Las claves del acuerdo PP-Vox en Andalucía
Las claves del acuerdo PP-Vox en Andalucía: “prioridad nacional”, rechazo al reparto de menores migrantes y no al Pacto Verde.Vox entra en el Gobierno de Moreno con una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local
las 18.30 de la tarde, solo media hora antes de que comenzara la segunda votación para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, PP y Vox rubricaban el acuerdo para hacerla posible. Un documento con 150 puntos que garantiza la aprobación de los cuatro Presupuestos de esta legislatura y que incluye la presencia de la extrema derecha en el Gobierno autonómico. Finalmente, los ultras solo ocuparán una consejería, con rango de vicepresidencia, que incluye las carteras de Turismo, desregulación, justicia y administración local, competencias muy similares a las que en el primer Ejecutivo de coalición de Moreno asumió el líder de Ciudadanos, Juan Marín, en 2019.
Los firmantes se comprometen a mantener la unidad de voto en el Parlamento sobre asuntos que puedan afectar a la estabilidad del Gobierno como son los Presupuestos autonómicos (se ha pactado el apoyo a las Cuentas de los próximos cuatro años). Pero incluyen en ese compromiso la creación de comisiones de investigación para evitar que Vox vaya por libre.
La presencia de Vox en el Gobierno andaluz ha sido el principal escollo a la hora de cerrar el acuerdo. El PP siempre defendió que debía ser proporcional a los dos escaños que los separaban de la mayoría absoluta y los ultras quisieron emular la composición de los Ejecutivos en Extremadura, Aragón y Castilla y León donde ocupan sendas vicepresidencias y carteras tan anheladas como Agricultura. Moreno ha conseguido poner un dique de contención a sus aspiraciones —pedían entre dos y tres consejerías—, y las competencias que dirigirá Gavira no entran de lleno —salvo desregulación— en los ámbitos de la batalla cultural de la extrema derecha. En total, las carteras que asumirá el líder de los de Santiago Abascal representan 1.200 millones de un presupuesto autonómico de 51.500 millones.
Pero que la extrema derecha no tenga potestad directa sobre las competencias más ideológicas no significa que sus postulados no hayan sido asumidos en el acuerdo. Además de la asunción de la prioridad nacional, el pacto recoge restricciones en materia migratoria, idénticas a las incluidas en los rubricados en Extremadura, Aragón y Castilla y León; rebajas fiscales que implican 325 millones de euros; ayudas a la natalidad y la infancia; rechazo a medidas medioambientales impuestas por Bruselas, algunas vinculadas a la Agenda 2030 —que Moreno ha impulsado personalmente en sus años de gobierno— o la reducción al 50% de ayudas a los sindicatos, cuestionando la defensa del diálogo social del que ha hecho gala durante estas dos legislaturas.
“Prioridad nacional”
Esta terminología aparece recogida expresamente en el punto 18 para el “acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas” condicionada a quienes tengan un arraigo “real, duradero y verificable” en el territorio. Incluye requisitos de empadronamiento, cotización y contribución al sistema, así como la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones estructurales. También se incluye la medida 49 sobre el acceso a la vivienda pública y al alquiler social, estableciendo requisitos de arraigo en Andalucía y España, además de criterios de vinculación económica, social, laboral y familiar.
Aunque no se cita específicamente, dentro de las medidas relacionadas con la sanidad se incluye, en el punto 100, una auditoría anual “pública y desglosada, del coste directo e indirecto que supone para el sistema sanitario andaluz la atención prestada a población extranjera, diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada”. En esta línea, a continuación se establece la creación de una unidad específica dentro del SAS encargada de revisar, reclamar y recuperar los costes sanitarios que legalmente deban ser abonados por terceros: aseguradoras, mutuas, otros países, convenios internacionales, desplazamientos temporales, asistencia a personas no cubiertas por el sistema andaluz y cualquier supuesto en el que proceda facturación, con el objetivo de destinar “los recursos del Servicio Andaluz de Salud se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema y que Andalucía no asuma gastos que corresponden a otros pagadores”.
Deducciones fiscales
El acuerdo recoge una serie de rebajas fiscales, muchas de ellas destinadas al fomento de la natalidad —deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción— y a las familias numerosas —incremento del 50% de las deducciones—. También se incluye una bajada progresiva del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros; una deducción de 2.000 euros para enfermos de ELA; la deducción del 15% por la compra de gafas y lentillas o la ampliación de las deducciones por gastos educativos en aula matinal, comedor escolar, uniformes, material escolar y clases de refuerzo —además de las de informática e idiomas ya en vigor— o las deducciones para la adquisición de vivienda.
