Estas son las 15 medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso
El presidente del Gobierno propone ante la Cámara Baja un plan estatal de lucha contra la corrupción que endurece los delitos contra la Administración Pública y recoge la creación de una Agencia de Integridad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles ante el Congreso de los Diputados un «plan estatal de lucha contra la corrupción» que contiene 15 medidas destinadas a mejorar la detección y prevención del fraude, a endurecer las penas de los condenados por corrupción y a proteger a las personas que alertan de este tipo de prácticas, entre otros objetivos.
El plan, ha explicado el líder del Ejecutivo, se ha elaborado con la ayuda y en coordinación con el departamento Anticorrupción e Integridad en el Gobierno de la OCDE, y con las aportaciones de Sumar y de los grupos parlamentarios con los que Sánchez se ha reunido en el último mes, tras el estallido del caso Cerdán, e incluye medidas recomendadas por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).
El plan se divide en cinco ejes, y el primero es el de «Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción». En este apartado se incluye la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, que asumirá las funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas y coordinará la lucha contra la corrupción. Se extenderá la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración Pública.
Se introducirán aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para automatizar y optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude y se exigirán sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones; además, se exigirá el despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos, como hacen ya otros países europeos.
Se desarrollará una «Ley de Administración Abierta» para reforzar la obligación de transparencia activa, que establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado. Se establecerán «controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato».
Se recogen, además, medidas para reforzar el control sobre los partidos políticos: obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes; profundización en la «transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción»; se aprobará una «Ley de Transparencia e integridad de los Grupos de interés».
El segundo eje es el de Protección a los denunciantes de corrupción. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se incluirá que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez a denunciar actos de corrupción, cuente con «garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal». Se exigirá a las empresas tener «canales internos de denuncia» y se obligará a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un «sistema general de integridad institucional».
El tercer eje es el de Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción. En este apartado se propone la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados; se otorgará «carácter preferente y se creará un procedimiento sumario» para las causas que involucren a cargos públicos.
Se propone reforzar la Fiscalía Anticorrupción con más medios y la remisión a las Cortes Generales del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal.
El plan prevé endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción, junto al aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales.
Se pretende poner en marcha un «sistema de exclusión y listas negras» para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración. Dentro de los partidos, se propone el «endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas» a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.
El cuarto eje es el de Recuperación de los bienes robados mediante corrupción. La primera medida es aumentar medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Se optimizará su coordinación con juzgados, fiscalías y con la Fiscalía Europea.
Se propone introducir la figura del «decomiso administrativo o preventivo», que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
El quinto y último eje es el de Generación de una verdadera cultura de integridad, que incluye la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
El Gobierno, además, ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.
Periodista. Empezó su carrera en infoLibre y ABC (beca APM). En 2018 llegó a Público para encargarse de la información parlamentaria y desde finales de 2020 cubre la información de Unidas Podemos (ahora de Sumar y de Podemos) y Gobierno. Máster de Liderazgo Democrático y Comunicación Política de la UCM, es coautor de ‘Yolanda Díaz, la dama roja’ (Penguin, 2022).
Periodista. Comenzó su carrera en la prensa de Albacete. Se especializó en Información Internacional y trabajó en La Nación en Costa Rica. En 2014 empezó a cubrir Política y Sociedad en Cuartopoder. Trabajó en comunicación política institucional. Desde 2021 forma parte de la sección de Política de Público, cubriendo información del PSOE y Moncloa.
FOTO: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso.Javier Lizón / EFE
