El precio sanitario del acuerdo PP-Vox
El reconocido experto en Salud Pública Joan Carles March analiza en este necesario artículo el pacto sobre sanidad en el Gobierno de coalición de la Junta entre la derecha y la ultraderecha. La sanidad pública andaluza en la encrucijada, con una gran ausente, la salud pública
El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para garantizar la investidura de Juanma Moreno no es únicamente un pacto de gobernabilidad. También anticipa la orientación que puede adoptar la política sanitaria andaluza durante los próximos años.
Más allá de las medidas concretas, el documento refleja una determinada forma de entender las prioridades públicas. En política sanitaria resulta tan relevante aquello que se incorpora a un acuerdo de gobierno como aquello que queda fuera de él.
Andalucía inicia este nuevo ciclo político con un sistema sanitario sometido desde hace años a una enorme presión: listas de espera históricas, dificultades para atraer y retener profesionales, una Atención Primaria sobrecargada, problemas de accesibilidad y un creciente recurso a la actividad privada para responder a la demanda asistencial.
Además, se trata de la primera entrada de la extrema derecha en el Gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España, con el consiguiente impacto que ello puede tener sobre la orientación de las políticas públicas, incluida la sanidad.
La inmigración entra en la agenda sanitaria
La medida más novedosa del acuerdo en materia sanitaria es la realización de una auditoría anual del coste derivado de la atención sanitaria a la población extranjera, diferenciando —en la medida en que lo permita la legislación vigente— entre residentes legales, desplazados temporales y personas sin residencia legal.
La propuesta llama especialmente la atención porque la evidencia científica disponible apunta justamente en la dirección contraria. El informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España concluye que la población migrante presenta, en términos generales, mejor estado de salud y un menor consumo de recursos sanitarios que la población nacida en España. La prevalencia de la mayoría de enfermedades crónicas es superior entre la población autóctona, el consumo de medicamentos es considerablemente más elevado y, además, la contribución económica de la población migrante al sistema supera el coste de la atención sanitaria que recibe.
La formulación de esta medida desplaza el foco desde los verdaderos factores que explican la presión sobre el sistema sanitario —el envejecimiento, la cronicidad, el incremento del gasto farmacéutico, la innovación terapéutica o el déficit de profesionales— hacia un colectivo que no constituye el origen del problema
Existe, por tanto, el riesgo de trasladar a la ciudadanía una percepción equivocada: que una parte importante de las dificultades del Servicio Andaluz de Salud deriva de la inmigración, cuando la evidencia señala que sus principales problemas son estructurales y responden a déficits de financiación, organización y planificación.
La sanidad pública nació sobre un principio básico: atender según la necesidad clínica y no según el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas, dentro del marco legal vigente. Convertir a un colectivo concreto en objeto preferente de auditorías puede contribuir más a alimentar determinados discursos políticos que a resolver los problemas reales del sistema.
Mucho diagnóstico y pocos compromisos
El acuerdo incorpora también el compromiso de implantar un circuito preferente para la sospecha fundada de cáncer de mama y otros tumores.
La intención resulta positiva, especialmente tras la grave crisis provocada por los retrasos en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que han generado sufrimiento, diagnósticos tardíos y consecuencias evitables para muchas mujeres.
Sin embargo, el documento no explica cómo se hará posible ese circuito preferente ni qué recursos adicionales se destinarán para llevarlo a cabo. Porque acelerar un diagnóstico exige radiólogos, patólogos, equipos diagnósticos, coordinación entre niveles asistenciales y financiación suficiente. Sin esos elementos, el compromiso corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.
Menos ingresos y más presión sobre el sistema
El acuerdo incluye una apuesta por continuar reduciendo la presión fiscal.
Toda política fiscal responde a una determinada visión política, pero también obliga a tomar decisiones sobre el destino de los recursos públicos. Menores ingresos significan menor capacidad para reforzar aquellos servicios que más financiación necesitan.
En una comunidad donde la sanidad pública requiere reforzar plantillas, reducir listas de espera, modernizar infraestructuras y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales, resulta inevitable preguntarse si parte de esos recursos podrían haberse destinado a fortalecer el Servicio Andaluz de Salud.
La política fiscal nunca es neutral: expresa prioridades.
En este contexto también resulta significativo el rechazo explícito a recuperar mecanismos de contención del gasto farmacéutico como la antigua subasta de medicamentos. Aquel sistema fue muy controvertido, pero permitió durante años reducir parte del gasto mediante acuerdos de suministro a menor coste
Desde su desaparición, la factura farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud no ha dejado de crecer hasta superar ampliamente los 3.500 millones de euros anuales. Cada euro adicional destinado al gasto farmacéutico deja menos margen para reforzar la Atención Primaria, la salud mental, la contratación de profesionales, la innovación tecnológica o la reducción de las listas de espera.
La sostenibilidad del sistema exige encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso a la innovación terapéutica y preservar recursos suficientes para el conjunto de la asistencia sanitaria.
Un presupuesto que puede no ser suficiente
El pacto establece que el presupuesto sanitario crecerá, al menos, en el mismo porcentaje que el presupuesto general de la Junta.
Un crecimiento meramente vegetativo puede resultar insuficiente. La cuestión no es cuánto aumenta el presupuesto, sino si ese incremento permitirá recuperar capacidad asistencial, reforzar la Atención Primaria, reducir listas de espera y consolidar plantillas estables
La medida puede parecer ambiciosa, pero no garantiza por sí sola un fortalecimiento del sistema sanitario.
