4 noviembre 2026

Agustín Martínez firma este artículo en el que, con valentía y claridad, denuncia la utilización de la tragedia. Una lectura para la reflexión.

Tragedia ferroviaria de Adamuz, DANA de Valencia, volcán de la Palma, apagón general, entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, incendios apocalípticos y ahora la brutal colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo. Este país parece ser víctima de una brutal maldición, o de una mala suerte inédita en sus anales históricos.

Con tan dramáticos y sucesivos precedentes podríamos imaginar que ya habríamos aprendido cómo gestionar tanta desgracia y tanto dolor. Y sí. Nuestros servicios de emergencias, fuerzas de seguridad y sobre todo la sociedad civil siempre han estado a la altura, tanto como ayer lo estuvieron en Urda, Consuegra o Los Yébenes, cuyos vecinos se volcaron desde primera hora de la mañana con los supervivientes y los heridos de los dos trenes siniestrados a muy pocos kilómetros de sus municipios. Sobresaliente también la coordinación entre las distintas administraciones competentes en dar respuesta a semejante tragedia. Y suspenso, suspenso absoluto para los de siempre, los carroñeros que desde el primer minuto intentaron sacar réditos del dolor y de la muerte de decenas de sus compatriotas.

Ni siquiera una tragedia que exige respeto, prudencia y solidaridad parece capaz de detener a quienes han convertido las redes sociales y la política en un vertedero donde cualquier desgracia sirve para ajustar cuentas

Ni siquiera una tragedia que exige respeto, prudencia y solidaridad parece capaz de detener a quienes han convertido las redes sociales y la política en un vertedero donde cualquier desgracia sirve para ajustar cuentas. No necesitan conocer los hechos, disponer de información contrastada, ni esperar a que los investigadores determinen qué ha ocurrido. Les basta con que haya víctimas y una mínima posibilidad de que el dolor ajeno pueda convertirse en un arma arrojadiza contra quienes consideran sus enemigos.

Su maquinaria funciona a una velocidad inversamente proporcional a su decencia. Mientras las familias intentan asimilar lo sucedido, mientras los servicios de emergencia trabajan y mientras todavía se desconocen las causas del siniestro, los profesionales del odio ya han dictado sentencia. Todo sin pruebas, sin investigación y sin el menor escrúpulo. Porque lo importante no es saber qué ha pasado, sino conseguir que la tragedia perjudique al adversario político. La coherencia ha sido expulsada de este espectáculo hace mucho tiempo. También la vergüenza.

Y en ese festín de miseria moral participan políticos, propagandistas, agitadores digitales y toda una legión de espontáneos que confunden la libertad de expresión con el derecho a envenenar la convivencia. Algunos lo hacen por sectarismo, otros por conseguir una relevancia digital de mierda. Hay quien cobra por intoxicar y quien lo hace gratis. Pero todos contribuyen a convertir cualquier tragedia en una batalla tribal donde los hechos importan menos que la oportunidad de hacer daño.

Lo más preocupante es que el veneno no se queda en las pantallas de quienes lo fabrican. Se filtra en las conversaciones familiares, en las tertulias, en los bares y en las relaciones cotidianas. Alimenta la desconfianza, envenena la convivencia y convence a demasiadas personas de que quienes piensan diferente no son adversarios con los que discrepar, sino enemigos a los que destruir. Así, una sociedad entera termina consumiendo, muchas veces sin advertirlo, el veneno que otros elaboran para obtener poder, notoriedad o beneficio.

La justicia no consiste en señalar al culpable que mejor encaja en nuestras preferencias ideológicas, sino en establecer los hechos y actuar conforme a ellos.

Conviene recordar algo elemental que parece haberse olvidado: exigir responsabilidades no solo es legítimo, sino imprescindible. Las investigaciones deben llegar hasta el final, las negligencias deben esclarecerse y quienes hayan incumplido sus obligaciones deben responder por ello, sean quienes sean y ocupen el cargo que ocupen. Precisamente por eso hay que investigar antes de condenar. Porque la justicia no consiste en señalar al culpable que mejor encaja en nuestras preferencias ideológicas, sino en establecer los hechos y actuar conforme a ellos.

Respetar el duelo no significa blindar a ningún Gobierno frente a las críticas ni conceder una tregua indefinida a los responsables políticos. Significa entender que hay un tiempo para acompañar a las víctimas y otro para exigir explicaciones, sin que una cosa impida la otra.

Una sociedad decente no renuncia a preguntar, investigar ni exigir justicia. Lo que hace es negarse a utilizar a los muertos como munición y a las víctimas como coartada para propagar el odio.

Quizá sea demasiado pedir decencia a quienes han hecho de ese odio su negocio y de la mentira su herramienta. Pero conviene decirlo alto y claro: no son más valientes por gritar antes, ni más inteligentes por inventar culpables, ni más comprometidos por convertir el duelo en una guerra política. Son, sencillamente, carroñeros.

Y el problema es que, mientras ellos se alimentan de la tragedia, el resto de la sociedad acaba respirando la podredumbre.

https://www.elindependientedegranada.es/politica/carroneros-no-gracias