No sobran migrantes, falta inversión
No sobran migrantes, falta inversión: las administraciones recortan allí donde más se necesitan servicios públicos
El incremento de la población extranjera en España no siempre está acompañada de un aumento proporcional de los servicios públicos. Es en esta competición de los ciudadanos por los recursos donde las narrativas antimigratorias encuentran su filón.
Esta información forma parte de un proyecto de periodismo de investigación transfronterizo, llamado ‘Landscape of change’, en el que ‘Público’ participa junto al medio maltés ‘Amphora Media’.
Sus abuelos emigraron a Venezuela después de la Guerra Civil. «Los nativos sabemos lo que es la pobreza. De pequeña, mi madre tenía que bajar del pueblo en burro, aquí no había ni carreteras», relata el taxista mientras recorre la calzada que conecta Adeje (Tenerife) con la costa. No tuvo que ser fácil asfaltar los caminos abiertos sobre la roca volcánica. Pero en los años sesenta, la pujante industria turística del franquismo arribó con fuerza a la isla y la convirtió en el destino perfecto para las clases medias del norte de Europa. Esa carretera, razona el taxista, es una prueba más de cómo el turismo ha mejorado la vida de los adejeros.
El vehículo se abre paso entre hoteles, descampados con grúas y pequeños centros comerciales con indicaciones en inglés. Esa zona del pueblo es para los turistas. Los autóctonos y las personas migrantes, principalmente italianos, acuden a ella para transportarlos, servirles sangría y hacer sus camas. «No cabemos más, ni gente de fuera ni turistas. Esto es una isla, no puedes construirla entera y no crece más», masculla de pronto el taxista. ¿Dónde notan los vecinos de Adeje los efectos negativos de esta superpoblación? El taxista balbucea. Pide que le repitan la pregunta. Lo que sigue es una madeja de frases sueltas sobre la permisividad en las fronteras y la falta de integración de los migrantes. «Hay una saturación de los recursos», afirma sucintamente como conclusión.
Contrastar esta hipótesis, tantas veces repetida en barras de bar, platós de televisión y mítines políticos, ha sido el objetivo de la investigación periodística transnacional Landscape of change (Entorno cambiante), liderada por Amphora Media (Malta), financiada por Journalism Fund y en la que ha participado Público. Para ello, este periódico ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios españoles con más de 10.000 habitantes entre 2014 y 2023, así como la inversión municipal en servicios sociales entre ese mismo periodo. Además, se ha estudiado la ratio de pacientes por sanitarios y de alumnos por aulas en las zonas con mayor concentración de población extranjera. Público se ha desplazado hasta algunos de estos lugares para conocer su realidad de primera mano.
El resultado de esta investigación ha ratificado que el incremento de población extranjera en algunos municipios no siempre ha venido acompañado de una mejora o aumento de los recursos y servicios públicos por parte de las administraciones competentes. Este fenómeno destaca en aquellos lugares donde la mayoría de los extranjeros provienen de países empobrecidos, lo que hace que los habitantes de dichos municipios –sean autóctonos o migrantes– se vean obligados a competir por dichos recursos.
Adeje, el pueblo del que tuvo que migrar la familia del taxista, es ejemplo de ello. El municipio tinerfeño es uno de los que tiene mayor porcentaje de población migrante de España. De los 50.523 habitantes que según el INE había censados en enero de 2023, prácticamente la mitad (un 48,4%), eran de nacionalidad extranjera. En su mayoría, italianos e ingleses. Esto supone un punto porcentual más que en 2014. Al igual que la población, en este periodo ha crecido la recaudación de impuestos, que pasó de 2.130 euros por persona a 2.185 en el mismo periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda. Casi 300 euros por encima de la media nacional en 2023.
El Ayuntamiento de Adeje, en manos del PSOE desde 1987, ha invertido una parte de estas ganancias en su partida municipal de servicios sociales, destinada a la orientación de personas vulnerables, actividades socioeducativas, dependencia, acceso a recursos adaptados o gestión de ayudas económicas de emergencia. En 2023, el consistorio gastó una media de 116,5 euros por habitante en esta partida, 30 euros más que hace diez años si se tiene en cuenta la inflación. Adeje también cuenta con una ratio de alumnos por aula que, según los datos aportados por el Gobierno local -entre 24 y 26 en secundaria y 20 en infantil y primaria- se ajusta a las exigencias marcadas por el Gobierno autonómico, actualmente en manos de Coalición Canaria.
