«Conferencia Episcopal S.A.» por Agustín Martínez
Durante décadas, la Iglesia católica española perfeccionó el arte del silencio y la ingeniería de la ocultación.
No fue solo una cuestión de manzanas podridas; fue una estructura sistémica diseñada para proteger la institución a costa de la carne y el alma de los más vulnerables. Los sótanos de las parroquias y los pasillos de los colegios religiosos se convirtieron en zonas de sombra, donde la impunidad campaba a sus anchas bajo la bendición del alzacuellos. Cuando el escándalo se hizo insostenible, la estrategia pasó de la negación al encubrimiento geográfico: traslados de diócesis, envíos a misiones o destinos remotos donde el depredador, lejos de ser castigado, encontraba un nuevo coto de caza virgen. Se movía el problema de sitio, pero se mantenía el peligro, priorizando siempre la reputación de la sotana sobre el grito del niño.
Tras años de una resistencia numantina, parecía que la jerarquía eclesiástica había iniciado, por fin, un necesario –aunque tardío– examen de conciencia. Sin embargo, la realidad ha vuelto a darnos una bofetada de cinismo. Ahora que toca hablar de reparación, la Iglesia saca su peor cara: la del contable sin escrúpulos. Al oponerse a las cuantías propuestas para indemnizar a las víctimas, los obispos han decidido que la vida destrozada de miles de niños es una cifra negociable.
Es una ignominia que quienes predican la caridad y el arrepentimiento se comporten como una multinacional en liquidación de daños, tratando de minimizar el coste de un dolor que ellos permitieron y silenciaron. Esta actitud mercantilista es la gota que colma un vaso ya desbordado por los privilegios. No podemos seguir manteniendo un Concordato que es un anacronismo sangrante, un cordón umbilical con el pasado que otorga a una confesión religiosa un papel preponderante en lo fiscal, lo económico y lo institucional. La reparación de las víctimas no puede ser objeto de subasta. Cada euro que la Iglesia intenta ahorrarse en indemnizaciones es un nuevo insulto a quienes vieron su infancia robada. Se impone, de una vez por todas, la denuncia de unos acuerdos con la Santa Sede que insultan la realidad social de este país. Es hora de que el Estado deje de ser el guardián de los privilegios de una institución que, ante el dolor humano, prefiere contar monedas que pedir perdón de rodillas y con la cartera abierta. Sin justicia plena y sin el fin de su estatus de excepción, su ‘examen de conciencia’ no es más que una burda operación de marketing.
FOTO: https://www.archiburgos.es/2020/01/28/conferencia-episcopal-permanente/
