«JUGARSE EL TIPO» por Remedios Sánchez
Nadie puede que en todas las profesiones existen saltabalates y oscuros personajes que buscan enriquecerse como sea, pero este no es el caso según se ha evidenciado en sucesivas sentencias.
En la vida civil, a diferencia de la judicial, normalmente suele ganar quien vende mejor el relato; por eso, llegados a este punto de la causa de los ERE, muchos andamos desconcertados y cargados de dudas razonables de que el relato que alimentó titulares desde 2009 no tenga una carga importante de sobreactuación sobre un fondo de realidad que, al final, ha dinamitado el buen nombre y la carrera de parte de la cúpula del antiguo PSOE andaluz. Me refiero, naturalmente, a esta última sentencia del Tribunal Constitucional que exculpa a la antigua consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, del delito de prevaricación por elaborar la ley de Presupuestos -aprobada luego en el Parlamento- que incluía ayudas económicas para trabajadores de empresas andaluzas en crisis. Ahora toca que el resto de los condenados por lo mismo (Chaves o Griñán, entre otros) sigan idéntico camino buscando que se aclare su situación de una santa vez. La cuestión, si se certificase su inocencia, es quién les devuelve el tiempo perdido, quién restituye su honor, cómo se compensa el inmenso sufrimiento que supone un juicio sumarísimo y, desde una perspectiva más general, de qué manera se devuelve la dignidad a la gestión pública, tan devaluada en la última década.
Nadie puede que en todas las profesiones existen saltabalates y oscuros personajes que buscan enriquecerse como sea, pero este no es el caso según se ha evidenciado en sucesivas sentencias. Porque recuérdese que a Álvarez, Griñán o Chaves se les acusaba de meter la pata, pero nunca la mano, conste. Y han tenido que pasar diez años largos para que el TC apunte que tal vez tampoco metieron la pata, que era lo que con tanta rotundidad se nos explicaba a los columnistas que nunca hemos sido ni de izquierdas ni de derechas sino todo lo contrario. Así la ciudadanía fue perdiendo la confianza junto con la mayoría de los lideres carismáticos de esta comunidad autónoma que, o bien se marcharon con deshonor, o bien dejaron la primera fila porque la política hoy se ha convertido en una tarea de alto riesgo.
Y hasta aquí llega el relato. Ahora la consecuencia es que, una vez que se ha constatado el valor relativo del refrán “no la hagas, no la temas”, poca gente con una carrera profesional floreciente se expondrá a que una firma en un documento o una resolución no ajustada técnicamente a derecho puedan destrozarle la vida. Por eso el relevo generacional no se ha basado en criterios de excelencia o talento (se salvan unos pocos nombres de diferentes partidos) sino en quién es un valiente o está suficientemente desesperado para jugársela en estos tiempos de crispación exacerbada. Máxime con la progresiva judicialización que ha sobrepasado cualquier límite razonable. En cuanto a la causa política de los ERE y sus consecuencias gravísimas, la pregunta es dónde estaban los técnicos competentes y esos juristas especializados que debieron verificar si se podía o no firmar tal o cual resolución. Porque ahí es donde radica el problema capital.
Un gestor público tiene como función desarrollar un modelo de construcción social vinculado a una ideología pero no es experto en todo, si exceptuamos, claro está, a Pedro Sánchez. De los demás se espera coherencia y compromiso ético, esa alta dignidad que requiere ser un representante de la voluntad popular.
