26 octubre 2026

Tras el último informe sobre la pobreza, que sitúa a Andalucía a la cabeza de esta tasa en España, un artículo con la firma de Agustín Martínez para leer y compartir.

Hay algo todavía más preocupante que la pobreza y es acostumbrarse a ella. Los datos vuelven a ser demoledores. Andalucía lleva dieciséis años consecutivos -ocho con gobiernos socialistas y ocho con gobiernos populares- encabezando la clasificación autonómica del riesgo de pobreza y exclusión social.

Que uno de cada tres andaluces viva amenazado por la precariedad debería avergonzar a cualquier Gobierno.

El último informe sitúa en el 34,7% la población andaluza afectada, o lo que es lo mismo, más de tres millones de andaluces son pobres. Hablamos de familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que siguen siendo pobres pese a tener empleo y mayores obligados a hacer malabares para afrontar los gastos cotidianos. Que uno de cada tres andaluces viva amenazado por la precariedad debería avergonzar a cualquier Gobierno.

Lo verdaderamente insoportable no es únicamente la persistencia de estas cifras, sino la naturalidad con la que las hemos incorporado al decorado de nuestra realidad. Cada año se publican los informes, se suceden las declaraciones de preocupación, se prometen planes, se anuncian inversiones y se proclama la inminencia de una nueva edad de oro. Después, la realidad vuelve a colocar a Andalucía en el vagón de cola y aquí no pasa absolutamente nada.

Durante décadas, los gobiernos socialistas nos vendieron una Andalucía imparable que había dejado atrás sus complejos y se disponía a conquistar el futuro. Después llegó el Partido Popular con su particular California andaluza, su revolución económica y su promesa de prosperidad. Cambian los eslóganes, los colores de los atriles y los protagonistas de las fotografías, pero hay una constante que resiste cualquier alternancia política y que no es otra que la distancia entre la Andalucía que nos cuentan y la Andalucía en la que vive un porcentaje insoportable de la población.

Porque una cosa es crecer y otra muy distinta repartir los frutos del crecimiento. Una cosa es batir récords turísticos, atraer inversiones o celebrar la apertura de un establecimiento hotelero y otra conseguir que esas buenas noticias repercutan en la ciudadanía que las protagonizan. Si la prosperidad no mejora la vida de la mayoría, quizá el problema no sea la falta de crecimiento, sino el modelo de desarrollo que estamos construyendo.

Andalucía tiene todo para ser mucho más de lo que es. ¿Cómo se explica, entonces, que semejante acumulación de ventajas conviva con una pobreza tan persistente?

Andalucía tiene todo para ser mucho más de lo que es. Tiene talento, universidades punteras, patrimonio histórico, una cultura reconocible en todo el mundo, una diversidad geográfica extraordinaria, capacidad agroalimentaria, potencial industrial, recursos energéticos, investigación científica y unas condiciones turísticas privilegiadas. Tiene ciudades con personalidad única y una población que ha demostrado sobradamente su capacidad para trabajar, crear, innovar y salir adelante. ¿Cómo se explica, entonces, que semejante acumulación de ventajas conviva con una pobreza tan persistente?

La respuesta no puede despacharse culpando a la historia, a la herencia recibida o a una supuesta incapacidad de los andaluces. La historia explica muchas cosas, pero no absuelve eternamente a quienes gobiernan. Tampoco basta con exhibir el crecimiento del producto interior bruto mientras se mantienen estructuras productivas excesivamente dependientes de actividades estacionales, salarios bajos y empleos de escaso valor añadido.

La provincia de Granada ofrece una imagen especialmente dolorosa de esta contradicción. Según los datos recientes de renta municipal del INE, Iznalloz y Albuñol figuran entre los tres municipios con menores ingresos medios por persona de España. Dos localidades granadinas entre las tres últimas de una clasificación que debería provocar una reacción política inmediata.

Mientras tanto, buena parte de Andalucía continúa desempeñando el papel que otros parecen haberle reservado: suministradora de mano de obra barata, territorio de servicios estacionales y escenario vacacional para quienes pueden permitirse disfrutar de lo que aquí muchos andaluces no pueden pagar. Una comunidad que exporta trabajadores, talento y jóvenes formados, mientras importa precariedad y ve cómo demasiadas oportunidades terminan concentrándose lejos de sus pueblos y ciudades.

Que no se nos olvide que la pobreza no es solamente un problema económico sino una limitación de derechos, una fábrica de desigualdad y una amenaza para la propia democracia. Cuando una parte de la población siente que el futuro no le pertenece, que estudiar no garantiza progresar y que trabajar no basta para vivir, el desencanto deja de ser una emoción individual para convertirse en un problema colectivo.

No podemos seguir aceptando que Andalucía sea rica en potencialidades y pobre en resultados como si ambas cosas fueran perfectamente compatibles. Ni permitir que cada Gobierno convierta sus promesas en propaganda mientras la realidad certifica el fracaso de las políticas que deberían transformar nuestra realidad.

La cuestión no es si Andalucía puede permitirse aspirar a más. Es cuánto tiempo más vamos a conformarnos con menos. Porque la pobreza no es nuestro destino, ni una característica de nuestra identidad, ni el precio inevitable de vivir en esta tierra. Es una realidad política, económica y social que debe cambiarse. Y convertir su persistencia en una costumbre constituye, probablemente, la forma más peligrosa de rendición colectiva.