«El ‘búnker’ del INSS» por Agustín Martínez
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Granada está ganándose a pulso el título de enemigo público número uno de la clase trabajadora más vulnerable.
Aquellos que atraviesan el calvario de una baja de larga duración no solo tienen que lidiar con la cruz de su enfermedad, sino también con el pánico a ser citados en unos despachos donde la empatía brilla por su ausencia y donde la salud se mide en costes y estadísticas, no en personas.
Médicos de cabecera, profesionales del Servicio Andaluz de Salud que conocen el historial de sus pacientes y evalúan con criterio clínico su incapacidad, otorgan bajas médicas más que justificadas. Sin embargo, a la Inspección Médica del INSS en el rol de tribunal inquisidor, le bastan diez minutos de entrevista superficial para revocar de un plumazo el criterio del médico de familia.
Se da el caso flagrante de una trabajadora, inmersa en un durísimo procedimiento por acoso laboral, a la que el INSS dio el alta de manera fulminante. La ceguera institucional fue tal que, solo unas horas después de dictaminarse su reincorporación forzosa, los especialistas de Salud Mental emitían un informe demoledor desaconsejando por completo que volviera al trabajo. ¿Cómo puede una decisión administrativa poner en riesgo absoluto la salud mental de una trabajadora diagnosticada y tutelada por el propio sistema sanitario público?
Nadie pone en duda que la lucha contra el fraude en las bajas laborales es una labor necesaria para la sostenibilidad del sistema. Pero el control del fraude no puede convertirse en una caza de brujas donde paguen justos por pecadores. No se puede poner en peligro a trabajadores que, objetivamente, no están en condiciones de volver a sus puestos, porque la persecución del tramposo no puede justificar el aplastamiento del enfermo.
La ausencia total de empatía que está demostrando el INSS de Granada parece correr paralela a la cantidad de trabajadores a los que les está jodiendo la vida con este tipo de decisiones draconianas. Detrás de cada alta forzosa hay crisis de ansiedad, recaídas severas y familias desamparadas. La salud no es un concepto administrativo que se pueda validar con un sello; es un derecho fundamental que el INSS tiene la obligación de proteger, no de vulnerar.
FOTO: INSS DE GRANADA
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