«¡Basta ya!» por Agustín Martínez
La deriva atrabiliaria de ciertas instancias judiciales ha alcanzado cotas que comprometen gravemente el Estado de Derecho, arrastrando al país a una situación insostenible
La salud de una democracia se mide por la resistencia de sus costuras institucionales, pero cuando son los propios guardianes de la ley quienes tiran de los hilos para descoser el traje constitucional, el sistema entra en una fase de colapso respiratorio. Lo que venimos presenciando en España en los últimos tiempos ha dejado de ser una legítima discrepancia jurídica o una necesaria fiscalización al poder ejecutivo, para transformarse en una ofensiva sistémica, una estrategia de acoso y derribo “cuasi” golpista que sitúa a una parte determinante del poder judicial en una trinchera abiertamente política, cumpliendo, con una disciplina castrense y una alarmante precisión quirúrgica, aquella consigna que José María Aznar lanzó sin ningún pudor pidiendo al «que pueda hacer que haga»… Y vaya si están haciendo.
La deriva atrabiliaria de ciertas instancias judiciales ha alcanzado cotas que comprometen gravemente el Estado de Derecho, arrastrando al país a una situación insostenible. Asistimos a un espectáculo dantesco donde los indicios se fabrican con recortes de prensa pseudo-periodística y las sentencias parecen redactadas en los despachos de la oposición política o, peor aún, en las sedes de organizaciones ultra que han encontrado en los juzgados su brazo ejecutor más eficaz. ¿Cómo se explica, si no es desde la pura intencionalidad política, la insólita condena sin pruebas sustanciales al Fiscal General del Estado? Una decisión sin precedentes que busca descabezar la cúspide del ministerio público para desgastar al Gobierno, quebrando el principio de jerarquía y sembrando el caos institucional. A este atropello se suma la infame y descarnada persecución inquisitorial desatada contra el entorno familiar del presidente del Gobierno, una cacería que ha tomado como rehenes a su esposa y a su hermano en base a denuncias anónimas, bulos de internet y sospechas teñidas de un sesgo ideológico asfixiante. El objetivo no es la búsqueda de la justicia; el objetivo es la destrucción personal y política del adversario, la deshumanización del rival mediante el uso espurio de la maquinaria judicial. Es la instauración definitiva del lawfare como doctrina oficial de una judicatura que ha decidido emanciparse de la neutralidad.
Esta voracidad política no solo se manifiesta en la persecución al Gobierno y al PSOE, sino también en una militancia ideológica que pretende reescribir la acción legislativa, como ocurrió el martes con la ley de muerte digna, otorgando la posibilidad a los familiares de paralizar una eutanasia impecablemente decidida; o qué decir de las decisiones togadas sobre la memoria histórica, la última de las cuales ampara el blanqueamiento del pasado más oscuro paralizando la colocación de una placa en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, que pretendía simplemente recordar que ese emblemático edificio albergó la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Negar que aquellas paredes fueron uno de los principales y más sanguinarios centros de represión y tortura de la dictadura es un ejercicio de revisionismo aberrante. Que la justicia actúe como escudo protector del olvido y la impunidad demuestra hasta qué punto el sesgo ultra ha colonizado las mentes de quienes deberían velar por la dignidad democrática.
