Cuando Moreno Bonilla nombró consejero de Universidad, Investigación e Innovación a José Carlos Gómez-Villamandos hubo quien se ilusionó pensando que un catedrático universitario, antiguo rector en Córdoba y presidente de la CRUE, pondría en marcha los cambios necesarios para responder a la problemática que viene afrontando la universidad pública en las últimas décadas. Pero no se tuvo en cuenta que ilusión comparte etimología con iluso y que ambas provienen del verbo ‘illudere’, que significa jugar o burlarse de alguien; es decir, tomarle el pelo.

Y el pelo nos lo ha tomado la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) dependiente de su consejería que, con sus informes negativos, intentó bloquear la impartición  en la Universidad de Granada de los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica (en colaboración con la de Jaén). El Consejo de Universidades es quien, al final, ha puesto sensatez para revertir el desaguisado que cuestionaba la capacidad de la UGR (recuérdese: tercera española por prestigio en el ranking internacional), dinamitaba una línea estratégica de la provincia, e impedía que el alumnado pudiera cursarlos aquí. Este año, desde luego, ya no es factible dadas las fechas. Por eso, cuando toca asumir responsabilidades políticas, los silencios de Villamandos y su afirmación de que respeta las decisiones de la UGR suenan a guasa.

Era conocido que el Consejero de Universidad tiene especial simpatía por la universidad privada; baste recordar que, de las cinco que existen en Andalucía, cuatro se han aprobado bajo su mandato. Esto, que ya es difícil de explicar en cualquier momento, en este contexto socioeconómico en el que, como advierte la presidenta de la CRUE, Eva Alcón,  estamos perdiendo el ascensor social que han supuesto las universidades públicas porque las becas no se ajustan al coste de la vida (léanse alquileres de pisos y residencias con precios inasumibles), es  inaceptable; por eso se esperaba que,  aunque fuera por supervivencia política, se guardase la ideología en el bolsillo y rectificase apoyando las necesidades reales de los andaluces que no tienen 40.000 euros para pagar una matrícula.

Pero don José Carlos perseveró en el error y ahora parece casi imposible salirse de un charco que se ha hecho más grande que el embalse de Iznájar; sobre todo tras declaraciones del tipo “los evaluadores de ACCUA van por libre», como si la agencia le fuese ajena y los integrantes de las comisiones se sacaran al azar de un bombo, igual que hacen los niños de San Ildefonso con los números ganadores de la Lotería de Navidad.

Basta, además un poco de memoria para sumar tres argumentos indiscutibles: uno, que en 2023 él mismo creó la ACCUA; dos, que nombró director a quien había sido su gerente dentro del equipo rectoral para que diseñara la estructura acorde a su planteamiento estratégico; y tres, que precisamente esta misma comisión validó ese grado para una de las universidades privadas.

Por eso, llegados a este punto, o bien Gómez-Villamandos asume que ha sido una metedura de pata abisal y se compromete con un modelo que priorice mérito y esfuerzo sobre capacidad económica, o lo van a bajar a él del ascensor porque la sangría de votos puede ser irreversible. Tan irreversible como la sensación de frustración que tienen hoy el millar de jóvenes aspirantes a iniciarlo este curso en la UGR.

FOTO JUNTA DE ANDALUCIA