Archivos militares del franquismo: nunca fueron ‘secretos’ pero sí inaccesibles
«No hay nada secreto, la documentación de la guerra civil nunca estuvo clasificada», dicen desde Archiveros Españoles en la Función PúblicaUna enmienda de Unidos Podemos a los presupuestos del Ministerio de Defensa pide digitalizar y hacer accesibles los fondos documentales militares
Defensa cuenta con 23 archiveros para 28 archivos militares en toda España e investigadores y ‘archiactivistas’ destacan la escasez de medios.Abrir los fondos ocultos del Ejército daría luz a crímenes de guerra como el asesinato de Companys o las fosas comunes del franquismo, según expertos
Los archivos militares del franquismo no son secretos. Son fondos de libre acceso pero muchos, en la práctica, inaccesibles. «La documentación de la guerra civil nunca estuvo clasificada», advierten archiveros del Ministerio de Defensa. Y abrir esta parte de la historia alumbraría secretos de Estado hasta ahora inconfesables. Es la idea final de una enmienda de Unidos Podemos al presupuesto del Ministerio de Defensa: digitalizar y poner luz y taquígrafos a los ficheros ‘invisibles’ en manos del Ejército.
Todos estos legajos continúan tapados por una aplicación restrictiva de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que no tiene carácter retroactivo. Porque tampoco hubo nunca una orden aprobada en Consejo de Ministros cortando el acceso a estos fondos como materia reservada. El bloqueo reincidente mantiene en los cuarteles, todavía, miles de cajas por abrir. También por la escasez de medios: 23 archiveros de Defensa trabajan para cubrir 28 archivos en toda España.
¿Qué documentación hay del fusilamiento de Companys? ¿Y de la invasión del Valle de Arán que noveló Almudena Grandes? ¿Ordenó Franco el bombardeo de Gernika o la matanza de La Desbandá? Los fondos archivísticos de la guerra civil que siguen guardados en cajones mantienen ocultas muchas claves. Como la ubicación, quizás, de fosas comunes.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, «siempre pone como excusa que faltan recursos para la digitalización y puesta a disposición de los archivos», apunta el diputado Juan Antonio Delgado. De ahí la enmienda económica –a la que ha tenido acceso eldiario.es– que cifra una cuantía de 0,5 millones de euros «para empezar» con un «programa especial de modernización» y lograr una «reconciliación archivística».
La iniciativa busca que «investigadores, académicos e historiadores» tengan acceso a los fondos custodiados por los ejércitos de Tierra y Aire y de la Armada. Un paso «importante para el esclarecimiento de la verdad y la investigación», según el grupo de Memoria Histórica de Unidos Podemos en el Congreso, que pretende «un acuerdo con el resto de partidos», que no será fácil y que cuenta con muletas de por medio como el pacto de los PGE 2018 y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
Archivos «de todos los españoles»
«La noticia debería ser que no hay nada secreto, que la documentación de la guerra civil nunca estuvo clasificada», señalan fuentes de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Lo que sí existe, precisan, es una aplicación «retroactiva» de la legislación aprobada durante la dictadura para cortar el paso a la investigación sobre «archivos históricos nacionales». Los miembros de la AEFP reclaman «un cambio de mentalidad» en este sentido.
«Los archivos militares son públicos, de todos los españoles», ratifican desde el grupo de ‘ archiactivistas’ en fondos del Ministerio de Defensa, que dieron la voz de alarma sobre el cerrojazo a informes «que siempre fueron de libre acceso» como los del Servicio Histórico Militar creado por Franco como ‘Archivo de la Guerra de Liberación’.
«Toda la documentación que no tenga marca de clasificación» por razón de Seguridad del Estado y Defensa Nacional «debería ser consultable», subrayan. Y los que la tienen, como en el Centro Documental de la Memoria Histórica, «son y han sido siempre de libre acceso y nadie lo ha cuestionado jamás».
Los archivos ‘secretos’ del franquismo, sin embargo, viven de esta «restricción de acceso a información que debe ya ser pública». El reajuste de la Ley de Secretos Oficiales «puede mejorar en el aspecto de la desclasificación», continúan, «pero no hay que esperar a esa reforma para poder acceder a la documentación que no tiene que ser desclasificada porque no lo está de facto».
«El problema es que se está restringiendo el acceso» a un material abierto «con los límites que marca la ley». Otra dificultad para el gremio es la carencia de medios económicos y humanos: «en total hay 28 archivos y somos 23 archiveros en Defensa», sostienen los ‘archiactivistas’.
