El fin de la moratoria amenaza con desahucios masivos de familias

Este año, diciembre empieza con una cuenta atrás. Y no precisamente la de los calendarios de adviento. Es la cuenta atrás de miles de familias que podrían verse obligadas a abandonar sus hogares con el cambio de año. ¿El motivo? El fin de la conocida como «moratoria antidesahucios». Nacida al albor de la pandemia, esta herramienta jurídica, integrada dentro del «escudo social», permitía a los inquilinos en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional solicitar la suspensión extraordinaria de su desalojo. La medida, vinculada en un primer momento a la disminución de ingresos sobrevenida por el impacto de la COVID-19, continuó, alejada ya de su propósito inicial, prorrogándose año tras año. Convertida en el flotador salvavidas de decenas de miles de hogares. Cerca de 60.000 en sus cuatro primeros años en activo, según un informe del Observatori DESCA publicado a finales del año pasado. Para que nos entendamos, la normativa habría conseguido suspender o paralizar hasta un 24% de los procedimientos de desahucio abiertos en España entre 2020 y 2024. 

Pues bien, este mecanismo de protección está a punto de extinguirse. Lo hará definitivamente el último día del año, el 31 de diciembre, según lo establecido en el Real Decreto‑ley 1/2025 del 28 de enero. Y los efectos de esta extinción -sostienen sindicatos de inquilinos, asociaciones vecinales e investigadores- pueden ser fatales. «Se van a producir decenas de miles de desahucios, ya que, por una parte, se reactivarán todos los que se encuentran ahora suspendidos y, por otra, los nuevos casos que vengan estarán desprotegidos», condensa Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Aprovechando para lanzar una advertencia: «2026 podría ser un año peor en cuanto a desahucios que los años más duros de la última crisis». La producida por el estallido de la burbuja inmobiliaria allá por 2008. No es para tomárselo a broma. Entre 2008 y 2019, DESCA cifra en 684.000 el número de lanzamientos llevados a término. Y en más de 1,7 millones el número de personas afectadas.

«Para evitar volver a lo mismo, y más en una situación de emergencia habitacional como la que sufrimos, esta medida no debiera ser coyuntural, sino estructural, y mantenerse indefinidamente», pone sobre la mesa Morote. Aplicándose ante cualquier situación de vulnerabilidad -económica o social- sin alternativa, insiste el activista. Por lo menos mientras los poderes públicos sean incapaces de ofrecer alternativas dignas. Y sí, se puede hacer. «Tenemos como ejemplo el caso de la moratoria hipotecaria -la suspensión de lanzamientos para deudores hipotecarios vulnerables- del año 2012″, recuerda Alejandra Jacinto, abogada y fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Una normativa -apunta la letrada- que se ha ido consolidando, renovándose de cuatro en cuatro años y que actualmente está en vigor hasta el año 2028. «La aprobó Rajoy, fíjate, ante la oleada frenética que había de desahucios. Entonces no les parecía tan descabellado», ironiza la jurista.

Y es que la discusión sobre una posible prórroga de la moratoria ha avivado las críticas de los sectores más a la derecha del Congreso respecto a una herramienta que consideran que «ampara la okupación», condenando a los propietarios a la inseguridad jurídica y haciéndoles responsables de las labores de protección social propias del Estado. Una opinión que los populares comparten con su primo hermano, el partido liderado por Santiago Abascal.

Y que, además, coincide sospechosamente con la postura de Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. «Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler», advertía Laura Fernández, directora general de la asociación, el pasado mes de noviembre. Aprovechando para recalcar el carácter «excepcional» y justificado en el contexto concreto de la pandemia de la norma. «El propietario no debe ser el que soporte las consecuencias negativas de que no haya un sistema público a la altura», valora en un comunicado publicado en su página web la asociación.

“No es como lo pintan”, les responde Jacinto. La aplicación de la moratoria llevaba aparejado un sistema de compensaciones económicas para los propietarios que pudieran sufrir pérdidas. Un sistema del que, cinco años después, pocos caseros han hecho uso. Según una investigación reciente de elDiario, menos de uno de cada 10 afectados ha reclamado esta ayuda. Apenas 4.118 peticiones para -recordemos- cerca de 60.000 casos. Lo que ha supuesto un desembolso total de unos 10,5 millones de euros. “Si de verdad hubiera una alarma entre los propietarios, si tanto daño económico estuviera causando esta medida, el volumen de las solicitudes sería mucho mayor”, concluye Jacinto.

Por eso, sindicatos y asociaciones se muestran tajantes: «Es urgente una nueva prórroga». Y no solo eso. «Además sería imprescindible mejorar la medida, ampliar sus supuestos», matiza Jacinto. Porque sí, la moratoria ha conseguido frenar muchos desahucios, suavizando las cifras de los años de la burbuja, pero no por ello es perfecta. «Muchas casuísticas siguen quedándose fuera», se lamenta la letrada. Por dos motivos fundamentales.

«El primero es que la norma está redactada demasiado arbitrariamente, quedando expuesta al libre arbitrio de cada juez», apunta la letrada del CAES. Simple y llanamente: hay jueces que la aplican y jueces que no. «El segundo es que la norma solo aplica en casos de vulnerabilidad sobrevenida por alguna circunstancia, como la pérdida repentina de trabajo», prosigue. Dejando en un limbo las situaciones de pobreza cronificada. «Tampoco aplica a los alquileres fuera de la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos», sigue enumerando excepciones Jacinto. Ni siquiera en el caso de los alquileres de renta antigua, como el de la que ya se ha convertido en una de las caras del movimiento por la vivienda en España: Mari Carmen.

«Los contratos que vencen ahora son los desahucios de mañana»

A la caducidad de la moratoria antidesahucios se suma un ingrediente más: la inminente renovación de unos 300.000 contratos de alquiler en todo el país. Una renovación sin garantías para los inquilinos afectados. Que sindicatos y asociaciones de vivienda temen que derive en una nueva oleada de desahucios invisibles, fuera de las tribunales, impulsados por la subida imparable de los precios. «Entre unas cosas y otras, a lo largo de enero, febrero, marzo… vamos a tener una ejecución de desahucios en cascada, que no podemos permitirnos ahora mismo», denuncia Jacinto. «Porque, no nos engañemos», amplía la letrada, «los contratos que vencen ahora son los desahucios de mañana».