España apenas ha implantado los equipos para valorar el riesgo de las mujeres maltratadas previstos por ley

I.F.L había denunciado tres veces a su expareja por amenazas, acoso e insultos, pero acabó asesinándola un día de octubre en plena calle. Interpuso la primera denuncia a raíz de la separación y fue en la segunda cuando confesó que el maltrato había durado nueve años. I.F.L tenía un alto riesgo de ser asesinada, pero en las tres ocasiones el juzgado denegó la orden de protección y fue valorada con riesgo bajo. Su caso forma parte del estudio del Consejo General del Poder Judicial de los asesinatos machistas de 2015, el último disponible, en el que el organismo insiste en la necesidad de implementar equipos de valoración integrales y especializados en todo el territorio nacional para mermar al máximo la situación de peligro de las denunciantes.

Estos equipos son las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), cuya creación está contemplada en la Ley contra la Violencia de Género de 2004, pero que, 13 años después, no se han desarrollado totalmente. La norma prevé que o bien sea el Ministerio de Justicia el que las ponga en marcha o aquellas comunidades que tienen las competencias transferidas.  Sin embargo, la falta de desarrollo dibuja un escenario dispar entre autonomías, que se ven arrastradas por la falta de medios y la sobrecarga.

Los juzgados tienen la alternativa de recurrir a los forenses adscritos para valoraciones de cualquier ámbito, pero la idea es que estas unidades, formadas por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, estén especializadas en violencia de género y ayuden al juez a tomar decisiones sobre medidas de protección.

Los datos disponibles corroboran que, en aquellos lugares en los que sí hay unidad, los jueces y juezas todavía no recurren a ella en buena parte de los casos. En una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Ángeles Álvarez, el Gobierno ofrece cifras de aquellas autonomías que dependen del Ministerio de Justicia. En Castilla y León estos equipos emitieron un total de 1.600 informes en 2016 sobre 4.600 denuncias, ; 781 en Extremadura de 2.600 casos y 1.200 en Castilla-La Mancha sobre un total de 4.700 casos de violencia.

«No en todas las situaciones de violencia necesitamos de las unidades porque depende del tipo de delito, pero sí deberían generalizarse y estar en todos los partidos judiciales. Los jueces no solemos saber que podemos recurrir a estas herramientas, es ahora cuando se está dando más publicidad», explica Lara Esteve, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion nº3 de Carlet (Valencia). La misma idea traslada Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la violencia de género, que asegura que «los jueces no suelen pedir los servicios de la unidad» y apuesta por convertirlo en algo «obligatorio».

Clave para la protección de los menores

La falta de un reglamento específico ha provocado que cada comunidad tenga sus propias resoluciones, lo que implica que no esté claro cuál debería ser su distribución territorial a nivel nacional, tal y como explica Rafael Bañón, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia en su ponencia Protección a las víctimas y menores. El papel de las Unidades de Valoración Forense Integral. En su estudio, el también presidente del Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense reivindica «una estructura y una organización porque son necesarias y allí donde funcionan son muy eficaces».

La idea inicial fue alojar las unidades en los institutos de medicina legal, que están en las capitales de provincia en las que hay un tribunal superior de justicia o alguna de sus salas. Sin embargo,   la Fiscalía señala en su última memoria como deseable la generalización de estos equipos de manera que «puedan atender a todos los juzgados» y alerta de que aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid. En Andalucía, sin embargo, hay una unidad por provincia.

La importancia de su enfoque radica en que es global, es decir, no analizan la violencia como un hecho puntual, si no como un continuo. «La evaluación es integral y se hace desde diferentes ámbitos y de una manera conjunta, reconociendo la violencia física, psicológica y la situación social. Además, no solo se evalúa a la mujer, sino al agresor y a otras personas dependientes», explica Lorente. Los expertos lo consideran una herramienta clave a la hora de decidir sobre custodias o regimenes de visitas para mermar el riesgo de los hijos e hijas lo máximo posible.

La Fiscalía califica de «esencial» la «total implantación» de estas unidades que identifica como «especialmente útiles» en los supuestos de violencia habitual, maltrato psicológico o acoso. Es decir, las consideran eficaces para los supuestos en los que más frecuentemente se da la violencia de género: el maltrato continuo. De hecho,  la mayor parte de asesinatos machistas está precedido de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas puntuales y graves.

Sin embargo, prosigue el Ministerio Público, los fiscales señalan «la sobrecarga» de las unidades existentes, que repercute en el retraso de los procedimientos, por lo que «se evita la petición de informes salvo cuando es estrictamente necesario». Bañón coincide y hace hincapié en «las dificultades de dotación personal y material». En esta linea, «son escasos los fiscales que afirman buen y adecuado funcionamiento de la unidad», dice la Fiscalía. Por último, su memoria alerta de que el trabajo que hacen estos equipos no debe ser sustituido por los forenses a los que los juzgados pueden recurrir para cualquier cuestión y que no están especializados.

Está en el pacto de Estado y el PSOE lo pide

Los jueces pueden pedir los informes en el momento de guardia, 72 horas después de la denuncia – para lo que existe un protocolo sobre valoración urgente del riesgo que apenas se aplica– o durante la investigación. El estudio complementa la valoración del riesgo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  a través del sistema VioGen y «modula la respuesta que el juez da en cuanto a órdenes de alejamiento o medidas de protección de los menores», especifica Bañón. «Se trata no solo de valorar las lesiones puntuales, sino el clima de violencia concebido como una situación biográfica. No se debe hacer una foto fija, sino una película».

La importancia de las unidades y su escasa implantación llevó al Consejo General del Poder Judicial a reclamar su puesta en marcha al Congreso durante la gestación del pacto de Estado contra la violencia machista. Algo que también reclamaron organizaciones, como Amnistía Internacional, CCOO o la Federación de Mujeres Progresistas, y expertas a título individual. Finalmente, el pacto incluyó la medida de poner en marcha «en el plazo máximo de dos años» las UVFI para «entre otras funciones, asistir a los jueces y juezas en la valoración del riesgo».

El consenso llevó al PSOE a presentar una proposición no de ley el pasado mes de abril que todavía no se ha debatido en la cámara para implementar totalmente las unidades «de manera urgente», explica la diputada Ángeles Ávarez. «Es indignante que esto ya esté en la ley y, sin embargo, el pacto haya tenido que incluir un apartado específico para hacer algo que debería haberse hecho hace 13 años». A pesar de que esta no está entre las 26 medidas prioritarias con las que el Gobierno ha anunciado que despegará el pacto, algunas comunidades, como Aragón, han anunciado que se pondrán manos a la obra.