El Consejo de Europa vota por tercera vez en contra de los vientres de alquiler
El pasado martes, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, votaba en contra de una propuesta para legalizar y regular la práctica de los vientres de alquiler en los Estados miembros; la iniciativa la encabezaba Petra De Sutter, senadora belga y ginecóloga, especializada en técnicas de reproducción asistida y alquiler de vientres.
La Asamblea rechazaba, con 83 votos, la recomendación sobre “Derechos de los niños relacionados con madres de alquiler ‘, en base al informe de De Sutter.
La Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible ha examinado la subrogación desde el ángulo de los derechos de los niños y niñas y considera que los acuerdos de subrogación no salvaguardan sus derechos, y que esta explotación reproductiva de las mujeres vulnera los derechos de las gestantes también.
En una respuesta amplia a la propuesta de la senadora, se afirma que “a pesar de que hay una amplia mayoría en contra de la subrogación con fines lucrativos, tampoco deben permitirse los acuerdos de subrogación altruistas, ni se debería alentar a los Estados a que permitan este tipo de acuerdos, si quieren establecer unas normas mínimas con miras a la protección de las madres de alquiler y los niños nacidos por sustitución”.
La dimensión económica del alquiler de vientres
En la argumentación, contraria a la petición de De Sutter, el Comité esgrime cifras sobre la dimensión económica del negocio del alquiler de vientres. Aunque no existen estimaciones oficiales, la ONG Servicio Social Internacional (ISS) estima que más de 20.000 niños y niñas nacen cada año a través de la subrogación; la BBC, citando estimaciones oficiales de la India, informó que las sustitutas dan a luz a 5.000 bebés cada año en la India. En Ucrania, se reportaron 396 ciclos de FIV con madres de alquiler en clínicas privadas (las clínicas estatales no ofrecen alquiler de vientres).
La dimensión económica que supone esta práctica es notable, y así se señala en la argumentación: en India solamente, se estima en un valor de 2.3 billones de dólares.
La dimensión económica que supone esta práctica es notable, y así se señala en la argumentación: en India solamente, se estima en un valor de 2.3 billones de dólares – de los cuales sólo alrededor de un tercio por lo general va a la madre de alquiler, siendo el monto principal destinados a organismos, intermediarios y médicos / clínicas.
“Granjas de mujeres”
La Comisión de Asuntos Sociales señala que las gestantes son, especialmente en países en vías de desarrollo, pobres y sin educación. La práctica de alquiler de vientres las deja desprotegidas y sin posibilidad de tomar decisión alguna, precisamente por su condición económica y educativa.
Asimismo, señalan que los contratantes pueden intervenir en el embarazo o en decisiones relacionadas con la salud de estas mujeres, que además están obligadas a entregar al bebé recién nacido, ya que el pago depende de esto.
La Comisión recuerda que estas “granjas de mujeres” aíslan a las gestantes de sus familias y “pagan una misera (o nada en absoluto en el caso de aborto involuntario o muerte)”.
No se trata sólo de una vulneración de los derechos de estas mujeres en países como India o Ucrania (donde existen “granjas de mujeres”) sino que en Estados Unidos también se han dado casos constantes de intromisión en la salud y decisiones de la gestante por parte de los contratantes e intermediarios.
http://www.tribunafeminista.org/2016/10/el-consejo-de-europa-vota-en-contra-de-la-suborgacion/
En su respuesta, la Comisión recuerda que estas “granjas de mujeres” aíslan a las gestantes de sus familias y “pagan una misera (o nada en absoluto en el caso de aborto involuntario o muerte)”.
