Armilla, Atarfe y Maracena critican la «deslealtad» de Diputación y piden «la verdad» del Consorcio de Bomberos
La institución provincial tilda de “desfachatez” la comparecencia de los tres alcaldes, cuyos ayuntamientos «deben 2,2 millones de euros»
Las alcaldesas de Armilla y Atarfe, Loli Cañavate y Yolanda Fernández, y el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, han denunciado la «deslealtad» del Gobierno del PP en la Diputación de Granada y le han exigido que «diga la verdad» sobre la situación de sus municipios en el Consorcio Provincial de Bomberos.
Junto a la portavoz socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, han pedido a la Diputación que «se ponga de lado» de los ayuntamientos y «facilite» la información que hasta ahora «les ha negado», según ha informado el PSOE de Granada en una nota.
Así, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha denunciado la actitud «totalmente desleal» de la Diputación de Granada al «verter mentiras» contra el Ayuntamiento armillero porque «no es un Consistorio deudor» del Consorcio Provincial de Bomberos, sino que existe una «discordancia» en la cuantía que se debe aportar.
«Creemos que el PP ha tomado una serie de compromisos con los bomberos, con esos excelentes profesionales, y ante su falta de capacidad para cumplir está buscando culpables. Nos ha elegido a los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia como culpables de sus incumplimientos», ha señalado.
La regidora ha insistido en que «para nada» el Ayuntamiento de Armilla es deudor del Consorcio Provincial de Bomberos y «no se le puede achacar» los «incumplimientos» que está llevando a cabo la Diputación.
Por su parte, la alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, ha mostrado su «indignación» por esta situación, sobre todo, porque el municipio ha entrado a formar parte del Consorcio desde el 29 de enero de este año, una vez que en 2024 sobrepasó los 20.000 habitantes.
«Desde que recibimos la visita del diputado responsable en primavera del año pasado, hemos estado haciendo las gestiones que nos han ido marcando para entrar en el Consorcio y ahora sale diciendo que no pagamos», ha manifestado.
Fernández ha pedido a la Diputación que «aclare qué es lo que no no se paga, porque la localidad metropolitana, en todo este tiempo «no ha formado parte de este Consorcio».
«Que duden de nuestra gestión y de nuestra responsabilidad cuando no hemos tenido ahora mismo ningún servicio relacionado con este Consorcio, la verdad es que nos duele», ha apostillado.
«Deslealtad institucional»
Asimismo, el alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha lamentado la «deslealtad institucional» de la Diputación por lo que ha pedido al diputado que «se dedique» a asistir a los municipios y que «nunca vuelva a atacar» a tres ayuntamientos socialistas con la «única intención» de «dañar o menoscabar» la institución, que son los consistorios, que es la administración «más cercana a la ciudadanía».
Al respecto de este caso, ha asegurado que Maracena «ha cumplido desde el primer momento que entró el nuevo equipo de Gobierno y pagaron en los primeros meses lo que se debía del año 2023, cosa muy contraria a lo que hizo el anterior Gobierno del PP y de VOX, que pagó cero euros al Consorcio Provincial de Bomberos».
«En 2024 se duplicó la cuantía que debemos pagar y no tenemos nada de información. El Gobierno anterior de Maracena no preguntó ni exigió absolutamente nada», ha apuntado Porcel, para incidir en que como alcalde se «siente en la necesidad y obligación» de pedir ese informe económico-financiero para ver de dónde viene ese «aumento del 100% que tienen que pagar los maraceneros».
El regidor ha indicado que lo ha hecho tanto por escrito como en las diferentes asambleas del Consorcio y «no se ha recibido respuesta». «No nos han explicado por qué pasamos de 300.000 a 600.000 euros, por lo que desde el Ayuntamiento de Maracena le pedimos al diputado que se ponga al lado de los alcaldes y que nunca haga oposición a los ayuntamientos desde la Diputación», ha explicado.
Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha exigido al presidente de la institución, Francisco Rodríguez, «que ejerza como tal, puesto que para eso percibe un salario público, y deje de ser el presidente del PP para atacar a los alcaldes socialistas de la provincia».
Además, Gómez ha pedido que «no use la Diputación» para «verter» información «falsa, sectaria e intencionada», así como de utilizar los recursos públicos para «arremeter» con los ediles socialistas, en este caso, a vueltas con el Consorcio Provincial de Bomberos.
Diputación mantiene que los tres ayuntamientos «deben 2,2 millones de euros»
Por otra parte, el diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha vuelto a reclamar a los ayuntamientos de Armilla, Maracena y Atarfe sus «impagos» al Consorcio Provincial de Bomberos y ha tildado de “desfachatez” la comparecencia de los alcaldes socialistas que mantienen dicha deuda.
Los tres municipios, que tienen competencias en la materia, deben un total de 2,2 millones de euros, «poniendo en riesgo el buen funcionamiento de un servicio esencial para la seguridad de la provincia», ha trasladado en una nota de prensa. Concretamente, Maracena adeuda 1,5 millones de euros, mientras que Armilla acumula un cargo de 276.000 euros y Atarfe, de 445.000 euros.
Martos ha declarado que “es inaceptable» que estos ayuntamientos «morosos, respaldados por la diputada provincial Fátima Gómez, pretendan exigir mejoras y recursos a la Diputación cuando ellos mismos no cumplen con sus obligaciones». «No se puede tener la desfachatez de presentarse en la puerta de la institución a quejarse, mientras se mantiene una deuda millonaria que pone en jaque la seguridad de los ciudadanos. Todos los demás municipios han cumplido con sus pagos y no es justo que unos pocos pongan en peligro un servicio tan esencial”, ha añadido
El diputado ha recordado que la Diputación ha tratado de alcanzar acuerdos y «facilitar soluciones de pago, pero ante la falta de respuesta firme por parte de los consistorios deudores, se verá obligada a actuar con contundencia». “Si no se llega a una solución de inmediato, no dudaremos en llevar a cabo las acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos”, ha advertido Martos.
El diputado ha detallado que Armilla ha mostrado «su negativa a abonar la deuda», argumentando que no está de acuerdo con los costes establecidos, si bien Maracena había acumulado «un gran retraso» en los pagos, pero se llegó a un plan de aportación gradual del que queda un saldo importante por liquidar. Por último, Atarfe se comprometió a realizar el pago, pero hasta la fecha «no ha abonado un solo euro, desentendiéndose de sus responsabilidades y aprovechándose del servicio que, como todos los demás municipios, debe costear”.
Redacción aG
FOTO: Los tres regidores socialistas, acompañados de la diputada Fátima Gómez, a las puertas de la institución provincial. PSOE de Granada
