Los datos rebaten la supuesta discriminación de los españoles frente a los inmigrantes que alega Vox

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se quejó el pasado 19 de febrero en la cámara regional de que “jóvenes como Fran y Bea, jóvenes españoles, nacidos en Madrid, de padres españoles que trabajan y pagan impuestos para sostener Madrid” no vean nunca sus nombres en la lista de beneficiarios de vivienda pública. “Les voy a leer los nombres de algunas personas que sí se han llevado una vivienda pública en un municipio hace muy poquito en Madrid”, anunció. Y empezó a leer: “Kamal, Michael Dan, Peter Favio, Andrea Olguta, Monsef, Danitza, Hicham, Jasminka, Intisar, Nelson Moise, Walter, Hafida”. “Estas personas no tienen la culpa”, agregó, “de estar pasando por delante de Fran y Bea y de tantos españoles a la hora de acceder a una vivienda pública. Por cierto, también pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler. Los culpables son ustedes que promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país para beneficiar a los que acaban de llegar”.

Pérez Moñino resumió, en su intervención, el argumentario que utiliza Vox para defender la que el partido ha llamado “prioridad nacional”, la idea que ha conseguido colocar en los acuerdos con el PP para gobernar Extremadura y Aragón. Frente a quienes, como la jerarquía de la Iglesia católica, les reprochan que quieran discriminar a los inmigrantes, alegan que son los españoles quienes están en realidad discriminados respecto a “los de fuera”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, lo defendió así el pasado miércoles en el programa Espejo Público, de Antena 3. “Los españoles tienen que tener prioridad porque están discriminados en estos momentos en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales. Es lo que me cuentan personalmente cuando hablo con los españoles necesitados y lo que vemos cuando salen las listas de ayudas sociales y de asignación de viviendas públicas”, argumentó.

Mientras intervenía en la Asamblea de Madrid, Pérez Moñino blandió en sus manos una de esas listas. Aunque no lo explicó, se trataba de la asignación de 180 viviendas públicas en régimen de alquiler en el municipio de Majadahonda. Pero la relación de nombres que leyó en voz alta no correspondía a las personas “que sí se han llevado una vivienda”, como ella dijo, sino a la lista provisional de admitidos y descartados para participar en el sorteo en el que se asignarán las casas. Solo cuatro de las 12 personas que mencionó habían sido admitidas en el sorteo, mientras que la solicitud de las otras ocho había sido excluida provisionalmente por no haber presentado toda la documentación.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que Pérez Moñino diera por hecho que todas las personas que mencionó son extranjeras solo porque su nombre no pareciera lo bastante castizo. Para determinar el origen de alguien, es más significativo el apellido, aunque hay dirigentes de Vox con apellido de origen extranjero, como Hermann Tertsch o Rocío de Meer. En cambio, varios de los citados por la portavoz del grupo ultra en Madrid se apellidan Castedo, Becerra o Arias, como podía comprobar en el listado que tenía en sus manos. En todo caso, las viviendas no se las adjudicará nadie que “acabe de llegar”, como aseguraba Pérez Moñino, ya que para participar en el concurso es necesario acreditar que se ha estado “empadronado en el municipio de Majadahonda durante los últimos diez años ininterrumpidos”. Es decir, más tiempo del que Vox y el PP han pactado en Extremadura: cinco años de empadronamiento para el alquiler de vivienda pública y diez para la compra.

Más allá de la vivienda pública, la principal prestación social que existe en España es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda destinada a las personas en situación de pobreza severa o riesgo de exclusión. En 2026, la prestación mínima es de 733,6 euros al mes por doce pagas al año para un adulto solo y un máximo de 1.775,3 euros al mes para una familia monoparental con cuatro o más menores. Para poder acceder a esta paga de la Seguridad Social se exige, además de estar en situación de vulnerabilidad económica, “tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud”; lo que excluye a los inmigrantes irregulares y, de nuevo, a los recién llegados.

En enero de este año, un total de 798.312 personas cobraban el IMV, según datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Se trata de una prestación mayoritariamente femenina: el 67,9% de los titulares son mujeres, por un 32,1% de varones. También hay un sesgo en favor de los extranjeros, pero mucho menor: el 17,5% de los titulares de este ingreso son extranjeros, frente al 82,5% de españoles. Como los extranjeros representan el 14,6% de la población total de España, están sobrerrepresentados casi tres puntos en el IMV, mucho menos que las mujeres, que lo están en 17 puntos, sin que eso signifique que los varones estén discriminados. En realidad, ambos colectivos, mujeres e inmigrantes, son los más vulnerables y, por eso, los más amenazados de caer en la pobreza.

En Extremadura, que es donde se ha iniciado el debate sobre la “prioridad nacional“, los extranjeros que cobran el IMV suponen solo el 5,9% del total, un porcentaje similar al que representan en la población regional. En Aragón, segunda comunidad en la que Vox ha impuesto su idea, el porcentaje de inmigrantes (30%) sí duplica su presencia en la sociedad (14,1%), igual que en Castilla y León (16,5% frente a 8,5%). En cambio, en Andalucía, que celebra elecciones el 17 de mayo, el porcentaje de extranjeros titulares del IMV (8,9%) es inferior a su peso en la población (10,8%).

El otro gran pilar del Estado del bienestar es la asistencia sanitaria que, según Vox, se encuentra colapsada en España por la “invasión migratoria”, a la que culpa de las largas listas de espera. Sin embargo, todos los estudios realizados hasta ahora indican lo contrario. “La población inmigrante usa menos los servicios sanitarios en comparación con la autóctona”, afirma categóricamente el trabajo Acceso al sistema sanitario de la población inmigrante en España según posición socioeconómica, publicado en 2025 por la Revista Clínica de Medicina de Familia. Entre las clases bajas, el 78,4% de los inmigrantes acude al médico de familia (82,9% los españoles), el 45% a los especialistas (54,9% los españoles) y tienen menos hospitalizaciones (5% frente a 8,5%). Especialmente preocupante es el escaso uso que hacen los inmigrantes de las mamografías (66,4% frente a 82,8% de las españolas) y las vacunas (34,2% frente al 56% de la población española). El estudio constata, sin embargo, que “en las clases altas, el acceso [a los servicios sanitarios] es similar en ambos grupos”, españoles y extranjeros.

Vox no solo quiere dar preferencia a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a las ayudas públicas, sino que en algún caso pretende excluir a estos últimos por completo. La moción que el grupo parlamentario de Abascal defendió la semana pasada en el Congreso, y que fue rechazada, pedía promover “las modificaciones normativas oportunas del Sistema de la Seguridad Social para asegurar que prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles”, con carácter exclusivo. Es decir, que ningún inmigrante reciba el Ingreso Mínimo Vital (IMV).