Por la presión social Justicia aplaza la privatización del Registro Civil y busca una alternativa
El Registro Civil no pasará a manos de los registradores mercantiles el próximo 15 de julio, tal y como había anunciado el Gobierno. El Ministerio de Justicia ha decidido aparcar la cesión de la gestión del organismo y está dispuesto incluso a buscar un modelo distinto que no consista en transferir estas funciones a los registradores mercantiles y de la propiedad. El anuncio lo hizo este viernes el ministro Rafael Catalá, que aseguró que el Ejecutivo sacará el Registro Civil de los Juzgados, pero quiere hacerlo “sin presión” y “con consenso”. “Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no cuente con los apoyos necesarios”, admitió Catalá.
La decisión de frenar este traspaso supone una nueva enmienda de Catalá sobre un proyecto promovido por su antecesor al frente de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como ya ocurrió con la reforma de la ley del Aborto, la ley de Tasas, la Ley Orgánica des Poder Judicial o la reducción del número de aforados. En el caso del Registro Civil, el plan no contentaba ni a los profesionales del ámbito de la justicia ni a los registradores mercantiles, que exigían compensaciones económicas para asumir esta función
Para los sindicatos y los partidos de la oposición, el proyecto de Gallardón, que Catalá ha intentado salvar hasta ayer, suponía una privatización encubierta de servicios como la inscripción de los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, unas gestiones que hasta ahora son gratuitas y que el Gobierno se ha comprometido a que sigan siéndolo.
El ministro ha comunicado ya la paralización del plan al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y en la próxima semana iniciará una ronda de contactos con los sindicatos y los grupos políticos para intentar buscar otra fórmula que genere menos rechazo. “No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones Públicas, los trabajadores y los partidos políticos. Por eso nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el modelo”, señaló Catalá. La opción de transferir la gestión a los registradores mercantiles no está del todo descartada, pero el ministro aseguró que escuchará “alternativas”. Aunque el diálogo no va a ser sine die porque la decisión de desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento en 2011, no está en cuestión.
Los sindicatos mayoritarios aplaudieron el anuncio de Catalá, aunque se mostraron cautos a la espera de conocer si el Gobierno descarta definitivamente el proyecto o simplemente demora su puesta en marcha para sacarlo del debate electoral. Los representantes de los trabajadores se mostraron dispuestos a dialogar con Catalá, aunque advirtieron que su alternativa pasará siempre por un modelo que deje el Registro Civil en manos de funcionarios de justicia.
Historia de un fracaso
El Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en diciembre de 2012 su intención de delegar en los registradores de la propiedad la gestión —no la titularidad— del Registro Civil, llevado por jueces desde el siglo XIX. Y abrió la puerta a que ciertos trámites menores dejaran de ser gratuitos para el usuario.
En octubre de 2013, para frenar las protestas, Justicia reculó y aseguró que todos los trámites del Registro Civil, “sin excepción”, seguirían siendo gratuitos tras la cesión. Se abrió entonces un conflicto entre el ministerio y el Colegio de Registradores, que se negaba a asumir ese trabajo sin cobrar nada a cambio.
En junio de 2014, Justicia rompió las negociaciones con el Colegio y anunció que sería un pequeño grupo de registradores mercantiles —no los de la propiedad, mucho más numerosos— quienes llevarían el Registro Civil.
El 4 de julio el Gobierno aprobó por decreto el calendario de cesión en varias fases, que se iniciaba en julio de 2015 y culminaría en enero de 2017. Ese es el calendario que Justicia paralizó ayer.
