explicado que, tras tomarse un café con el entonces alcalde, acordó la construcción de un complejo inmobiliario destinado a mayores, tras conocer un proyecto similar en la provincia de Málaga.

Entonces, el Ayuntamiento, a través de Proyecto Atarfe, le vendió una parcela de más de 6.400 metros cuadrados para ese fin. La venta de los apartamentos, a “precio de coste” y adaptados, se produjo, según ha asegurado el promotor, sólo a mayores, o con la condición de que fueran ocupados por mayores.

En ese sentido, ha justificado que hoy día no estén en manos de personas de la tercera edad en que algunos de ellos los revendieron con posterioridad. Según ha indicado, nunca tuvo la intención de vender apartamentos de uso libre ya que, de hecho, en los mismos bajos de la promoción, instaló negocios destinados a los mayores, como una lavandería, una clínica, e incluso una peluquería.

El arquitecto municipal, que también se ha sentado en el banquillo, ha señalado que la parcela no constaba como de dominio público sino un terreno destinado a equipamiento, como así entendió el Ayuntamiento que era el uso que le iba a dar Francisco Espartero, y “así se convenió”. El inculpado ha defendido así el informe favorable que hizo a la licencia y ha negado su participación en la venta.

El juicio, se prolongará durante los días 17, 18, 23 y 24 de febrero, con el testimonio de peritos, testigos, e incluso los ancianos personados en el proceso como acusación particular.

En este caso, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación provisional, que el que fuera alcalde, el arquitecto y el secretario municipales decidieron autorizar la construcción del Residencial La Estrella, “mediante la elaboración de un plan preconcebido y actuando de común acuerdo”, a la empresa Residencial Estrella de Atarfe S.L. de la que es administrador único Francisco Espartero, en unos terrenos con una superficie de 6.413 metros cuadrados.

Se trataba de una parcela de carácter equipamental, situada en suelo urbano dotacional público, por lo que la autorización de la construcción requería, “en todo caso”, el cumplimiento de los requisitos y los trámites legalmente previstos y exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo.

Así, los acusados, “guiados por el ánimo de beneficiar económicamente” a la empresa de Espartero, “previamente concertados y en connivencia” con el promotor, “idearon un plan”, creando la “apariencia” de que iban a respetar el proyecto inicialmente presentado de construcción de un residencial de viviendas destinadas a la tercera edad, con las características propias de este tipo de edificaciones, “cuando lo realmente pretendido era la venta libre”, porque iba a generar “mayores beneficios”, aunque con el “consiguiente grave perjuicio” al municipio de Atarfe.

Ya el 3 de octubre de 1997, Sánchez acordó en pleno la cesión a favor de la empresa municipal Proyecto Atarfe S.A. de los terrenos de esa parcela, ubicada en la Unidad de Ejecución 9, “previo informe favorable” del también imputado secretario municipal. Posteriormente, Sánchez, en su condición también de presidente del consejo de administración de Proyecto Atarfe aceptó el 6 de febrero de 1998 la cesión y posible enajenación de los terrenos destinados a equipamientos fijando un precio de venta de entre 1.500 y 2.000 de las entonces pesetas el metro cuadrado, sin la correspondiente desafección, en contra de lo que exige la normativa urbanística.

De esta forma, vendió el regidor a Espartero mediante escritura la parcela de 6.413 metros cuadrados, a un total de 9.619.500 pesetas (1.500 el metro cuadrado), con la condición de que la finca adquirida fuera destinada a equipamientos o usos de interés social.

Proyecto de ejecución no acorde al uso del suelo

Asimismo, el empresario, “con la intención de construir una edificación de carácter privado y para eludir” esa obligación, presentó ante el Ayuntamiento para obtener la licencia un proyecto básico y de ejecución del Residencial la Estrella para personas mayores. Por tanto, debería tratarse de un centro dedicado a la prestación de residencia, como equipamiento sustitutivo del hogar a aquellas personas que lo precisasen de forma temporal o permanente.

Sin embargo, no cumplió con el uso público sanitario asistencial previsto, ya que proyectó la edificación, según sostiene el fiscal, para ser enajenada a tantas personas al menos como número de viviendas previstas, quedando así patente su intención de “proceder a su venta privada a particulares”.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2002 el alcalde, “sin tramitar el correspondiente expediente administrativo municipal” para la autorización de la prestación del servicio de residencia, “que era evidente que no se pretendía realizar”, otorgó a la entidad Residencial Estrella de Atarfe S.L. licencia de obras en su condición de equipamental, consistente en la construcción de 116 apartamentos para personas mayores, con locales comerciales y aparcamientos.

Ello, previo informe favorable del arquitecto municipal, que era “pleno conocedor” de las condiciones exigidas para este tipo de suelo y de su “incumplimiento” en el proyecto de ejecución presentado, y con el consentimiento también del secretario, que permitió la enajenación de un bien demanial “faltando a su deber de velar por el cumplimiento de la legalidad”.

Finalmente, el promotor, “guiado en todo momento por el ánimo de obtener ilícitos beneficios económicos”, ejecutó un conjunto residencial con apartamentos que no cumplían con las condiciones exigidas, sin establecer los servicios para satisfacer las necesidades de los ancianos, que deberían haber sido los destinatarios de las viviendas.

A pesar de lo anterior, el alcalde, “con pleno conocimiento de tales irregularidades”, concedió las correspondientes licencias de ocupación el 21 de octubre de 2004 y el 21 de enero de 2006, “certificando así que todo estaba correctamente realizado, cuando la realidad era otra”.

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