‘El laberinto de la impunidad y la justicia hispánica’ por Agustín Martínez
Un artículo de Agustín Martínez, crítico y valiente, que te recomendamos
La democracia no solo se mide por la capacidad de los ciudadanos para depositar una papeleta en una urna cada cuatro años; se mide, fundamentalmente, por la salud de sus instituciones y la equidad de su sistema judicial. Sin embargo, en la España actual, esa salud parece haber entrado en una fase de metástasis institucional que nos deja una sensación de orfandad democrática sin precedentes. Las decisiones recientes de nuestras más altas instancias judiciales no solo resultan socialmente discutibles; resultan, sencillamente insultantes para la inteligencia colectiva y están peligrosamente alejadas del sentir de una ciudadanía que asiste, atónita, a la consagración de la impunidad para unos pocos.
El último y más flagrante ejemplo de esta deriva es la decisión de la Audiencia Nacional de excluir del juicio del Caso Kitchen los audios que recogen las bochornosas conversaciones entre la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el excomisario José Manuel Villarejo. Estamos hablando de pruebas materiales, grabaciones que no dejan lugar a la interpretación poética, donde se escucha con una nitidez escalofriante cómo se gestaba el uso de los recursos del Estado para fines criminales.
Lo que la ciudadanía percibe en el Caso Kitchen no es un simple episodio de corrupción al uso. Estamos ante el diseño de una trama parapolicial financiada con fondos reservados -es decir, con el dinero de todos los contribuyentes- cuyo objetivo era destruir pruebas que implicaban al PP en la Gürtel y espiar a Luis Bárcenas. La gravedad de este asunto es tal que puso en jaque los cimientos del Estado de Derecho: el aparato de Interior volcado, no en proteger al ciudadano, sino en proteger al partido en el poder de sus propias responsabilidades penales.
Resulta incomprensible, desde cualquier óptica que no sea la del servilismo ideológico, que la Audiencia Nacional ratifique ahora la exclusión de unos audios donde Cospedal le pedía a Villarejo «limpiar» lo que fuera necesario. Esta decisión es el broche de oro a una instrucción, la de los jueces García Castellón, primero y Peña, después, que pasará a la historia como el manual de cómo pasar de puntillas sobre la cúpula del delito. Que se haya dejado fuera de la causa a Mariano Rajoy y a la propia Cospedal, centrando el tiro únicamente en mandos policiales y en un exministro como Jorge Fernández Díaz, es un ejercicio de funambulismo jurídico que desafía la lógica de los hechos: ¿De verdad alguien puede creer que un operativo de esta magnitud se montó a espaldas de la dirección nacional del partido beneficiado?
El Caso Ábalos (Mascarillas) representa la corrupción más zafia, grosera y decepcionante, pero se circunscribe a la codicia personal y el enriquecimiento ilícito, por contra, el Caso Kitchen no buscaba que alguien se comprara un chalé o un coche de lujo. Buscaba la supervivencia de una estructura política mediante la perversión del Estado
En estos días, los altavoces mediáticos de una determinada ideología intentan establecer una equivalencia moral entre el Caso Kitchen y el Caso Mascarillas, que sienta en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos. Nada más lejos de la realidad. El Caso Ábalos (Mascarillas) representa la corrupción más zafia, grosera y decepcionante. Una banda de aprovechados que utilizó la estructura de un ministerio para lucrarse personalmente en el momento de mayor vulnerabilidad de la nación. Es un delito despreciable que merece el máximo castigo, pero se circunscribe a la codicia personal y el enriquecimiento ilícito, por contra, el Caso Kitchen no buscaba que alguien se comprara un chalé o un coche de lujo. Buscaba la supervivencia de una estructura política mediante la perversión del Estado. Aquí no se robaron comisiones; se robó la democracia. Se utilizaron a policías en activo para incriminar a adversarios políticos, para amedrentar a testigos y para esconder bajo la alfombra de las alcantarillas las pruebas de la financiación ilegal de un partido.
Confundir ambos escenarios es no entender -o no querer entender- que mientras lo de Ábalos es un cáncer en el órgano, lo de la Kitchen es un veneno inyectado directamente en el torrente sanguíneo de la separación de poderes.
La ciudadanía observa con una mezcla de indignación y resignación cómo el calendario judicial y las decisiones de calado parecen seguir un guion escrito en despachos ajenos a la ley. La percepción de que existe una justicia para «vips» y otra para el resto no es un invento de la demagogia; es una conclusión lógica ante hechos empíricos.
Cuando un juez como García Castellón -cuya trayectoria está jalonada de decisiones que, casualmente, siempre alivian la presión sobre el PP y la intensifican sobre sus rivales- cierra una instrucción dejando fuera a los máximos responsables políticos, y la Audiencia Nacional lo avala eliminando pruebas directas, lo que nos envía un mensaje demoledor, porque se nos está diciendo que el Estado de Derecho tiene zonas de sombra, donde la luz de la verdad no puede entrar si el implicado tiene el carné adecuado.
Esta desconexión entre la judicatura y el sentido común de la calle es muy peligrosa, porque al blanquear de facto la participación de la cúpula del PP en la trama Kitchen mediante la exclusión de pruebas clave, la Audiencia Nacional no solo desprotege la causa; desprotege la confianza del pueblo español en sus jueces.
¿Para qué sirven las pruebas si la arquitectura judicial está diseñada para actuar como un filtro que solo deja pasar a los «peces pequeños»?
Si admitimos que las conversaciones donde se encarga la comisión de delitos no son válidas para juzgar a quienes las mantienen, estamos vaciando de contenido la lucha contra la corrupción sistémica. ¿Para qué sirven las pruebas si la arquitectura judicial está diseñada para actuar como un filtro que solo deja pasar a los «peces pequeños»?
La historia juzgará estos años como el periodo en el que una parte de la judicatura decidió convertirse en el último bastión de una ideología que se niega a rendir cuentas. La desfachatez de ignorar audios escandalosos mientras se retuercen tipos penales para perseguir otros fantasmas políticos es la prueba de que el sistema necesita una regeneración profunda. Mientras tanto, nos queda el sabor amargo de una justicia que, en lugar de ser ciega, parece haber decidido elegir muy bien a quién quiere ver y a quién prefiere ignorar. El daño al prestigio de nuestras instituciones es ya, desgraciadamente, casi irreversible.
EL INDEPENDIENTE DE GRANADA
FOTO:Archivo: M.R. y Prensa Congreso
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