Los retos de la movilidad eléctrica

Es urgente acelerar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para una mayor implantación de los coches sin emisiones

La movilidad eléctrica avanza España más lentamente de lo esperado por una incorporación tardía al sector —como reconoció este jueves la ministra Teresa Ribera— y por los recelos de la población hacia un sistema que hoy por hoy no todo el mundo puede permitirse y que, por lo tanto, mayoritariamente, no ha probado ni conoce. Una de las principales cuestiones que inhibe a los ciudadanos a la hora de comprarse un coche sin emisiones —además del precio— es la idea de que no hay suficientes puntos de recarga de acceso público, pese a que el sector reitera que los más de 30.000 existentes son más que suficientes para el parque actual: 175.000 vehículos. Además, los rápidos y ultrarrápidos —que permiten recargar en solo 15 o 30 minutos— se han doblado en un año, hasta llegar a más de 2.500.

‌En este contexto, las imágenes de la pasada Semana Santa —compartidas cientos de veces en las redes sociales— de largas colas de automóviles eléctricos esperando hasta dos horas para cargarse han hecho crecer la desconfianza en estos nuevos modelos. Poco importa que se tratara de un problema concreto en solo dos puntos de una marca —Tesla— o que las aglomeraciones también sean habituales en las gasolineras en momentos de mucho tránsito: para algunos, parece que esta movilidad debe seguir retrasando su llegada.

‌Sin embargo, el cambio es urgente: alrededor del 25% de las emisiones de efecto invernadero de España proceden del transporte. Es, pues, esencial trabajar por la descarbonización para mitigar la emergencia climática. No obstante, la red actual de recarga está lejos de encontrarse saturada, ya que se usa alrededor del 6% del tiempo, según datos de la patronal Aedive.

‌En cualquier caso, es necesario que estas infraestructuras sigan evolucionando para acompañar la implantación de vehículos eléctricos: hacen falta, sobre todo, más cargadores rápidos y ultrarrápidos por toda la geografía nacional. Esa es la principal petición de los usuarios. En este sentido, y teniendo en cuenta que se trata de infraestructuras clave, no es de recibo que los trámites burocráticos para poner en marcha un punto de recarga ultrarrápido se demoren dos años o más. Se estima que hay unos 8.000 instalados que aún no funcionan por este motivo.

‌Urge, además, instalar señales para mostrar dónde se encuentran estos emplazamientos, como ya ocurre con las gasolineras. La Dirección General de Tráfico creó una señal a tal efecto en 2022, pero su instalación podría tardar años, y debería impulsarse. Por último, como forma de asegurar la confianza de los usuarios, es necesario un mapa nacional oficial que indique dónde están los puntos de recarga, cuáles están en funcionamiento y a qué velocidad cargan. El Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a ponerlo en marcha, pero lleva dos años de retraso y es urgente que se publique cuanto antes. La movilidad impulsada por energías poco contaminantes no puede esperar.