Entonces, ¿dónde nota el taxista la falta de recursos? El coche avanza despacio a lo largo de una carretera colapsada. «En el alquiler», explica tras unos segundos de silencio. Sus precios, asegura, están «por las nubes». Los movimientos por el derecho a la vivienda de la isla llevan años denunciando que este fenómeno es consecuencia de la presión turística que hay sobre la isla y del auge del alquiler vacacional. El concejal de Presidencia y Planificación de Adeje, Manuel Luis Méndez, en conversación con Público, asume que esto genera «indudablemente» problemas con la vivienda. «En los últimos 10 años hemos perdido un 18% de camas hoteleras», explica. «Sin embargo, el alquiler vacacional se ha disparado un 200%», apuntilla Ezequiel Borges, director de Comunicación del consistorio. Méndez señala como responsable de esta situación al Gobierno autonómico y al reglamento de vivienda vacacional actual.
Si se tienen en cuenta los datos de Idealista de agosto de 2025, el precio del metro cuadrado en Adeje ha experimentado un importante incremento en los últimos dos años, elevándose un 15% en la venta y un 23% en el alquiler. El coste medio del metro cuadrado en el primer caso alcanzó este verano los 19,8 euros de media, mientras que el de venta rondó los 4.471 euros por metro cuadrado. Ambos superaron la media nacional en aquel momento, establecida en 14,5 y 2.498 euros respectivamente.
El taxista también se queja de que los servicios sanitarios están saturados. Cuenta a este periódico que hace unas semanas tuvo que acudir junto a su hijo al centro de salud y que tardaron en atenderlo. Tenerife cuenta con tres hospitales públicos, que se encuentran al norte de la isla, y siete privados o concertados. En el sur de la isla sólo hay dos hospitales. El Quirón Costa Adeje, privado, y el Hospital Sur, público, pero que aún no se encuentra a pleno rendimiento. Además, la zona sur de la isla cuenta con un centro de salud y «un pequeño dispensario», describe Ezequiel Borges. Esto hace que la presión poblacional sobre los sanitarios públicos sea mucho mayor que en otras zonas de España.
Según los datos del Servicio de Información sobre Atención Primaria (SIAP) del Ministerio de Sanidad, la media de población asignada a cada médico de familia en Canarias en 2023 era de 1.438 personas. Sin embargo, en Adeje, la ratio se eleva a 1.923 personas por médico en el centro de salud y a 2.045 en lo que Borges denominaba «dispensario», de acuerdo a los datos del propio Ayuntamiento.
«Sanitariamente estamos deficitarios, pero no es una competencia nuestra», explica a este periódico Manuel Luis Méndez. El edil explica que llevan años esperando a que el Gobierno autonómico avance en la construcción de un nuevo centro de salud en la zona que «solventaría un poco la saturación que puede tener este». Por el momento, según ha podido comprobar este periódico, no existen avances en esta cuestión.
El intercambio de acusaciones entre las distintas capas de la administración pública es algo habitual en cualquier municipio de España, confirman a Público varias fuentes consultadas durante esta investigación. Justamente en los límites de este reparto burocrático de responsabilidades –en ocasiones en manos de partidos ideológicamente opuestos– es donde se producen los mayores desajustes entre el crecimiento de la población y los servicios públicos que se ponen a su disposición. Mientras en Adeje dichas limitaciones se evidencian especialmente en la sobrecarga del sistema público de salud, en El Ejido (Almería) se muestra en la desinversión en los servicios sociales del Ayuntamiento –especialmente en la escasez de trabajadores de este sector–, mientras que en otros, como Elche (Alicante), se percibe en los recortes en servicios adaptativos como aulas de aprendizaje del castellano para migrantes arabeparlantes.
Además, sobre todos los municipios, especialmente en los más turísticos como Adeje, también planea la sombra de la especulación inmobiliaria, que dificulta el acceso a una vivienda digna especialmente entre los más vulnerables. Landscape of change ha podido identificar que la dificultad de acceder a un recurso habitacional y, por tanto, para empadronarse, es una de las principales barreras que encuentran las personas extranjeras para acceder a los recursos públicos.
Relación entre población extranjera y recursos públicos en CINCO de los municipios con más extranjeros de España
La escasez de recursos -generada por los recortes o por la falta de inversiones en lo público por parte de las administraciones competentes en cada caso- pone en jaque la convivencia de los vecinos de estos municipios. El taxista de Adeje, como nieto de quienes una vez tuvieron que emigrar para buscar un futuro mejor, dice entender las razones que llevan a otros a querer emigrar a Tenerife. Pero los recursos públicos, insiste, «deben ser para los de aquí en primer lugar». Su demanda parte de la premisa de que quienes provienen del extranjero aportan menos de lo que reciben. Sin embargo, como ha podido comprobar este periódico en base al análisis de la recaudación de impuestos municipales y a las consultas a expertos, esta afirmación no es cierta. O, al menos, no se puede extrapolar a toda España.
