«Una generación al límite» por Agustín Martínez
Hay hartazgos que no nacen de un día de indignación, sino de años de frustraciones. El de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda pertenece a esa categoría.
Han estudiado, trabajan, pagan alquileres criminales y descubren, con rabia y desolación, que el futuro que les prometimos se ha convertido en un privilegio reservado a quienes ya tienen patrimonio. No es una crisis de expectativas: es una crisis de derechos.
Granada ofrece una radiografía especialmente elocuente. Que casi 20.000 viviendas estén concentradas en unas decenas de manos no constituye una anécdota, sino un síntoma de la profunda perversión del mercado inmobiliario. Cuando la vivienda deja de cumplir su función social para convertirse en un bien especulativo, la desigualdad se transforma en una maquinaria que devora a quienes carecen de recursos. Y mientras cada día se produzca un desahucio, el problema deja de ser una abstracción económica para adquirir nombres y personas destrozadas.
Las acampadas juveniles son la expresión visible de ese fracaso. No estamos ante una generación caprichosa que exija vivir mejor que sus padres, sino ante personas que aspiran a emanciparse sin hipotecar su vida, compartir habitación indefinidamente o destinar la mayor parte de sus ingresos a enriquecer a un propietario. La emancipación natural se ha convertido en una misión imposible cuyo precio aumenta mientras las soluciones se eternizan.
Todavía más estremecedor resulta comprobar cómo la angustia por perder una casa puede conducir a personas, también de edad avanzada, al borde del suicidio. Cuando la falta de un hogar se convierte en una amenaza permanente, no solo peligra la estabilidad económica: se resquebrajan la dignidad, la salud mental y la confianza en una sociedad que parece haber aceptado como inevitable el sufrimiento de los más vulnerables..
Y aquí aparece la responsabilidad política. Gobiernos, comunidades autónomas y ayuntamientos llevan años anunciando planes y pronunciando discursos sobre el derecho a la vivienda. Sin embargo, demasiadas familias siguen esperando una protección efectiva, un alquiler asumible o una alternativa habitacional y mientras la distancia entre la propaganda y la realidad alimenta un descrédito que ya no se resuelve con otra campaña institucional sino con hechos urgentes.
foto:El confidencial
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