Hoy  traemos a esta ventana periodística un articulo editorial del MIRADOR DE ATARFE publicado en el Mirador en papel de febrero de 2002  con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y que parece que no hemos avanzado nada.

Esta era  la tercera reforma educativa elaborada en esta legislatura (tras la Ley de Universidades y la de FP), que incluye medidas como una reválida al terminar el Bachillerato, itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria y la gratuidad de la Educación Infantil. «¿Por qué la ley que reforma la Sanidad merece llevar una memoria económica y la que cambia toda la educación española no?». El Ministerio de Educación preparó una memoria económica para la reforma educativa antes del verano que nunca ha presentado el Gobierno. En ella se destinaba financiación para contratar sólo a 2.300 profesores más en la ESO (uno por cada 800 alumnos) para implantar los itinerarios, y además alrededor de dos terceras partes de esa cantidad iban a la educación privada concertada. Tras conocerse este documento, el caballo de batalla de la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición ha sido solicitar al Gobierno que presente esa memoria al Congreso.

«PRIMERO EL DEBATE, DESPUƒÉS DE LA LEY
Como si no hubiera aprendido nada del proceso en torno a la LOU, todo parece indicar que el gobierno se apresta a reformar la ense–ñanza no universitaria, y en particular la obligatoria, con el mismo despliegue de arrogancia, imprudencia y arbitrariedad del que ya ha hecho gala.

El gobierno sigue un plan cuyos puntos esenciales son sobradamente conocidos: ha se–alado a la comprensividad como el enemigo a batir, achac‡ándole la responsabilidad de deteriorar el sistema educativo y de provocar un incremento del fracaso escolar. Sin pruebas que avalen esa acusació—n, arrop‡ándose en el malestar de un cierto sector del profesorado, remachando unos
cuantos slogans, sin haber provisto los medios necesarios ni tomado las medidas imprescindibles, se arroja por la borda una forma de favorecer el derecho de todos los ciudadanos a la educaci—ón obligatoria en condiciones de igualdad.

Tras la oportunista bandera de la calidad -un concepto ambiguo cuyos criterios no se explicitan, unilateralmente enarbolada, esconde una polí’tica cuya intencionalidad es la de retrotraer
al sistema educativo hacia un modelo caducado que entiende que la educació—n mejora cuando se vuelve má‡s elitista y en consecuencia selecciona, clasifica y estratifica al alumnado.
Los profesionales, el púœblico y la sociedad son hoy conscientes, queŽ duda cabe, de los efectos no deseados, producidos por la forma precipitada en que se ha desarrollado la LOGSE y el deficiente apoyo econó—mico, pero ser’a un error regresar a viejas f—órmulas, ensayadas sobradamente entre nosotros con los efectos ya conocidos, de segregaci—ón, fracaso de los má‡s necesitados y academicismo.

Las dificultades de implantaci—ón de un sistema comprensivo son, sin duda, retos a superar, sin arrojar por la borda los logros alcanzados en materia de garantí’a de la igualdad y de reconocimiento de la diversidad, o sin haber explorado suficientemente sus posibilidades.
Los problemas de fracaso, abandono e indisciplina que se detectan en el sistema educativo espa–ñol, especialmente en la etapa secundaria, no pueden imputarse sin m‡ás a la ampliaci—ón de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséŽis añ–os ni a la implantació—n de un curr’ículum comprensivo. En todos los paí’ses desarrollados, aparecen problemas similares, y en algunos de modo má‡s grave y violento, con independencia de la estructura organizativa de las etapas y de la configuració—n del curr’ículum.

La LOGSE no aumenta el fracaso. Corregir el que exist’a en porcentajes escandalosos fue una de las razones para promulgarla. Por ello, nos parece necesario advertir que propuestas como establecer itinerarios m‡ás o menos fijos y excluyentes, o agrupar al alumnado por niveles ya han sido experimentadas en otros pa’íses, se han mostrado incapaces de solucionar los problemas mencionados, han generado segregació—n y exclusi—ón y han sido finalmente abandonadas. La calidad de la educació—n, entendida en tŽérminos de adquisiciones culturales sustantivas, de desarrollo de la responsabilidad, de formació—n de actitudes para la convivencia, de mejora de la igualdad de oportunidades, de preparaci—ón de todos para los retos del presente y el futuro previsible necesita otros diagnó—sticos, otras reformas y muy distintas medidas debatidas y consensuadas entre todos los sectores implicados.

Ciertamente, nunca como hoy hab’a sido la sociedad tan consciente de la importancia del sistema educativo para la convivencia pol’ítica, la cohesió—n social, el progreso econó—mico, la distribuci—ón de las oportunidades vitales y la realizaci—ón personal, por un lado, y de las dificultades de traducir todo ello en pol’íticas pœúblicas y prá‡cticas profesionales efectivas, por otro. Pero, en un ‡ámbito como el de la educació—n, no só—lo importante y complejo en todo caso sino necesitado de un elevado grado de consenso entre la comunidad amplia, el pœúblico interesado y los profesionales que la sostienen, debe venir primero el debate y despuŽés la ley, y no al contrario.

Un debate que debe abordar, efectivamente, las f—órmulas concretas mediante las que conjugar comprensividad y diversidad, convivencia y libertad, igualdad y calidad, pero tambiŽén la necesidad de elevar la moral y el estatus profesional del profesorado y otros agentes educativos, agilizar y mejorar el funcionamiento de las organizaciones escolares, desarrollar proyectos curriculares œútiles y relevantes, establecer nuevas relaciones entre los centros de ense–ñanza y las comunidades a las que sirven y lograr que la sociedad sepa, controle y apoye lo que hace su sistema educativo y que los agentes de Žéste se sientan obligados y respaldados por aquŽella.

En suma, un debate no basado en apresurados diagnó—sticos, medias verdades, utilizaci—ón interesada de datos estadí’sticos o de comparaciones improcedentes con otros pa’íses, todo ello tendenciósamente mezclado con rumores y consignas sobreb la «ca’da del nivel», los «objetores escolares», la «crisis de disciplina» y otros slogans publicitarios, en vez de considerar con honestidad los logros y las insuficiencias del sistema actual y las oportunidades y los riesgos de su reforma. Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible. Un debate, pues, y tras Ž las reformas que sean necesarias, con el apoyo de los profesionales y de la sociedad.

NOTA: el Mirador de Atarfe suscribe el manifiesto redactado en Baeza en contra de las medidas que se avecinan y lo asume como su editorial»