Menos manos donde más falta hacen
No existe una correlación proporcional entre el crecimiento de la población general o extranjera y el incremento de las partidas destinadas a servicios sociales. Así, mientras en algunos municipios, como Adeje, Teulada o l’Alfás del Pi (ambos en Alicante), aumentan la inversión municipal en servicios sociales por encima del crecimiento de la población extranjera censada, en otros municipios, como Rojales (Alicante) o Manilva (Málaga), la inversión disminuye. Que ocurra una cosa o la contraria depende de la formación política al frente del consistorio
A la hora de estudiar las oscilaciones del gasto municipal en servicios sociales se debe tener en cuenta que una parte importante de ellas tienen como destino las prestaciones a la dependencia, tal y como ha indicado a este periódico Manuel Fuentes Jiménez, director de la Asociación Directivos y Gerentes en Servicios Sociales. «Si te fijas en los municipios de Andalucía verás que muchos de los que han incrementado las partidas en servicios sociales es porque han aumentado el gasto en dependencia», asegura el experto.
A día de hoy no es posible saber a través de los datos del Ministerio de Hacienda qué porcentaje de estas inversiones están destinadas a la población general o las personas migrantes en particular. Fuentes Jiménez explica que esto se debe a la reforma de la administración local de 2013 del entonces ministro de Economía, Cristóbal Montoro (PP), que entre otras medidas impidió identificar el objeto final de las partidas presupuestarias municipales.
Aún así, observar la fluctuación de estas inversiones en comparación con su población migrante permite observar cómo se comportan los gobiernos locales en relación al gasto social, que por lo general suele estar destinado a la población más vulnerable, entre la que se encuentran los extranjeros de clase trabajadora que provienen del sur global.
Una buena forma de medir el interés de un consistorio en procurar ayuda a su población es mediante el gasto que hace en trabajadores del sector social, como personal administrativo, orientadores o trabajadores sociales. Este gasto se recoge en los capítulos I y II de la partida en servicios sociales de un Ayuntamiento. El primero hace referencia, principalmente, a los salarios de los trabajadores públicos, mientras que el segundo aglutina el gasto en organizaciones privadas y sus empleado.
De media, la inversión de los municipios de más de 10.000 habitantes en el primer capítulo fue de 57,6 euros por persona en 2023, mientras que en lo privado alcanzó el doble, unos 103,2 euros. La comparación de gasto en estos dos capítulos también permite estudiar el grado de subcontratación –privatización– que un Ayuntamiento hace de sus servicios sociales.
Por lo general, la tendencia en el año 2023 era invertir menos en personal de servicios sociales conforme mayor era la población extranjera. Especialmente, en los casos en los que dicha población procedía de países empobrecidos, como Europa del este, Latinoamérica o el continente africano. Es decir, que allí donde más manos hacían falta, menos disposición municipal había para contratarla. De hecho, en cuatro de los cinco municipios con mayor porcentaje de vecinos de origen extranjero y pobre los gobiernos locales recortaron los salarios de profesionales de los servicios sociales.
De estos cinco, solo Moguer y Níjar –el único que incrementó este gasto– superaron la media de 57 euros de inversión en salarios públicos. Por el contrario, el municipio que menos gasto hizo en esta partida fue Salt (Girona), gobernado por ERC, que pasó de los 7,6 euros de 2014 a los 2,4 en 2023, según los datos de Hacienda.
Entre los lugares en los que la inversión local en servicios sociales es muy baja destacan aquellos en los que la crispación social ha sido explotada por formaciones xenófobas y nacionalistas. Ejemplo de ello es El Ejido (Almería), donde en 2019, y de la mano del PP, Vox entró por primera vez en un gobierno. El municipio agrícola es uno de los que más población extranjera tiene censada y que en 2023 suponía un 32% de sus vecinos. La mayoría de ellos eran africanos.
En Torre-Pacheco (Murcia), en cambio, la tensión social desembocó el pasado verano en disturbios xenófobos contra la población de origen extranjero. En 2023, esta suponía el 29,6% de todo el pueblo y, de nuevo, era mayoritariamente africana. Aquel año, el consistorio invirtió 42,3 euros por vecino en los salarios públicos de los servicios sociales y otros 26,90 euros en organizaciones privadas para que prestaran dichos servicios. Ambas cantidades están por debajo de la media del resto de municipios españoles.