Inmigración
El pacto suscrito entre PP y Vox replica lo recogido en los acuerdos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León en materia migratoria. Así, se incluye el rechazo a la llegada y reparto de menores no acompañados y de migrantes irregulares; un plan de retorno y repatriación de menores extranjeros no acompañados, pruebas de determinación e la edad para los migrantes, una auditoría anual del gasto vinculado a la inmigración; la prohibición del burka o el niqab en espacios públicos autonómicos o la reforma del padrón municipal para evitar la inscripción de migrantes en situación irregular.
Dentro de los acuerdos en materia educativa se incluye la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí que se imparte en 96 centros educativos y al que asisten casi 2.000 estudiantes, a cambio de “velar por la convivencia en los centros educativos, así como por promover en ellos el aprendizaje y respeto a nuestros usos y costumbres”.
Políticas medioambientales
En su intervención en la sesión de investidura, Gavira advirtió de que el acuerdo iba a “plantar cara al Pacto Verde, a la Agenda 2030 y a las imposiciones climáticas de Bruselas”. Todo eso se recoge en el pacto, en términos similares a los recogidos en los suscritos en el resto de comunidades tanto en relación con esos compromisos como con otras políticas relacionadas con el cambio climático que puedan condicionar al sector primario o productivo. A lo largo del documento se incluye el blindaje del sector primario “frente a los aspectos negativos” del Pacto Verde y la Agenda 2030; la supresión o la no creación de cargas y tasas autonómicas derivadas de esos compromisos; el rechazo a la reforma de la PAC y “la condicionalidad climática del Pacto Verde”; el rechazo a las “imposiciones de agendas ideológicas en materia de medio ambiente”; la defensa de la ganadería intensiva “frente a las políticas climáticas de Bruselas” o la no financiación autonómica de las zonas de bajas emisiones.
Cooperación internacional y ayudas a sindicatos
La financiación a la cooperación internacional y a los sindicatos son otros dos de los ejes de la batalla cultural de Vox. En el acuerdo se incluye el impulso de reformas para la “progresiva reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas (…) con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”, en el punto 144, que se complementa en el 146 con la necesidad de acreditar la utilización efectiva de las ayudas públicas destinadas a la cooperación internacional que, de acuerdo con fuentes cercanas al PP, supone el blindaje de ese tipo de ayudas que Moreno ha defendido, la última vez en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas que se celebró en Sevilla el verano pasado.
En cuanto a las ayudas a los sindicatos, el acuerdo incluye su reducción al 50%, una medida controvertida, puesto que el dirigente popular ha hecho del diálogo social un eje de sus políticas hasta el punto de incluir su nomenclatura en una consejería.
Vivienda
El Gobierno de Moreno ha sido uno de los más beligerantes en materia de vivienda con el Gobierno central. Ha recurrido la ley estatal, el decreto del registro único de alquiler de temporada y, la semana pasada, el Plan Estatal de Vivienda. El Ejecutivo popular ha aprobado esta legislatura su propia ley de vivienda, una némesis de la estatal, que, en el acuerdo suscrito por Vox también incluye enmiendas, como una modificación para agilizar la transformación urbanística y reducir cargas regulatorias, urbanísticas y fiscales que encarecen la construcción. El pacto, en la senda de los otros firmados en las otras comunidades autónomas, también incluye la aplicación inmediata del desahucio exprés, el asesoramiento jurídico a propietarios y comunidades de vecinos afectados por ocupaciones ilegales mediante convenios con colegios de abogados; la exclusión del acceso a vivienda protegida de los condenados por ocupación ilegal o el estudio de fórmulas fiscales de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas.
Tauromaquia y caza
En la línea con otros de los dos elementos que forman parte de las políticas más visibles de Vox, el acuerdo recoge medidas para promocionar la tauromaquia y el mundo del toro, que se incluye dentro del plan andaluz de protección del patrimonio cultural en riesgo, además de la defensa de la caza y el apoyo a las sociedades de cazadores. El plan incluye también que se potencien como atractivo turístico.
Memoria democrática
Ya en el acuerdo de investidura de PP y Vox de 2019 se incluyó como condición la sustitución de la ley de memoria histórica andaluza, que los populares apoyaron —CS se abstuvo— por una ley de concordia. Entonces Moreno adujo que la cambiaría si existía el mismo consenso que la primera, algo imposible con la entrada de la extrema derecha en la Cámara autonómica. Ahora se incluye de nuevo ese compromiso, dentro del capítulo de leyes ideológicas, con el horizonte de registrar la propuesta de ley antes del fin de 2026.
Puedes visualizar el PDF del ACUERDO haciendo click aquí
FOTO: Paco Puentes
https://elpais.com/espana/2026-07-02/vox-entra-en-el-gobierno-de-moreno-con-una-vicepresidencia-de-turismo-desregulacion-justicia-y-administracion-local.html