Y un último obstáculo de peso es la cantidad de documentos por investigar y clasificar. «No sabemos qué tenemos en nuestros archivos», explican desde la AEFP. En el Archivo General Militar de Ávila, por ejemplo, «hay más de 50.000 cajas, tienen que venir otras 5.000, y solo tenemos bien identificadas unas 4.000». Alcanzar la dimensión total de los fondos sólo sería posible «con un trabajo de años».
En cifras totales (de 2016), el Ministerio de Defensa tiene 195.571 metros lineales de estanterías de las que 145.545 están ocupadas con depósitos. En estos fondos hay 151.600 documentos convencionales, 53 pergaminos y casi un millón de unidades «no convencionales» repartidas en 445.078 elementos cartográficos, 9.159 figurativos y 571.882 fotográficos. Además hay más de 6,5 millones de imágenes digitalizadas, 84.823 microformas, 2.949 sellos y más de cinco millares de audiovisuales y «otros objetos», según las estadísticas de instalaciones del Ejército.
Red de archivos militares españoles
«¿Usted qué quiere ver?»
«El acceso a los archivos militares a finales de los años 70 era un verdadero problema. Siempre te preguntaban ‘¿usted qué quiere ver?’, no te dejaban ver nada», recuerda el historiador Francisco Espinosa Maestre, uno de los grandes investigadores de la represión franquista. Y la situación no ha cambiado tanto, asegura.
«En un mismo tipo de archivo depende de quién te toque, si es una persona favorable al acceso a la información o a la restricción», expone. Luego está la «destrucción y purga» de los fondos documentales que hizo la dictadura. «Lo que hay son los materiales que se libraron de la quema», dice.
«Siempre recuerdo un informe de Yagüe desde Badajoz directamente a Franco donde detalla el resultado de la ocupación de la ciudad y cuenta el plan que tiene, estar unos días», narra Espinosa Maestre. El carnicero dice al caudillo: ‘en hoja aparte te detallo bajas propias, ajenas, número de detenidos…’, y ese papel no existe, desapareció». O la escena en los años 80 en la Prisión Provincial de Sevilla «donde se sacan cientos de documentos al patio para quemarlos».
«La investigación en este país es algo casi milagroso, somos una anomalía a nivel europeo porque esto no pasa en otros países», recalca Francisco Espinosa. Lo ha comprobado también el periodista Carlos Hernández: «No he podido acceder a documentos secretos de la situación de determinadas cárceles», detalla. También explica cómo «en medio de los informes públicos te encuentras papeles que dicen que parte siguen siendo reservados y no pueden ser consultados».
Es maravilloso estar investigando la represión franquista y encontrarte en los archivos militares cosas como esta… Seguimos con una ley de secretos oficiales aprobada durante la dictadura. #Vergonzoso #YasíTodo pic.twitter.com/2E73mRouDa
— Carlos Hernández (@demiguelch) 8 de mayo de 2018
«Prácticamente en ningún archivo te dejan hacer fotos, en Europa en todos sitios», compara Hernández. El periodista describe «cuatro grandes problemas». Uno, que haya «todavía materia declarada como secreta, es inconcebible». Dos, «la propia organización de la información, hay una dispersión brutal en los archivos». Tres, la dependencia «de la disposición del militar que dirige y su criterio, si ellos quieren te bloquean». Cuatro, «la falta de medios, tanto humanos como materiales».
Y dos bolas extra. «La destrucción de la información, el expolio y el purgado que hizo el franquismo, sobre todo cuando se dan cuenta que el caudillo no es inmortal y comienzan a destruir hasta bien entrada la democracia», explica. «Todo eso es irrecuperable», lamenta.
Y los archivos en poder de sociedades de carácter fascista como «la parte que está en la Fundación Serrano Suñer cerrada al público». O los que están en la Fundación Nacional Francisco Franco «que sí es accesible, pero están en el sitio menos indicado y si se llevaron los documentos a su casa, desde luego no habrán puesto a la luz lo que quisiéramos ver».
El Sistema Archivístico de la Defensa forma parte del Patrimonio Histórico Español (según la ley 16/1985). El Reglamento de Archivos Militares (fechado en 1998, justo un siglo después del primero) declara «expresamente como archivos nacionales» a los generales militares de Segovia, Madrid (Archivo Central del Servicio Histórico Militar), Guadalajara, Ávila, el Cartográfico, el General de la Marina, el del Museo Naval y el Histórico del Ejército del Aire. El marco dice que deben ser contemplados como «servicios públicos».