Todos estos despropósitos palidecen ante el último y más delirante capítulo de esta cruzada judicial: la decisión de un juez de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Mientras tanto, Francisco Granados lleva sin sentencia desde hace doce años, Cristóbal Montoro más de siete; la justicia no sabe quien es M. Rajoy y desoye la cristalina voz de Cospedal pidiéndole al comisario más corrupto de la historia policial española que haga desaparecer “la libretita”
Sin embargo, todos estos despropósitos palidecen ante el último y más delirante capítulo de esta cruzada judicial: la decisión de un juez de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un giro de guion que sonaría a chiste de mal gusto si no fuera por sus devastadoras consecuencias institucionales, un juez ha decidido situar a un expresidente del Gobierno democrático como el presunto cabecilla de una «estructura estable y jerarquizada» dedicada al tráfico de influencias y otros gravísimos delitos. ¿Y de dónde emana semejante monstruosidad jurídica? De los delirios procesales de una organización ultra y de las declaraciones interesadas de un delincuente convicto como Víctor de Aldama, un personaje carente de toda credibilidad que busca salvar su propio pellejo ofreciendo piezas de caza mayor a una judicatura ávida de titulares destructivos. Que un juez dé carta de naturaleza a las acusaciones de un convicto para imputar a quien fuera el jefe del Ejecutivo con un sustento probatorio altamente chapucero, es la constatación de que se han roto todos los diques de contención… Mientras tanto Francisco Granados lleva sin sentencia desde hace doce años, Cristóbal Montoro más de siete; la justicia no sabe quien es M. Rajoy y desoye la cristalina voz de Cospedal pidiéndole al comisario más corrupto de la historia policial española que haga desaparecer “la libretita”.
Añadan a todo lo anterior que muchos de esos jueces actúan como perfectas gargantas profundas para el PP, a quienes filtran con antelación sus decisiones, como queda demostrado en este caso con las numerosas alusiones al futuro judicial del expresidente, verbalizadas la pasada semana por distintos dirigentes populares y tendrán el combo perfecto.
Llegados a este punto de no retorno, se hace imprescindible abrir una reflexión colectiva y profunda que no admita más demoras: España no puede seguir estando secuestrada por un sector del poder judicial que se comporta como un partido político en la sombra. Es necesario recordar una obviedad constitucional que el corporativismo judicial pretende que olvidemos: de los tres poderes del Estado, el judicial es el único que carece de legitimidad democrática directa. Nadie ha votado a los jueces. Sus plazas se obtienen mediante un sistema memorístico de oposición que perpetúa el sesgo de clase y la endogamia ideológica, no a través de las urnas. Un poder no electo no puede enmendar la plana sistemáticamente al poder legislativo ni pretender derrocar al poder ejecutivo mediante resoluciones a la carta. Cuando los jueces dejan de aplicar la ley y empiezan a hacer política, la democracia se convierte en una “toga-cracia” donde los ciudadanos pierden la soberanía.
Es de una evidencia cegadora que una parte fundamental de la magistratura se está alineando de forma descarada con las tesis de la extrema derecha, asumiendo su agenda, sus fobias y su lenguaje. Ya no guardan las formas, no les importa el prestigio de la institución ni la paz social. Actúan movidos por la soberbia y la impunidad de quienes se saben intocables, parapetados tras una mal entendida independencia judicial que utilizan como patente de corso para saltarse los procedimientos y subvertir el mandato de las urnas.
Esta situación es absolutamente insostenible. El acoso permanente al Ejecutivo, la criminalización del oponente político, la persecución familiar y el linchamiento de expresidentes democráticos configuran un escenario de desestabilización institucional que roza el golpismo de toga y puñetas. Una democracia no puede sobrevivir si el ciudadano percibe que los tribunales no aplican la justicia de forma ciega, sino que abren los ojos para elegir cuidadosamente a sus víctimas en función de su carné de afiliación.
Por dignidad democrática, por la supervivencia del Estado de Derecho y por respeto a la soberanía popular que reside en el Parlamento y no en las salas de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, es hora de plantarse. Hay que exigir reformas profundas en el sistema de acceso y control de la judicatura, y denunciar sin miedo la deriva totalitaria de quienes pretenden gobernar a base de autos y providencias unilaterales. Frente a la estrategia del caos y el secuestro judicial de la democracia, la ciudadanía y las instituciones legítimas deben decir, con más fuerza y claridad que nunca: ¡Basta ya!
EL INDEPENDIENTE DE GRANADA
FOTO: CADENA SER
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