CEUTA Y LAS COMUNIDADES GOBERNADAS POR EL PP

Las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP (además de Ceuta y Melilla) cuentan en su legislación regional con leyes que tienen en cuenta —casi todas, de forma expresa— la protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes. En algunas de esas autonomías, además, se aprobaron dichas normas en legislaturas gobernadas por los propios populares. Son documentos cuyo contenido contrasta con la actitud que está exhibiendo el PP tras la crisis de Ceuta, cuando ha adoptado una posición idéntica a la de la extrema derecha en cuanto a la acogida de los menores que cruzaron la frontera de la ciudad autónoma el 30 de julio.

En la misma línea que Vox, el PP de Alberto Núñez Feijóo no hace distingos entre personas mayores y menores de edad. Ya no a nivel de relato —ambos los tratan como «invasores«—, sino que tampoco a nivel de gestión. El propio líder popular, pero también otras primeras espadas del partido —por ejemplo, Juan Bravo, vicesecretario general de Economía o Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Democrática—, se han esmerado en gritar a los cuatro vientos que «todos» quienes cruzaron a Ceuta deben volver a su país. Obvian, así, el «interés superior del menor» que aseguran las leyes españolas —fue el Gobierno de Mariano Rajoy quien fijó ese precepto— y que en 14 años España no ha repatriado a ninguna persona menor de edad a Marruecos.

«En lugar de ofrecer soluciones y empujar a los gobiernos autonómicos que lidera el PP a arrimar el hombro, han optado por el tacticismo y por intentar sacar tajada de esta crisis», deslizan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia: «El PP, que impulsó el marco legislativo sobre la protección al menor en España, con el Gobierno de Rajoy, ha asumido todo el argumentario racista de Vox y, cuando nuestro país enfrenta una solución delicada, como es el caso, siempre elige lo mismo: no ser parte de la solución y e intentar sacar rédito electoral. Dice mucho del PP. Lo que le importa no es ayudar a Ceuta, les importa ganar unos cuantos votos».

No hay que olvidar que las comunidades gobernadas por el PP en bloque rechazan la acogida de menores y que tres regiones en concreto en las que gobierna el PP de la mano con Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León) han amenazado ya con impugnar judicialmente los expedientes de menores migrantes que no se resuelvan con la repatriación.

Pero la posición y el argumentario que el PP ha desplegado tras la crisis de Ceuta camina en sentido contrario incluso de las leyes autonómicas de esas comunidades en las que gobiernan. Todas las autonomías en las que el PP ostenta la presidencia tienen en vigor leyes que aseguran la protección de los menores migrantes en sus territorios. Algunas, como la ley balear de infancia y adolescencia, son muy contundentes: «Las administraciones públicas tienen que velar por las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y garantizar el cumplimiento de los derechos que establece la ley». Otras, como la ley gallega de apoyo a la familia, son menos precisas y se limitan a poner negro sobre blanco que están sujetas a la ley «todas aquellas personas menores de edad, cualquiera que fuera su nacionalidad«. En todas las regiones, con todo, hay leyes que incluyen referencias.

Comunidades del PP con leyes del PP

Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad de Madrid son las autonomías que tienen en vigor leyes sobre menores aprobadas durante gobiernos del propio PP, aunque no por ello son menos cristalinas en cuanto al deber de la Administración de proteger los derechos de los mismos. Para muestra, la andaluza, promovida por el actual presidente de la comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el texto se enfatiza el interés del menor como columna vertebral: «El interés superior de la persona menor es el principio inspirador en todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía». Además, la norma garantiza para los niños, niñas y adolescentes migrantes «al acceso a todos los servicios y prestaciones cuya competencia tenga atribuida» la región.

Otras comunidades como Castilla y León, La Rioja o la Región de Murcia tienen leyes que también apuntalan la integración de los menores. En el caso de la murciana, aprobada ya con Fernando López-Miras, es la Ley de Servicios Sociales, que incluye explícitamente como titulares del derecho a «las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Región de Murcia», sin ninguna exclusión por su situación administrativa.

Galicia, como se apunta unos párrafos arriba, es quizá una de las regiones con una legislación menos enérgica en este sentido. Y el caso de la Comunidad de Madrid es particular. El artículo 48.2 de su ley de Infancia y Adolescencia, que aprobó en 2023 Isabel Díaz Ayuso, fija que la región «establecerá instrumentos y procedimientos de colaboración y cooperación con la Administración General del Estado […] especialmente en el ámbito de la justicia de menores» y, en concreto, con el resto de las comunidades autónomas «para la gestión y el cumplimiento de las competencias relativas a la protección de los niños«. Todo ello con arreglo al Estatuto de autonomía, pero siempre atendiendo a «la coordinación establecida desde la Administración General del Estado». La ley dice, además, que se prestará especial atención a la inclusión social de los niños «en situación de vulnerabilidad». Entre ellos, los «niños migrantes«.

Comunidades del PP con leyes del PSOE

Y hay otra serie de comunidades gobernadas, hoy, por los populares, pero con leyes vigentes que aprobó el PSOE en otra legislatura. Es el caso de la antecitada ley balear, que aprobó en 2019 la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y que es una de las más rotundas.

Las otras cuatro autonomías que completan esa casuística son Aragón, Extremadura, País Valencià y Cantabria. Todas ellas subrayan el derecho de integración de los menores extranjeros. Por ejemplo, la ley valenciana, alumbrada por el conocido como el primer gobierno del Botànic (PSOE y Compromís), dice lo siguiente: «Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Comunitat Valenciana, incluidas aquellas que no estén acompañadas, gozarán de los mismos derechos que los y las nacionales y en igualdad de condiciones».