La huelga feminista de 2018, precedente de la movilización general por la vivienda

La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en defensa del derecho a la vivienda tiene un precedente relativamente reciente que apenas ha ocupado espacio estos días. El 8 de marzo de 2018 millones de mujeres participaron en una huelga general feminista desbordante que situó en el centro de la protesta razones hasta entonces impensables para paralizar un país. Aquella convocatoria, impulsada desde los movimientos feministas y secundada de distintas maneras por las organizaciones sindicales, amplió el significado convencional de una huelga general. 

Ocho años después, la crisis de acceso a la vivienda ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión semejante. La movilización del 11 de noviembre, promovida inicialmente desde los sindicatos de inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda, ha terminado incorporando a organizaciones sindicales de diferentes tradiciones, entre ellas CCOO, UGT y CGT. Se ha convocado después de semanas de protestas y acampadas en las principales ciudades del país. El desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen han sido las gotas que han terminado por colmar el vaso de la indignación social.

El trabajo de las organizaciones de base

Las circunstancias que rodean ambas convocatorias, la de aquel 8M y este 11N, son distintas y, sin embargo, es innegable que tienen rasgos en común. Tanto en 2018 como ahora, la iniciativa de convocar una huelga general fue el resultado de años de trabajo, militancia y activismo, de organización al margen de las estructuras sindicales y partidistas tradicionales. Y en los dos casos se planteó la necesidad de reconocer que las condiciones de vida de las trabajadoras no pueden explicarse solo a partir de lo que sucede dentro de las empresas.

«Las dos huelgas están cuestionando el sistema económico. No están basadas solo en un conflicto laboral», explica

La secretaria general de la CGT de Catalunya, Montserrat Sánchez, recuerda que la huelga feminista fue el resultado de un proceso prolongado de discusión y organización en barrios, pueblos y colectivas de mujeres, desde los que se trasladó a los sindicatos la necesidad de convocar una protesta de mayor alcance. En Catalunya, experiencias como la Vaga de Totes habían contribuido a abrir ese debate años antes de 2018.

Sánchez subraya la importancia que tuvieron las mujeres con una doble militancia, feminista y sindical, que trasladaron las reivindicaciones de sus colectivos a sus propias organizaciones laborales. Fueron ellas quienes lograron incorporar al sindicalismo las demandas feministas. En la convocatoria prevista para noviembre, considera la dirigente de CGT, se está produciendo un movimiento comparable, esta vez protagonizado por las organizaciones de vivienda.

Del problema individual al conflicto colectivo

El feminismo, indica Ruth Caravantes, llevaba décadas cuestionando que las dificultades para conciliar, la sobrecarga de cuidados o la discriminación laboral fueran problemas individuales de las mujeres. La huelga de 2018 contribuyó a reunir esas experiencias y visibilizarlas como una desigualdad estructural. También, a su juicio, algo semejante está ocurriendo con la vivienda. «Hay muchísima potencia política en convertir esto en problemas colectivos», sostiene la portavoz feminista.

La Comisión 8M planteó en 2018 una huelga que comprendía cuatro grandes ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y la educación. La intención era hacer visible tanto la aportación económica y social de las mujeres como la distribución desigual de las responsabilidades que recaían sobre ellas. La incorporación de los cuidados fue pionera. Alguien tiene que hacerse cargo de niños y niñas, o acompañar a las personas dependientes. Plantear una huelga de cuidados obligaba a preguntarse quién asumía esas responsabilidades durante la jornada de protesta y por qué su reparto suele estar fuera de buena parte de las discusiones sindicales.

Montserrat Sánchez recuerda que la CGT registró una convocatoria dirigida al conjunto de la clase trabajadora, aunque defendió que fueran las mujeres quienes protagonizaran el paro y que los hombres asumieran las tareas domésticas y asistenciales necesarias para hacerlo posible. También se propuso que ellos ocuparan preferentemente los servicios mínimos en los sectores imprescindibles.

Quién y cómo se participa en las huelgas

La experiencia de 2018, por tanto, también abrió un debate sobre las formas de participar en una huelga y sobre los criterios utilizados para medir su seguimiento. Ruth Caravantes recuerda que la suspensión del trabajo remunerado no podía ser el único indicador de una movilización que también pretendía visibilizar actividades ajenas a las relaciones laborales convencionales. «En la huelga feminista lo decíamos mucho, es muy difícil medir cuántas camas han quedado sin hacer hoy. Pero esas camas se han quedado sin hacer», explica. La reflexión también se puede trasladar al 11 de noviembre, cuando habrá personas que, por su situación administrativa, laboral o familiar, no puedan secundar un paro tradicional, aunque participen en la organización vecinal, en los sindicatos de inquilinas o en las movilizaciones contra los desahucios.

