28 septiembre 2026

Que no, que se pongan como se pongan, España no funciona bien. Que la economía irá como un tiro, que habrá gente que gane el dinero a espuertas, pero también hay otra que sobrevive en un infierno.

Y, en medio, están personas como Mari Carmen, esa anciana de 87 años a quien la empresa propietaria de su piso de alquiler de renta antigua ha desahuciado con el visto bueno de un juzgado. Para ser precisos: aplicando la ley vigente con una diligencia especialmente llamativa. Por lo tanto, el problema trasciende a la empresa propietaria concreta (a esos desalmados, quede clara mi opinión) para mostrarnos una realidad incluso más grave, que aquí nadie quiere ver hasta que le toca: tener un techo sobre la cabeza es un lujo.

No me refiero a ser dueño de una casa; me refiero ya a poder pagar un alquiler, la luz, el agua y comer al mismo tiempo. Mari Carmen es solo un ejemplo de los más de cuarenta desahucios que se producen diariamente sin que nadie, aparte de echar la culpa a la administración de enfrente, ponga un remedio efectivo. Los mandamases se concentran en movilizar a las fuerzas de seguridad para impedir las protestas vecinales con una contundencia que suele faltar ante las manifestaciones de radicales violentos o, incluso, en la gestión del caos por el que atraviesa Ceuta. Porque el Ministerio del Interior desplegó, comparativamente, más policías para llevar a término el desalojo de una viejecita que se mueve en silla de ruedas (hubo que sacarla en camilla) que para organizar el desplazamiento hacia los espacios habilitados de quienes han ocupado la playa ceutí del Trampolín, por poner un ejemplo.

Pero el tema es mucho más complejo y afecta a dos cuestiones primordiales: la primera es que se demuestra fehacientemente que los desahucios hace mucho que dejaron de ser un problema asociado exclusivamente al desempleo o a la marginalidad, para afectar a quienes empiezan su vida laboral (los jóvenes) o viven de una jubilación; la segunda es que, en vez de buscar soluciones políticas de consenso para responder a una crisis gravísima, aquí el personal se dedica a hacer demagogia mientras el asunto siga siendo portada de prensa. Porque esto se pudo frenar hace mucho; se pudieron poner límites a los fondos buitre que gestionan una parte importante de eso que se llama «parque inmobiliario» y a quienes lo han convertido en una forma de especulación salvaje.

Ha existido la oportunidad de hacerlo muchas veces, pero no se ha querido: en la última votación para tramitar una iniciativa que limitaba la compra de viviendas por parte de fondos buitre y empresas asimiladas, hasta el PSOE se abstuvo. Vayamos a irritar a los piratas de traje de Armani y tacones Louboutin. Por eso, rasgarse ahora las vestiduras es trampa. Aquí todos somos corresponsables, por acción o por omisión; incluidos quienes lo vieron en la televisión sin darle trascendencia, aun sabiendo que este es uno de los miles de casos que se producen anualmente. Hace mucho que debieron articularse mecanismos que equilibraran el derecho constitucional a la propiedad privada con el derecho legítimo a una vivienda digna. Ese es el trabajo primordial de quienes legislan: armonizar derechos, evitando vilezas y también abusos. El nuestro, como ciudadanos que todavía no se han deshumanizado del todo, es obligarlos a hacerlo cuanto antes.

FOTO: GNDIARIO