Quedarán excluidos «de la consulta pública» los legajos «que, sin estar clasificados de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, contengan información cuya difusión pueda afectar a la Defensa Nacional o a la Seguridad del Estado» (artículo 65 del Reglamento). También se podrán establecer restricciones «por razón de protección de la intimidad (artículo 66). Los órganos consultivos y asesores para estas materias son la Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.
Los archivos militares del franquismo no son secretos. Son fondos de libre acceso pero muchos, en la práctica, inaccesibles. «La documentación de la guerra civil nunca estuvo clasificada», advierten archiveros del Ministerio de Defensa. Y abrir esta parte de la historia alumbraría secretos de Estado hasta ahora inconfesables. Es la idea final de una enmienda de Unidos Podemos al presupuesto del Ministerio de Defensa: digitalizar y poner luz y taquígrafos a los ficheros ‘invisibles’ en manos del Ejército.
Todos estos legajos continúan tapados por una aplicación restrictiva de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que no tiene carácter retroactivo. Porque tampoco hubo nunca una orden aprobada en Consejo de Ministros cortando el acceso a estos fondos como materia reservada. El bloqueo reincidente mantiene en los cuarteles, todavía, miles de cajas por abrir. También por la escasez de medios: 23 archiveros de Defensa trabajan para cubrir 28 archivos en toda España.
¿Qué documentación hay del fusilamiento de Companys? ¿Y de la invasión del Valle de Arán que noveló Almudena Grandes? ¿Ordenó Franco el bombardeo de Gernika o la matanza de La Desbandá? Los fondos archivísticos de la guerra civil que siguen guardados en cajones mantienen ocultas muchas claves. Como la ubicación, quizás, de fosas comunes.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, «siempre pone como excusa que faltan recursos para la digitalización y puesta a disposición de los archivos», apunta el diputado Juan Antonio Delgado. De ahí la enmienda económica –a la que ha tenido acceso eldiario.es– que cifra una cuantía de 0,5 millones de euros «para empezar» con un «programa especial de modernización» y lograr una «reconciliación archivística».
La iniciativa busca que «investigadores, académicos e historiadores» tengan acceso a los fondos custodiados por los ejércitos de Tierra y Aire y de la Armada. Un paso «importante para el esclarecimiento de la verdad y la investigación», según el grupo de Memoria Histórica de Unidos Podemos en el Congreso, que pretende «un acuerdo con el resto de partidos», que no será fácil y que cuenta con muletas de por medio como el pacto de los PGE 2018 y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
Archivos «de todos los españoles»
«La noticia debería ser que no hay nada secreto, que la documentación de la guerra civil nunca estuvo clasificada», señalan fuentes de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP). Lo que sí existe, precisan, es una aplicación «retroactiva» de la legislación aprobada durante la dictadura para cortar el paso a la investigación sobre «archivos históricos nacionales». Los miembros de la AEFP reclaman «un cambio de mentalidad» en este sentido.
«Los archivos militares son públicos, de todos los españoles», ratifican desde el grupo de ‘ archiactivistas’ en fondos del Ministerio de Defensa, que dieron la voz de alarma sobre el cerrojazo a informes «que siempre fueron de libre acceso» como los del Servicio Histórico Militar creado por Franco como ‘Archivo de la Guerra de Liberación’.
«Toda la documentación que no tenga marca de clasificación» por razón de Seguridad del Estado y Defensa Nacional «debería ser consultable», subrayan. Y los que la tienen, como en el Centro Documental de la Memoria Histórica, «son y han sido siempre de libre acceso y nadie lo ha cuestionado jamás».
Los archivos ‘secretos’ del franquismo, sin embargo, viven de esta «restricción de acceso a información que debe ya ser pública». El reajuste de la Ley de Secretos Oficiales «puede mejorar en el aspecto de la desclasificación», continúan, «pero no hay que esperar a esa reforma para poder acceder a la documentación que no tiene que ser desclasificada porque no lo está de facto».
«El problema es que se está restringiendo el acceso» a un material abierto «con los límites que marca la ley». Otra dificultad para el gremio es la carencia de medios económicos y humanos: «en total hay 28 archivos y somos 23 archiveros en Defensa», sostienen los ‘archiactivistas’.
Y un último obstáculo de peso es la cantidad de documentos por investigar y clasificar. «No sabemos qué tenemos en nuestros archivos», explican desde la AEFP. En el Archivo General Militar de Ávila, por ejemplo, «hay más de 50.000 cajas, tienen que venir otras 5.000, y solo tenemos bien identificadas unas 4.000». Alcanzar la dimensión total de los fondos sólo sería posible «con un trabajo de años».