En otros casos, como Elche (Alicante), pese a que la inversión municipal se incrementó en 2023 y se aproximó a la media nacional, aún estaba lejos de contar con los recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos más recientes. María Antón, activista de la Plataforma de Ayuda a los Refugiados de Elche, afirma que la situación ha empeorado desde la vuelta del PP al Gobierno en junio de aquel mismo año, esta vez de la mano de Vox.
Desde el otro lado de la Plaza de la Iglesia de La Hoya (Elche), Antón señala con el dedo una antigua torre defensiva de color azul: «Allí está la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC)«. Antes, cuenta la activista, la oficina abría de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y contaba con varios trabajadores. Ahora, en cambio, sólo abre dos días a la semana. Esto ha puesto una piedra más en el camino de quienes inician la gincana burocrática que supone regularizar su situación una vez llegan a España.
El rechazo del Gobierno local hacia la población extranjera es manifiesta. El pasado mes de septiembre, la concejala de Familia e Infancia ilicitana, Aurora Rodil (Vox), aseguró que no había recursos para atender a los menores de edad extranjeros no acompañados que debían llegar a Elche, pero tampoco «vocación» de crearlos. Mirando hacia atrás, a María Antón le parece mentira que en 2017 Elche se declarara ciudad de acogida para los refugiados.
La otra cara de esta moneda es que en los pueblos donde la mayoría de los extranjeros vienen de países con PIB altos, la inversión en servicios sociales es, por lo general, mayor. Al contrario de la creencia común, este fenómeno no es el resultado de que los extranjeros africanos, latinoamericanos o eslavos aporten menos a la economía española. De hecho, según las fuentes consultadas por Público, ocurre todo lo contrario.
El gran bulo: «Reciben más de lo que dan»
Otro taxi, otra ciudad. Esta vez el vehículo atraviesa los enormes huertos de la Vega Baja del Segura, en Alicante. La enorme oferta laboral que generan esas explotaciones agrarias ha hecho de esta zona del Mediterráneo un importante reclamo para quienes vienen a España en busca de trabajo. El taxista lo reconoce: los jóvenes autóctonos ya no quieren hacer ese trabajo. Aún así, se queja de que «los de fuera» hagan uso de los servicios públicos, como los hospitales. «¿Quién paga la factura? ¿Eh?», se pregunta.
Actualmente, no es difícil escuchar en los bares de España una variante de esta frase: «Los migrantes tienen más ayudas que los de aquí». Suena a frase de dúo cómico de los ochenta, pero, según una encuesta de 2024 elaborada por 40dB para Grupo Prisa, tres de cada cuatro españoles consideran que la migración satura los servicios públicos. Además, dos de cada cuatro consideraba que los migrantes recibían demasiadas ayudas públicas.
«El sistema de bienestar español es contributivo y está muy segmentado por clase», explica a este periódico el economista Juan Iglesias, profesor de la Universidad de Comillas. Sus principales partidas son las pensiones y el desempleo, a la que se suman las inversiones en educación y la sanidad pública. Desde la crisis financiera de 2008, todas ellas han sufrido recortes. Aún así, el grueso del gasto social que hace cada año el Estado va destinado a estas cuatro partidas, especialmente a las dos primeras. «La población del sur global está infrarrepresentada en las pensiones y la prestación por desempleo», explica Iglesias.
Primero, porque es una población muy joven que todavía no se ha jubilado. En segundo lugar, porque en el caso del desempleo «tiene peor trabajo, sus contribuciones son peores y reciben menos». Por lo menos, apunta el experto, la mitad que los españoles. Aún así, esta población extranjera, menor numéricamente que la que proviene de países ricos, es la que tiene «la tasa de población activa más alta», detalla Iglesias, por lo que «la contribución al Estado de bienestar es claramente mayor». «Están aportando más de lo que reciben», asegura.
Por su parte, los extranjeros que provienen del norte global, por lo general, no contribuyen tanto a las arcas públicas, explica Iglesias. Pero tampoco hacen mucho uso de las prestaciones públicas. «En un barrio con británicos y españoles no existen tantas necesidades sociales», razona Iglesias. Para empezar, son núcleos familiares que, por su edad, no vienen con hijos menores a su cargo, por lo que no suelen hacer uso de escuelas públicas. Además, en el caso de que sus hijos necesiten acudir a un colegio, «van a escuelas concertadas o privadas». También acuden a colegios públicos, añade, siempre que estos cuenten con buenas referencias.
