ATARFE: Protocolo contra las ocupaciones ilegales de viviendas

El Ayuntamiento de Atarfe elaborará un Protocolo de Actuación contra las Ocupaciones Ilegales al tiempo que tratará de dar respuesta por los cauces legales a las necesidades de viviendas de alquiler que tienen las familias en una situación extrema de vulnerabilidad.

Tanto el equipo de gobierno como los partidos de la oposición (PSOE, PP, Ciudadanos y Ganemos) trabajarán juntos para buscar una solución a las ocupaciones de viviendas ilegales que alteran la convivencia ciudadana.

La explosión de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica han derivado en situaciones impensables hasta hace unos años.  La ocupación irregular de viviendas vacías de Atarfe es un fenómeno preocupante, pero no es un problema exclusivo de nuestro pueblo. Lo sufren muchos municipios del área metropolitana de Granada y de otros lugares del país, sobre todo se está produciendo en aquellos pueblos donde se construyó una número de viviendas excesivo, como fue el caso de Atarfe, muchas de ellas vacías.

El gobierno municipal ha detectado en los últimos meses un aumento de quejas vecinales procedentes de ocupaciones ilegales de viviendas. Los ocupantes causan molestias a los vecinos, realizan conexiones ilegales de los suministros, a veces a cargo de la comunidad, y en ocasiones producen daños en viviendas colindantes. «Las ocupaciones molestas no son hechos aislados, están orquestadas y organizadas por personas que bajo el paraguas de la “necesidad” se aprovechan de la situación y se dedican a localizar viviendas desocupadas (con independencia de quien sea su titular) para ponerlas a disposición de los que ellos consideren conveniente, en ocasiones cobrando por ello».

La Policía Local de Atarfe ha abortado algunas ocupaciones en el momento en el que se iban a producir, pero resulta más difícil actuar cuando ya se ha consumado. En estos casos es necesaria la denuncia del propietario de la vivienda para que el juez pueda ordenar el desalojo por usurpación de la propiedad. Si nadie la denuncia se puede eternizar la ocupación. Por eso, el gobierno municipal entiende que es importante la colaboración ciudadana y la  comunicación a la Policía o a la Guardia civil en el momento de producirse la ocupación, pues facilita en gran medida la intervención y la solución al problema en un corto espacio de tiempo.

El pasado 21 de Septiembre el ayuntamiento de Atarfe se reunió con varias entidades bancarias que son propietarias de viviendas vacías en la localidad, con los responsables de las empresas suministradoras de Aguas y Electricidad (Endesa y Aguasvira)  y con mandos de la Policía Local y la Guardia Civil.  La reunión tenía por objeto poner en común el diagnóstico de la situación, analizar fórmulas de colaboración entre los organismos responsables y elaborar un protocolo de actuación contra las ocupaciones «mafiosas».

Hubo unanimidad en la necesidad de poner en marcha  dicho Protocolo de Actuación  contra las Ocupaciones Ilegales  que «deterioran la convivencia y producen inseguridad y malestar ciudadano».  Se hicieron propuestas para coordinar actuaciones por parte de todos los organismos que asistieron a la reunión.

Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que, a la vez que se ponen  los medios para frenar las ocupaciones ilegales, se debe trabajar desde todas las instancias para dar respuesta -dentro de los cauces legales- a las necesidades de viviendas de alquiler que tienen las familias en una situación extrema de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis económica. En dicha reunión se habló de agenciar bonos sociales para que dichas familias puedan pagar los suministros vitales: agua, luz y gas.

Al día siguiente, jueves 22 de Septiembre, el equipo de gobierno transmitió a los demás grupos políticos de la Corporación la información de la reunión anterior. Todos los portavoces que forman parte de la actual corporación manifestaron su enorme preocupación por este nuevo fenómeno y mostraron su intención de participar en la elaboración del Protocolo de Actuación contra las Ocupaciones Ilegales para que las decisiones que se adopten sean fruto del consenso.  Dicho protocolo se aprobará en la Junta de Seguridad Ciudadana que  se convocará próximamente.

En ambas reuniones se pusieron sobre la mesa algunas de las medidas que podrían incluirse en el Protocolo de Actuación que se elabore. Entre otras propuestas se habló de:

1º.- Poner a disposición de los ciudadanos un teléfono confidencial para avisar inmediatamente cuando se esté produciendo una ocupación ilegal.  Es primordial la colaboración ciudadana.

2º.- Coordinar la personación de la Policía Local y Guardia Civil lo más rápido posible para impedir la ocupación o, si ésta ya se ha producido, requerir a los nuevos moradores que decidan voluntariamente abandonar la vivienda. Al mismo tiempo,  poner los medios para avisar al propietario al objeto de obtener una denuncia lo más rápida posible que sustente el procedimiento policial y así conseguir un desalojo judicial rápido. También se pondrá en conocimiento de las suministradoras de agua y electricidad para impedir los enganches ilegales.  Se vio primordial que haya una vigilancia posterior sobre el inmueble ya que, si se desocupa, es indispensable cerrar los accesos, evitando que vuelvan a entrar.

3º En ocasiones, la propiedad no está claramente definida: viviendas embargadas por el banco o de las que todavía no tienen la posesión, residenciales que pertenecen a una constructora en concurso de acreedores, viviendas abandonadas por particulares… En estos casos el desalojo por orden judicial puede resultar largo y complicado. Por ello, se habló de solicitar una entrevista al el juez Decano para manifestarle la necesidad de que la Justicia tome medidas cautelares.

Por último, se abordó la posibilidad de emplazar a otros municipios que están sufriendo el mismo problema, así como transmitir nuestra preocupación a la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno para que también busquen soluciones ante esta nueva problemática.