Expertos desmontan el mito de las derechas de que las ayudas sociales quitan las ganas de buscar trabajo

Culpabilizar al pobre, no a la pobreza, es decir, a las condiciones socioeconómicas y culturales que determinan que esa persona no tenga recursos económicos. Dos sociólogos, uno de ellos catedrático de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, han publicado un trabajo en el que muestran cómo hay administraciones públicas que desde sus programas de atención social achacan a los colectivos desfavorecidos desidia, pereza y falta de voluntad para superar sus problemas con el empleo o mejorar el rendimiento escolar de sus hijos, una práctica que, advierten, está creciendo con el avance de la ultraderecha.

El trabajo publicado por el catedrático Enrique Martín Criado y Carlos Alonso Carmona en la web de sociología Entramados Sociales del Grupo de investigación para la desigualdad social, con el título Barrios abandonados, vecinos culpables: estigmatizar para no actuar, describe un patrón cada vez más extendido que sostiene que las políticas de protección social como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) generan desincentivos para el empleo y cronifican la dependencia y la pérdida de iniciativa individual. Esos argumentos, sin embargo, rara vez se aplican, a su juicio, a las numerosas transferencias, beneficios fiscales y subvenciones que perciben las clases medias y altas.

Estos dos sociólogos han analizado la descripción que hace el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP con apoyos de Vox, de los barrios más desfavorecidos dentro del programa Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) que impulsa la Junta en toda Andalucía. Ese programa abarca seis zonas de una ciudad que tiene seis de los quince distritos con menor renta por habitante de toda España, según el informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística de 2026, ingresos que son casi siete veces inferiores a los de los más ricos, situados en Madrid.

En el caso de Tres Barrios-Amate, el más pobre de España con una renta media anual de solo 7.688 euros por habitante, el ayuntamiento afirma en su web del programa Eracis que gran parte de los ingresos familiares provienen de prestaciones públicas, como el Ingreso Mínimo Vital, «lo que en algunos casos ha influenciado negativamente en la motivación para la formación y la búsqueda activa de empleo». Y en cuanto a la educación señala que hay un «alto absentismo y fracaso escolar, agravados por la falta de modelos educativos, escasa implicación parental y brecha digital».

El Polígono Sur, el segundo barrio con menor renta de todo el país, tiene, según el ayuntamiento, una «fuerte dependencia del Ingreso Mínimo Vital, lo que ha debilitado la motivación hacia el empleo y la formación». Y de la educación de sus niños y niñas dice que el absentismo y fracaso escolar son muy elevados, agravados por la falta de implicación familiar y la percepción de que el esfuerzo no es necesario».

Torreblanca, otro de los barrios más pobres de la capital andaluza, padece una «fuerte dependencia de ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital«, que contribuye a generar «un círculo de exclusión difícil de romper», afirma el ayuntamiento en la descripción de su programa de atención social a zonas desfavorecidas. En el caso de El Cerezo, un barrio con una creciente población migrante, señala que «la poca implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas es un factor clave» en los problemas de absentismo y abandono escolar.

Unos barrios con grandes carencias

Los sociólogos Martín Criado y Alonso Carmona lo ven de una manera muy distinta. «Frente a las carencias materiales, la segregación urbana o la insuficiencia de los servicios públicos -argumentan-, los diagnósticos oficiales del ayuntamiento encuentran una explicación más sencilla: los vecinos carecen de motivación, no quieren trabajar y tampoco saben educar a sus hijos. Resulta más fácil apuntar a las actitudes de quienes sufren la pobreza que transformar las condiciones que la producen», afirman en su artículo.

En ese trabajo se detalla que los barrios obreros de Sevilla que encabezan año tras año los ranking de pobreza urbana en España sufren carencias de todo tipo, denunciadas por sus asociaciones de vecinos «con poco éxito«. Y entre ellas destacan que, mientras el centro de la ciudad se limpia a todas horas, la basura se acumula en esos barrios periféricos, donde su propio vecindario se encarga de barrer la acera delante de sus portales y padece, además, continuos cortes de luz que causan graves trastornos en su vida cotidiana.

El catedrático Enrique Martín Criado asegura a Público que las descripciones de la población de estos barrios que se hacen en un programa público de atención social «están muy extendidas» tanto a nivel de políticas como de prácticas educativas basadas en prejuicios sobre las familias pobres. «Lo que aparece en Eracis es una compilación de todos los prejuicios que hay sobre las clases populares. Es una enciclopedia de esos prejuicios», subraya.

Según estos expertos, la precariedad no es la consecuencia de una falta de motivación, sino, más bien, de la falta de control de quien la padece sobre las propias condiciones de vida. «Cuando una población pobre comienza a percibir ingresos regulares, lejos de despilfarrarlos, los administra cuidadosamente para mejorar su situación», matizan.

Más de un millón de menores protegidos con el IMV

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez, llega actualmente a cerca de 880.000 hogares en toda España, en los que viven más de 2,6 millones de personas, según la última estadística por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía media mensual es de 504,5 euros y sirve también como protección de la infancia, ya que más de un millón de menores se benefician de la prestación que reciben sus familias.

