Amnistía Internacional denuncia “prejuicios” en los juzgados contra las víctimas de violencia sexual

Faltan datos, respaldo y sensibilidad para atender a las víctimas de violencia de género y, en general, a las que sufren violencia sexual en España. Es lo que denuncia Amnistía Internacional, que destaca la persistencia de “prejuicios discriminatorios” contra las mujeres. A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos, en estos casos “se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato”.

“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señala en un comunicado Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización ha hecho una evaluación de las “luces y sombras” del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre. “916 mujeres muertas desde 2008 merecen medidas eficaces para frenar la violencia contra las mujeres”, señala Amnistía. Como han demandado ya organizaciones de mujeres o la oposición, denuncia “la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema”. El 7’2% de personas han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres, según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual “son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas”. Amnistía Internacional lamenta también “la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual”.

“España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual”, prosigue Amnistía, que considera el pacto de Estado “una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”. Señala «dos grandes ausencias» en el acuerdo.

«Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición» que, prosigue, no se recogieron en la ley integral contra la violencia de género de 2004 ni en el Estatuto de la Víctima del Delito. «Debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos».