La batalla de MUFACE, clave en el proceso de privatización sanitaria
Es inaceptable que el Gobierno claudique a la presión de unas aseguradoras privadas que pretenden adueñarse del sistema público.
MUFACE en un modelo asistencial obsoleto residuo del franquismo y que la Ley General de Sanidad de hace 40 años declaró a extinguir y que incumple la legislación que obliga trasferir la atención sanitaria a las Comunidades Autónomas.
Además de ilegal (vulnera la Ley General de Sanidad y el modelo de Estado descentralizado) es inviable económicamente, motivo por el que las aseguradoras exigen un incremento del 57% de los fondos públicos que reciben del Estado para mantenerlo. Resulta paradójico que quienes promueven la libre competencia en sanidad pretendan seguir subvencionadas con fondos públicos.
Los/as nuevos funcionarios/as mayoritariamente eligen ya la Sanidad Pública (el 67% de las nuevas incorporaciones), por lo que solo va quedando en MUFACE quienes tienen más 65 años (a partir de esta edad las personas consumen tres veces más recursos sanitarios).
MUFACE, además de ser algo obsoleto e inviable económicamente, genera desigualdad
MUFACE, además de ser algo obsoleto e inviable económicamente, genera desigualdad, ya que sus usuarios tienen acceso a prótesis, gafas o atención dental gratuita, algo que no recibe el resto de la población y pueden cambiar al sistema público anualmente si tienen enfermedades graves ya que los Hospitales Públicos funcionan y tienen muchos mejores recursos que los privados de las aseguradoras.
Algunos sindicatos corporativos, espoleados por las aseguradoras, presionan para mantener la atención privada del funcionariado, es decir seguir disfrutando de las ventajas del Estatuto de la Función Pública (que les garantiza estabilidad, carrera profesional o salarios adecuados) y mantener prestaciones que no disfrutan el resto de las personas trabajadoras.
Es irracional y suicida que estos sindicatos apoyen a las aseguradoras privadas que en Estados Unidos tienen un gran rechazo social por incumplir sus compromisos al negar la asistencia a los pacientes más graves y necesitados de atención. Tanto en ese país como en Argentina los nuevos gobernantes neoliberales afirman que van a acabar con los/as funcionarios/as (Trump y Milei pretenden expulsar de su trabajo a millones de ellos).
Desde las aseguradoras afirman que la incorporación de las personas atendidas por MUFACE colapsarían el Sistema Público y provocarían su ruina, con los consiguientes despidos y cierre de hospitales.
–Extender la asistencia publica a 1,5 millones de usuarios solo supondría un incremento del 2% de la presión asistencial, algo absolutamente viable, mientras que solo el 20% de los ingresos de las aseguradoras provienen de MUFACE y gracias a los recortes del sistema publico han multiplicado sus ingresos por los Seguros Complementarios que mucha gente contrata para huir de las listas de espera y que ya superan el 20% de la población (muchos de estos seguros son una estafa ya que tiren listas de espera, consultas mayoritariamente telefónicas incumplen los servicios contratados y reenvían al sistema público a los enfermos más graves y costosos).
–Las ganancias de las aseguradoras son enormes: Adeslas ganó en 2023 414,58 millones de euros; DKV 951 con un beneficio neto de 46 millones; ASISA 1.761 millones de euros creció un 4,9%; Caser 74 millones; Sanitas 2.637 millones de euros con un beneficio de 210 millones. Es decir las aseguradoras, gracias a los recortes de la sanidad pública, ya no tienen la necesidad de recurrir a las licitaciones de MUFACE, se han plantado y piden mucho más financiación porque saben que si no hay concierto con MUFACE muchos funcionarios contratarán seguros privados con ellos.
Resulta indignante que las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular sean las que más apoyen MUFACE mientras recortan el gasto sanitario y sus recursos.
Es inaceptable que el Ministerio de función Pública de un gobierno progresista claudique a la presión de unas aseguradoras privadas que pretenden adueñarse del Sistema Sanitario Público y que apueste por mantener la desigualdad y la irracionalidad sanitaria.
FOTO: FONDO SANITARIO