En cifras totales (de 2016), el Ministerio de Defensa tiene 195.571 metros lineales de estanterías de las que 145.545 están ocupadas con depósitos. En estos fondos hay 151.600 documentos convencionales, 53 pergaminos y casi un millón de unidades «no convencionales» repartidas en 445.078 elementos cartográficos, 9.159 figurativos y 571.882 fotográficos. Además hay más de 6,5 millones de imágenes digitalizadas, 84.823 microformas, 2.949 sellos y más de cinco millares de audiovisuales y «otros objetos», según las estadísticas de instalaciones del Ejército.
Red de archivos militares españoles
«¿Usted qué quiere ver?»
«El acceso a los archivos militares a finales de los años 70 era un verdadero problema. Siempre te preguntaban ‘¿usted qué quiere ver?’, no te dejaban ver nada», recuerda el historiador Francisco Espinosa Maestre, uno de los grandes investigadores de la represión franquista. Y la situación no ha cambiado tanto, asegura.
«En un mismo tipo de archivo depende de quién te toque, si es una persona favorable al acceso a la información o a la restricción», expone. Luego está la «destrucción y purga» de los fondos documentales que hizo la dictadura. «Lo que hay son los materiales que se libraron de la quema», dice.
«Siempre recuerdo un informe de Yagüe desde Badajoz directamente a Franco donde detalla el resultado de la ocupación de la ciudad y cuenta el plan que tiene, estar unos días», narra Espinosa Maestre. El carnicero dice al caudillo: ‘en hoja aparte te detallo bajas propias, ajenas, número de detenidos…’, y ese papel no existe, desapareció». O la escena en los años 80 en la Prisión Provincial de Sevilla «donde se sacan cientos de documentos al patio para quemarlos».
«La investigación en este país es algo casi milagroso, somos una anomalía a nivel europeo porque esto no pasa en otros países», recalca Francisco Espinosa. Lo ha comprobado también el periodista Carlos Hernández: «No he podido acceder a documentos secretos de la situación de determinadas cárceles», detalla. También explica cómo «en medio de los informes públicos te encuentras papeles que dicen que parte siguen siendo reservados y no pueden ser consultados».
Es maravilloso estar investigando la represión franquista y encontrarte en los archivos militares cosas como esta… Seguimos con una ley de secretos oficiales aprobada durante la dictadura. #Vergonzoso #YasíTodo pic.twitter.com/2E73mRouDa
— Carlos Hernández (@demiguelch) 8 de mayo de 2018
«Prácticamente en ningún archivo te dejan hacer fotos, en Europa en todos sitios», compara Hernández. El periodista describe «cuatro grandes problemas». Uno, que haya «todavía materia declarada como secreta, es inconcebible». Dos, «la propia organización de la información, hay una dispersión brutal en los archivos». Tres, la dependencia «de la disposición del militar que dirige y su criterio, si ellos quieren te bloquean». Cuatro, «la falta de medios, tanto humanos como materiales».
Y dos bolas extra. «La destrucción de la información, el expolio y el purgado que hizo el franquismo, sobre todo cuando se dan cuenta que el caudillo no es inmortal y comienzan a destruir hasta bien entrada la democracia», explica. «Todo eso es irrecuperable», lamenta.
Y los archivos en poder de sociedades de carácter fascista como «la parte que está en la Fundación Serrano Suñer cerrada al público». O los que están en la Fundación Nacional Francisco Franco «que sí es accesible, pero están en el sitio menos indicado y si se llevaron los documentos a su casa, desde luego no habrán puesto a la luz lo que quisiéramos ver».
El Sistema Archivístico de la Defensa forma parte del Patrimonio Histórico Español (según la ley 16/1985). El Reglamento de Archivos Militares (fechado en 1998, justo un siglo después del primero) declara «expresamente como archivos nacionales» a los generales militares de Segovia, Madrid (Archivo Central del Servicio Histórico Militar), Guadalajara, Ávila, el Cartográfico, el General de la Marina, el del Museo Naval y el Histórico del Ejército del Aire. El marco dice que deben ser contemplados como «servicios públicos».
Quedarán excluidos «de la consulta pública» los legajos «que, sin estar clasificados de acuerdo con la legislación de secretos oficiales, contengan información cuya difusión pueda afectar a la Defensa Nacional o a la Seguridad del Estado» (artículo 65 del Reglamento). También se podrán establecer restricciones «por razón de protección de la intimidad (artículo 66). Los órganos consultivos y asesores para estas materias son la Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa.
Juan Miguel Baquero Follow @JuanmiBaquero