De nuevo, la cuestión de la clase social es fundamental para comprender la complejidad del fenómeno migratorio en España. «En Tarrasa (Barcelona) hay colegios donde encuentras 101 nacionalidades diferentes. No puedes hacer un proyecto educativo potente si no lo dotas de recursos públicos», evidencia Iglesias. «Es una cuestión de clase social». Las ayudas que reciben las personas extranjeras vulnerables en España son las mismas que recibe cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, dice Juan Iglesias, «los migrantes se han incorporado a las clases sociales más bajas». Esta población joven, de clase trabajadora, autóctona o migrante, demanda servicios sociales que suponen una una mínima parte de las partidas presupuestales. Mucho menos, al menos, de lo que se destina en total a pensiones o prestaciones por desempleo, a las que apenas acceden.
Los partidos conservadores agitan la migración frente a los ojos de sus potenciales votantes. Describen sus defectos con pasión, hacen promesas que violan el derecho humanitario internacional y esbozan políticas de control demográfico propias de principios del siglo XX. Para encender la chispa de la indignación social enarbolan estos prejuicios, que en los últimos años han dado lugar a linchamientos y persecuciones de la población migrante, como en Torre-Pacheco (Murcia) el pasado verano y en El Ejido (Almería) a principios de siglo.
Mientras tejen estos relatos, la mayor parte de los bares de España son atendidos por personas de origen extranjero. En uno de ellos, al sur de Tenerife, el encargado de un restaruante, de origen ecuatoriano, recorre la sala atendindo a los turistas europeos que acuden a la isla de vacaciones. Entre mesa y mesa, se detiene a hablar sobre la inmigración en la isla. Su situación, dice, es relativamente buena. Aún así, subraya: «Los que dicen que vienen a España y les dan 20 euros al día no tienen ni idea».
Metodología
Público ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios de más de 10.000 habitantes de España entre 2014 y 2023. Esta información se ha puesto en relación con la población de nacionalidad española censada en cada uno de estos municipios.
Además, se han revisado las variaciones del gasto municipal destinado a servicios sociales en 2014 y 2023, disponible en el código de función consolidado 23 de los presupuestos liquidados para cada uno de esos años, recopilados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, se han analizado los cuatro capítulos más relevantes de esta partida, ya que constituyen su grueso y aparecen de forma más o menos constante cada año. Estos son: el Capítulo I. Gasto de personal; el Capítulo II. Bienes corrientes y servicios (donde se incluye la prestación de servicios externos); el Capítulo IV. Transferencias corrientes (donde se integran las subvenciones, entre otras cuestiones); y el Capítulo VI. Inversiones reales (como la adquisición de material).
Para hacer estas cantidades comparables y ajustarlas al valor del dinero actual, se han actualizado según la inflación de agosto de 2025, último dato disponible en el momento del análisis. Esta información también se ha cruzado con la ratio de médicos de cabecera por municipio, disponible en la base de datos del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
Por último, se han visitado los municipios de Rojales y Almoradí (Alicante), Adeje y Granadilla de Abona (isla de Tenerife) y Roquetas de Mar y Níjar (Almería). La elección de estas localidades se realizó teniendo en cuenta variables como el porcentaje de población extranjera, la procedencia (para abarcar países del norte y del sur global) y la renta media (para observar la situación en municipios con mayor y menor renta).
Para este trabajo, se han considerado países del norte global a Canadá, Estados Unidos, el norte, occidente, centro y sur de Europa, Rusia y otros países de Europa y Oceanía. Por contraposición, se han considerado países del sur global a México y los del centro y sur del continente americano, así como los países de África, del este de Europa, Oriente Medio, la India y China. Esta clasificación es una generalización basada en la llamada «línea Brandt», elaborada en 1980 por el entonces canciller de la Alemania Occidental, Willy Brandt, que diferenciaba entre los países del mundo con alto desarrollo económico y los que no lo tenían. Aunque desactualizada y con excepciones, esta clasificación también refleja las divisiones raciales y de influencia cultural de una parte del mundo sobre otra.
Este reportaje forma parte de la investigación Landscapes of Change, coordinada por el medio maltés Amphora Media y desarrollada gracias al apoyo de Journalism Fund Europe.
Si tienes cualquier duda sobre esta investigación nos puedes escribir a investigacionydatos@publico.es.
