«Votar tiene consecuencias» por Agustín Martínez

Conviene empezar por ahí porque en política existe una costumbre demasiado extendida de intentar presentar como accidente aquello que en realidad responde a una estrategia. Moreno Bonilla sabe perfectamente a quién estaba entregando esas competencias. Sabe perfectamente qué piensa Vox de la violencia de género. Sabe con todo detalle el historial de ese partido en esta materia. Y sabe, además, que Andalucía no es precisamente el lugar de España donde uno pueda permitirse experimentar con la protección de las mujeres.

Andalucía encabeza desde hace años las estadísticas de asesinatos machistas y soporta una dimensión de esta tragedia que debería obligar a extremar las garantías, no a rebajarlas

Andalucía encabeza desde hace años las estadísticas de asesinatos machistas y soporta una dimensión de esta tragedia que debería obligar a extremar las garantías, no a rebajarlas. Son miles las mujeres que necesitan protección y seguimiento. Más de 16.000 las que se encuentran dentro del sistema VioGén en la comunidad. Detrás de esa cifra no hay una estadística fría: hay mujeres que tienen miedo, que han cambiado sus rutinas, que miran hacia atrás cuando caminan por la calle, que duermen con el teléfono cerca y que necesitan saber que al otro lado de la Administración hay profesionales que creen en lo que les está ocurriendo.

¿Se ha preguntado Juanma Moreno cómo se sienten esas mujeres al saber que ha puesto al frente de una parte esencial de la Administración que debe protegerlas a un partido que niega la existencia de la violencia machista como fenómeno específico?

Porque esa es la cuestión. No estamos hablando de una disputa semántica sobre si llamamos a las cosas violencia machista, violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Estamos hablando de la mirada desde la que se analiza el riesgo de una mujer y se decide qué protección necesita. Las Unidades de Valoración Forense Integral son precisamente eso: una pieza fundamental para evaluar el riesgo y las secuelas de la violencia sobre mujeres y menores. No son una oficina burocrática cualquiera.

Y ponerlas bajo la responsabilidad política de Vox resulta especialmente obsceno cuando recordamos que ese mismo partido pidió en 2019 conocer los nombres y apellidos de los profesionales que trabajaban en las unidades contra la violencia de género. Francisco Serrano los acusaba de estar “ideologizados” y cuestionaba su cualificación.

¿Se ha preguntado Moreno Bonilla cómo se sienten ahora aquellos profesionales? ¿Qué pensará quien durante años ha dedicado su trabajo a proteger a mujeres maltratadas y que vio cómo Vox pretendía poner su nombre y apellidos en la diana? ¿Qué confianza puede transmitirles ahora su Gobierno cuando entrega precisamente esa responsabilidad a quienes entonces los señalaban?

Si quería configurar una macroconsejería para satisfacer las exigencias de Vox, podía haber dejado fuera aquellas materias que afectan directamente a la protección de las víctimas

La respuesta de Moreno no puede ser que se trata de una cuestión de reparto de competencias. Porque no lo es. Si quería configurar una macroconsejería para satisfacer las exigencias de Vox, podía haber dejado fuera de ese paquete aquellas materias que afectan directamente a la protección de las víctimas. Podía haber mantenido bajo responsabilidad del Partido Popular la violencia de género. Podía haber hecho lo mismo con la protección de los menores migrantes no acompañados. Podía haber establecido líneas rojas.

No lo ha hecho.

Y ahí aparece la palabra que Moreno seguramente querrá evitar: cesión.

Otra más.

Porque esta legislatura andaluza empieza a parecerse peligrosamente a una negociación permanente en la que Vox marca el territorio y el Partido Popular paga el alquiler con competencias, políticas y principios. Todo, eso sí, en nombre de la estabilidad. La estabilidad de quién, cabría preguntar. ¿La de las instituciones? ¿La de Andalucía? ¿O la de la poltrona de San Telmo?

Moreno ha tenido una oportunidad extraordinaria para demostrar que existen cuestiones que están por encima de una mayoría parlamentaria, de una negociación presupuestaria y, desde luego, de un sillón.

Pero no lo hizo.

Y ahora pretende que miremos hacia otro lado porque estamos en agosto. Como si el machismo cerrara por vacaciones. Como si las mujeres amenazadas suspendieran sus vidas hasta septiembre. Como si los agresores entendieran de puentes, chiringuitos y operaciones salida. Como si la responsabilidad política pudiera esconderse detrás del calendario estival.

No, presidente. Agosto no es una coartada.

Tampoco vale decir que los profesionales seguirán siendo los mismos. Claro que los profesionales deben seguir haciendo su trabajo con rigor y profesionalidad. Precisamente por eso merecen una Administración que respalde su labor y una dirección política que no ponga en cuestión el problema que están tratando de combatir.

La propia Junta de Andalucía reconoce oficialmente que la violencia de género comprende la violencia física, psicológica, sexual y económica y que las políticas públicas deben actuar frente a esas distintas manifestaciones.

Por eso resulta tan brutal la contradicción: mientras la Administración andaluza financia programas de prevención, formación y sensibilización contra la violencia contra las mujeres, el presidente decide entregar una parte esencial de su gestión a quienes políticamente cuestionan ese marco.

Eso tiene un nombre: incoherencia. Pero tiene otro mucho más grave cuando hablamos de vidas humanas: irresponsabilidad.

Votar tiene consecuencias. Conviene recordarlo. También cuando se vota pensando que determinadas líneas rojas son inamovibles. También cuando se cree que una cosa es el discurso electoral y otra gobernar

Votar tiene consecuencias. Conviene recordarlo. También cuando se vota pensando que determinadas líneas rojas son inamovibles. También cuando se cree que una cosa es el discurso electoral y otra gobernar. Porque gobernar consiste precisamente en decidir qué no se está dispuesto a entregar.

Moreno Bonilla acaba de decirnos, con hechos, cuál es el precio que está dispuesto a pagar para conservar la presidencia.

Y ese precio lo pagan las mujeres.

Lo pagan las profesionales que trabajan contra la violencia machista.

Lo pagan las familias de las víctimas.

Y lo paga también Andalucía, porque un Gobierno que convierte la protección de las mujeres en moneda de cambio está enviando un mensaje político demoledor: que hay principios que pueden esperar cuando está en juego el poder.

Juanma Moreno aún está a tiempo de rectificar. Pero la rectificación ya no sería un gesto administrativo. Sería la única forma de demostrar que queda algo de aquella supuesta moderación, aquella famosa “vía andaluza” y aquel liderazgo centrado que durante años quiso vendernos.

Porque la dignidad política consiste, precisamente, en saber cuándo hay que decir que no.

Y si para seguir sentado en San Telmo hay que entregar a un partido negacionista la responsabilidad sobre la protección de las mujeres maltratadas, quizá el problema no sea que Vox haya exigido demasiado.

Quizá el problema sea que Juanma Moreno estaba dispuesto a concederlo.

Y eso, presidente, no es un error.

Es una elección indigna que debería tener consecuencias.