Martín Cano, que ha publicado también un artículo sobre los beneficios de esa prestación, asegura que las investigaciones que se han llevado a cabo acerca de este tipo de ayudas demuestran todo lo contrario de lo que afirma el Ayuntamiento de Sevilla sobre supuestos efectos negativos en el incentivo al empleo. «Es todo lo contrario -afirma-. Poder tener unos ingresos regulares mínimos permite a la gente planificar, plantearse ciertas cosas y avanzar. Muy lejos de incitar a la holgazanería, lo que ocurre es que quienes lo perciben pueden plantearse estrategias a medio y largo plazo para encontrar trabajo y poder vivir mejor».

La incertidumbre, el no saber el dinero con el que podrás contar al mes siguiente, genera mucho estrés, por eso la planificación que permite un ingreso mínimo resulta crucial, recalca Martín Criado. «Ser pobre es muy estresante, genera un desgaste mental absoluto, del que no se habla. Solo se habla del estrés de los ejecutivos», añade.

En su artículo, este experto argumenta que quienes califican de paguita prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital para «vagos, parásitos, holgazanes» parten de una premisa «netamente clasista: los pobres son sospechosos de ser culpables de su pobreza por sus rasgos de personalidad». «Eso le sirve de justificación a administraciones como el ayuntamiento de Sevilla para no tener que intervenir en los barrios pobres, porque considera que si están así es porque quieren», explica Criado a este periódico.

La implicación en la educación

En el plano educativo ocurre algo similar, según estos expertos: se pone sobre los hombros de las familias toda la carga de la mala marcha de sus hijos en el colegio y después algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Sevilla, las acusan de no implicarse para evitar ese fracaso escolar. «Los documentos no mencionan ningún otro factor que explique los bajos resultados escolares más allá de las penosas prácticas familiares. Ni una referencia a la segregación escolar, a la falta de equipamientos o a las expectativas y prácticas docentes, elementos repetidamente estudiados por la sociología de la educación», recalcan en su trabajo Martín Criado y Alonso Carmona.

El catedrático de sociología de la UPO apunta que han hecho investigaciones sobre familias y clases populares en escuelas que reflejan que lo más habitual es que las madres dediquen las tardes a ayudar a sus hijos a hacer los deberes o a procurar que los hagan. El problema, advierte, es su falta de formación y estudios para que la ayuda sea productiva, así como de recursos económicos para pagar unas clases particulares de refuerzo que sí pueden permitirse familias de clase media o superior.

«Hay docentes que dicen que esas familias no se preocupan o de que no van a las tutorías. Pero lo que pasa es que cuando van a esas tutorías les acusan de no estar implicadas en la educación de sus hijos y entonces dejan de ir para que no les humillen, para que no les acusen de ser malas madres«, precisa Martín Criado, que pide dejar de estigmatizar a las clases populares y evitar en lo posible mandar a ese alumnado deberes para hacer en casa. «Las familias sin estudios -señala- no pueden ayudarlos y tampoco tienen dinero para pagar clases particulares. En su lugar habría que hacer clases de refuerzo en los colegios».

Las críticas de la derecha a las ayudas

Los diagnósticos que se hacen desde un programa como Eracis para la inclusión social de la población de barrios pobres no son, sin embargo, nuevos, según los autores del artículo; tienen su origen en las críticas que la derecha de EEUU hacía ya en los años 60 a los programas de lucha contra la pobreza que puso en marcha el presidente demócrata Lindon B. Johnson. «Como la derecha no podía oponerse directamente al objetivo proclamado -señalan-, utilizó una retórica reaccionaria, según la cual la pobreza derivaba en una cultura caracterizada por la incapacidad de posponer la gratificación para alcanzar sus objetivos. Los pobres serían como niños veleidosos e inmaduros, que perseguirían sus caprichos sin preocuparse por las consecuencias».

Esa crítica se ha intensificado ahora en España desde fuerzas de ultraderecha como Vox, que hablan de forma despectiva de las paguitas sin cuestionar, sin embargo, según Martín Criado, las ayudas y subsidios de los que se benefician las clases medias. «La Junta de Andalucía acaba de sacar unas ayudas para energías renovables en las viviendas que solo puedes recibir si gastas 11.000 euros en una instalación. Y nadie dice que esas personas que las reciben son vagas o rentistas. Pero cuando se daba el subsidio del PER (Plan de Empleo Rural, hoy denominado PFEA) había una sospecha continua de que quienes lo percibían estaban defraudando y era un escándalo. Y las escuelas concertadas son también subsidios para las clases medias, porque están segregadas para una cierta población. Hay una doble vara de medir esto que es muy fuerte».

La estigmatización de las personas pobres ha ido aumentando, a juicio de este sociólogo, con la derechización de la sociedad y sus discursos individualistas. «Quienes dominan la agenda -advierte- son los que tienen más recursos. Y sus prejuicios se generalizan. Se estigmatiza a los que están por debajo. Eso es lo que legitimiza el privilegio y la desigualdad social».