La sanidad afronta presiones crecientes derivadas del envejecimiento de la población, la incorporación de nuevos tratamientos, el aumento del gasto farmacéutico, la inflación de costes y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
En ese contexto, un crecimiento meramente vegetativo puede resultar insuficiente. La cuestión no es cuánto aumenta el presupuesto, sino si ese incremento permitirá recuperar capacidad asistencial, reforzar la Atención Primaria, reducir listas de espera y consolidar plantillas estables.
La Atención Primaria continúa esperando
Sorprende la escasa presencia que la Atención Primaria tiene en el acuerdo.
Precisamente el nivel asistencial que resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud continúa soportando consultas saturadas, dificultades para cubrir plazas, especialmente en zonas rurales, escasez de profesionales y un progresivo desgaste de médicos, enfermeras y resto de profesionales.
Sin una apuesta decidida por la Atención Primaria será muy difícil mejorar el funcionamiento del conjunto del sistema sanitario.
La gran ausente: la salud pública
Pero probablemente el silencio más revelador del acuerdo sea la práctica ausencia de la salud pública.
Más allá de las referencias a los programas de cribado, apenas aparecen medidas orientadas a proteger la salud colectiva de la población andaluza
No existen estrategias frente a la obesidad infantil, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la promoción de hábitos saludables, la vigilancia epidemiológica, la preparación ante futuras emergencias sanitarias, el impacto del cambio climático sobre la salud, las desigualdades sociales o la educación para la salud.
Tampoco se plantea reforzar las estructuras de salud pública cuya importancia quedó plenamente demostrada durante la pandemia.
De hecho, bajo este epígrafe una de las pocas medidas concretas consiste en endurecer las sanciones por fraude en el etiquetado del origen de los alimentos. Se trata de una actuación razonable desde la perspectiva del consumo y de la protección de los consumidores, pero difícilmente puede sostenerse que ese sea hoy uno de los principales retos para la salud colectiva de Andalucía.
Existe, además, otra incógnita que afecta directamente al futuro de la salud pública en Andalucía: ¿qué papel ocupará la Escuela Andaluza de Salud Pública en esta nueva etapa política? La institución granadina, referente nacional e internacional desde hace cuatro décadas en formación, investigación y gestión del conocimiento en salud pública, ha atravesado años de enorme incertidumbre bajo los gobiernos del Partido Popular, con procesos de integración y pérdida de autonomía que generaron una amplia contestación entre profesionales, universidades y sociedades científicas. El acuerdo PP-Vox no dedica una sola referencia a una institución que ha contribuido decisivamente al prestigio de la salud pública andaluza. Ese silencio alimenta la duda sobre cuál será su futuro y sobre el lugar que ocuparán la formación, la investigación y la generación de conocimiento en las políticas sanitarias del nuevo Gobierno.
Cuando una estrategia de gobierno apenas habla de salud pública y tampoco despeja el futuro de la principal institución andaluza dedicada a ella, resulta legítimo preguntarse si la prevención, la promoción de la salud y la generación de conocimiento siguen siendo una prioridad política o han pasado definitivamente a un segundo plano.
La sostenibilidad sigue pendiente
El acuerdo tampoco aborda con profundidad algunos de los grandes desafíos del sistema sanitario andaluz.
Tampoco define cuál será el papel de la colaboración público-privada ni cómo pretende reducir la creciente dependencia de conciertos y derivaciones para disminuir las listas de espera.
Son cuestiones que condicionarán mucho más el futuro del sistema que buena parte de las medidas recogidas en el acuerdo.
La privatización silenciosa
Durante los últimos años ha aumentado progresivamente el peso de la asistencia sanitaria prestada por entidades privadas con financiación pública mediante conciertos y derivaciones.
Cuando una parte creciente del presupuesto termina financiando actividad privada en lugar de reforzar la capacidad del sistema público, existe el riesgo de consolidar un modelo dual en el que la sanidad pública vaya perdiendo protagonismo de forma paulatina.
Mucho más que un debate sanitario
Toda política sanitaria expresa un determinado modelo de sociedad.
Las prioridades presupuestarias, los colectivos sobre los que se pone el foco, la importancia concedida a la prevención o la manera de distribuir los recursos nunca son decisiones exclusivamente técnicas: también reflejan valores políticos.
Pero existirá otro indicador igualmente importante: comprobar si las políticas desarrolladas fortalecen uno de los principales instrumentos de igualdad de nuestro Estado del bienestar o, por el contrario, amplían las desigualdades existentes
Pero existirá otro indicador igualmente importante: comprobar si las políticas desarrolladas fortalecen uno de los principales instrumentos de igualdad de nuestro Estado del bienestar o, por el contrario, amplían las desigualdades existentes.
La fortaleza de un sistema sanitario no se mide únicamente por el número de hospitales ni por la rapidez con la que atiende a quienes enferman. También se mide por su capacidad para evitar que la población enferme.
La casi total ausencia de la salud pública en este acuerdo constituye, por ello, uno de sus silencios más elocuentes. Porque la sanidad no es solo un servicio público: es el espacio donde una sociedad demuestra hasta qué punto está comprometida con la igualdad, la cohesión social y el derecho a la protección de la salud de toda la ciudadanía. Ese será, en última instancia, el verdadero examen del nuevo Gobierno andaluz.
Joan Carles March
FOTO: Junta de Andalucía
https://www.elindependientedegranada.es/politica/precio-sanitario-acuerdo-pp-vox
