La OCDE aconseja a España que permita cobrar toda la pensión y seguir trabajando

Dentro de la treintena de países más desarrollados del mundo, agrupados en la OCDE, solo hay siete que ponen restricciones a que, una vez cumplida la edad de jubilación, un trabajador empiece a cobrar su pensión y siga trabajando a la vez.

Uno de esos países es España, que solo permite cobrar el 50% de la pensión y seguir trabajando; y, desde el pasado 1 de enero, solo los autónomos con más de 10 trabajadores a su cargo pueden cobrar la totalidad de su pensión y seguir con su negocio.

Por ello, este dirigente de la OCDE consideró que España debería eliminar las restricciones a poder cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Se trata de una medida prometida por el PP en sus últimos programas electorales y asumida por el Gobierno, pero que, de momento, no tiene visos de materializarse. En ese sentido, Boulhol también consideró que España ofrece menos incentivos que la mayoría de países de la OCDE a seguir en activo una vez cumplida la edad de retiro. Según los cálculos que maneja la OCDE, en España aumenta la pensión un 5,4% más por cada año completo que se trabaja después de esa edad, frente al 8% de la media de los países de esta organización.

Futuras reformas

Junto a esta recomendación, Boulhol apuntó como otra debilidad del sistema español –incluso tras las últimas reformas de 2011 y 2013 que ensalzó– lo que consideró como “una excesiva dependencia de la cuantía de las pensiones a la evolución de los salarios y la productividad en el largo plazo”.

Pero no todo fueron críticas, para la OCDE es positivo que España, con el factor des sostenibilidad que se empezará a aplicar próximo 1 de enero, haya entrado en el club de los seis países que ya tienen mecanismos automáticos para vincular la pensión inicial con la evolución de la esperanza de vida del pensionista tras la jubilación.

No obstante, esto no exime al sistema de próximas reformas que, según la OCDE deberían estar orientadas, como en la mayoría de los países de esta organización, a que los sistemas de capitalización ganen peso en la pensión final que reciba el trabajador.

El jefe de la unidad de pensiones privadas en la división de Asuntos Financieros, Pablo Antolín-Nicolás, que también asistió a esta presentación patrocinada por Inverco, dividió a los países de la OCDE en tres grupos. El primero formado por aquellos donde el sistema de capitalización es el principal, aunque exista un pilar básico de solidaridad: Australia, Dinamarca, Holanda, Islandia, México y Chile. En segundo lugar, los Estados que tienen un sistema de reparto público, pero con un fuerte componente de capitalización en la pensión final: Alemania, Reino Unido, Suecia, países bálticos, Estados Unidos, Canadá o Japón. Y, en último lugar, los países con sistemas puros de reparto: España, Francia e Italia (aunque este último país está en transición al segundo grupo).

Según todo esto, y preguntado Antolín-Nicolás por la poca cultura de contratación de planes privados entre los trabajadores españoles, consideró “aconsejable” seguir el ejemplo de Reino Unido, donde se ha implantado un sistema cuasi obligatorio o de adhesión automática, en el que las empresas están obligadas a ofrecer planes privados a sus trabajadores y estos deciden si los aceptan o se desvinculan. Según los últimos datos aportados ayer por el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama, en Reino Unido, de los ocho millones de trabajadores que ya están en este nuevo sistema, solo el 7% lo ha rechazado. Sin embargo, el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, presente en esta jornada rechazó la posibilidad de adoptar un sistema como el británico.

En esta misma línea, Martínez Aldama pidió que se restituyan los incentivos fiscales a los planes colectivos en el seno de las empresas (deducción del 10% en el impuesto sobre sociedades y exclusión de la base de cotización). Y pidió que en la mesa del diálogo social, patronal y sindicatos acuerden destinar una parte de las mejoras de productividad a planes colectivos de pensiones. No obstante, el negociador de la patronal CEOE en esta mesa, Jordi García Viña, descartó que esta propuesta se esté siquiera estudiando.