En paralelo, la preparación del 8M hizo posible que muchas trabajadoras adquirieran protagonismo dentro de organizaciones históricamente masculinizadas. Montserrat Sánchez describe cómo en algunos centros de trabajo mujeres que apenas mantenían relación entre sí comenzaron a coordinarse y establecer redes que, según explica, continúan funcionando años después.

Desde CCOO, su secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal López, recuerda que la organización celebró más de 60 asambleas de delegadas y delegados en todas las comunidades autónomas, más de 3.000 reuniones en empresas y administraciones y recabó más de 20.000 pronunciamientos de comités de empresa y secciones sindicales.

CCOO optó entonces por convocar paros parciales de dos horas, mientras otras organizaciones respaldaron una huelga de 24 horas. Las diferencias reflejaban distintas estrategias sindicales dentro de una movilización que tampoco fue homogénea en sus planteamientos feministas.

Para Vidal, el elemento que conecta aquella experiencia con la actual es también la relación entre las condiciones de empleo y otros aspectos de la organización social. El manifiesto de los dos grandes sindicatos para el 11 de noviembre expresa esa conexión de manera explícita. Bajo las reivindicaciones de salarios, vivienda y precios, CCOO y UGT llaman a movilizarse contra el encarecimiento de los bienes esenciales y por unas retribuciones que permitan acceder a un alojamiento digno.

Vidal explica que CCOO trabaja junto a los movimientos sociales y, particularmente, con los sindicatos de vivienda, con los que asegura mantener una relación desde hace años. La dirigente destaca, además, la voluntad de aprovechar las redes feministas y los vínculos con colectivos LGTBIQ+, cuyas condiciones de acceso a una vivienda pueden estar atravesadas por formas específicas de desigualdad y discriminación.

Comparar el 11N con el 8M de 2018 permite apreciar tanto la continuidad de esas alianzas como sus límites. La incorporación de reivindicaciones sociales a una huelga general no garantiza, por sí misma, que todas las personas afectadas encuentren el mismo espacio para intervenir en su organización. 

Huelgas generales de todos y todas

La propia reconstrucción de los antecedentes de la huelga general que se viene haciendo constituye, para Ruth Caravantes, un motivo de preocupación. La portavoz de la Comisión 8M cuestiona que algunos relatos sobre las huelgas generales en España omitan las convocatorias feministas de 2018 y 2019, pese a su alcance. «Es un error contar las huelgas solo desde lo que convocan los grandes sindicatos», sostiene. Esta omisión, valora la activista, tiene que ver, en parte, con una concepción de la huelga que continúa privilegiando la interrupción de la producción y que «invisibiliza» las demandas feministas.

Es precisamente en este punto donde Montserrat Sánchez plantea una de sus principales autocríticas respecto al enfoque con el que, al menos en esta fase inicial, se ha concebido la huelga del 11 de noviembre. A su juicio, pese a la amplitud social del problema de la vivienda, la preparación de la convocatoria todavía no ha incorporado suficientemente la perspectiva interseccional.

En este sentido, menciona a las mujeres migrantes afectadas por las restricciones de la legislación de extranjería, a quienes trabajan sin contrato o encuentran dificultades para acceder a uno de alquiler, y a aquellas que han tenido que abandonar el empleo remunerado para asumir responsabilidades familiares. También señala la situación de las víctimas de violencia machista que no pueden abandonar la convivencia con sus agresores por carecer de una alternativa habitacional. Cuestiones, todas ellas, de especial relevancia, cuando lo que se está reivindicando, entre otras cosas, es el carácter transversal de una causa como la crisis habitacional. Se confirma que el hecho de que una necesidad sea ampliamente compartida no significa que todas las personas la experimenten de la misma manera, ni que dispongan de los mismos recursos para defender sus derechos. 

El legado de la huelga feminista de 2018 tiene mucho que ver con todos estos procesos organizativos menos visibles, pero no por ello menos importantes. Uno de los principales desafíos de la huelga del 11 de noviembre será la capacidad de las organizaciones sindicales y los movimientos por el derecho a la vivienda para articular una respuesta común que, lejos de desdibujar las distintas realidades que confluyen en el conflicto, sea capaz de integrarlas en una reivindicación compartida y solidaria.

En su momento, la huelga feminista de 2018 no resolvió las tensiones entre el trabajo remunerado, los cuidados y las desigualdades sociales, del mismo modo que una jornada de paro no resolverá por sí sola la crisis de la vivienda. Pero, como va a ocurrir ahora, sí puso de manifiesto la posibilidad de convertir en objeto de lucha colectiva conflictos que durante mucho tiempo habían sido tratados como individuales o, como poco, ajenos al mundo laboral.